Por  la Sra. Concejal delegada de Bienestar Social, Doña Pilar Escudero Barroso, procede a dar lectura de moción del grupo socialista, sobre los efectos de la reforma  local en los servicios sociales municipales.

 

 Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Vicente Amador Vizuerte, expone que estamos antes la tercera moción que se  debate en este plenario, sobre el mantenimiento de los servicios sociales municipales. La primera moción trató sobre los recortes en la aplicación de la Ley de Dependencia, la segunda moción trató sobre el plan concertado de servicios sociales comunitarios, y la tercera moción, y que hoy se debate, trata de los efectos nocivos de la nueva reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, en los servicios sociales municipales.

 

 Estamos de acuerdo con la exposición de motivos de la moción socialista, y cuyos hechos relatados, afecta diariamente a la vida cotidiana de los habitantes de nuestro municipio. El Gobierno Central, quiere acabar con los servicios sociales en los pequeños municipios, de menos de 20  mil habitantes, mientras que en el resto de municipios como nosotros, la norma reduce la competencia en servicios sociales, a la mera evaluación e información de las situaciones de necesidad social, y atención inmediata, a personas con riesgo de exclusión social, o lo que es lo mismo, una oficina de mera derivación, con alguna ayuda de urgencia de los albergues municipales, en su concepto más limitativo,  o de puro asistencialismo a corto plazo. Nos preguntamos qué esconde el gobierno, con estas malas reformas o ese lenguaje rebuscado, con el cual maquilla a un lobo con piel de cordero. Se escudan en las palabras racionalización y sostenibilidad.

 

 Nosotros creemos que los servicios que presta los Ayuntamientos, que no sean rentables, pretenden que desaparezcan, o se privaticen. Quien ha dicho que los servicios sociales municipales, tiene que ser rentables. Las administraciones locales, están para servir a los ciudadanos y en especial para estos asuntos sociales. Por la vía de quitar competencias al 75 por ciento de los municipios, y traspasársela a las Diputaciones Provinciales, como paso previa a la privatización de servicios. Las Diputaciones, son las figuras menos democráticas de instituciones, ya que sus representantes no se eligen de forma directa, y les recuerda a ciertas formas totalitarias que existían hace cuarenta años. Esto es una degradación de la democracia, con mayúsculas. Solo les pido a las personas que han inventado esta reforma, o a los mismos diputados provinciales de Sevilla, se pasen algún día a la oficina de servicios sociales de esta localidad, para el tomar el pulso, y oír el drama, que están pasando familias enteras en la localidad. Los servicios sociales municipales es un ámbito cercano y directo, y no me imagino tenerle que decirle, por doloroso que es, que se vayan a la capital, a una oficina de la Diputación, y que espere a una cola infinita, para ser recibido, que con suerte podrá ser recibido. Eso es lo que quiere el partido popular, para personas con escasos recursos económicos. Menos mal que las encuestas de voto, pronostican que se va a castigar estos comportamientos que castigan a los ciudadanos.

 

 Pensamos que este afán privatizador del gobierno popular, no tiene como objetivo la dinamización de la economía como dicen, ni para seguir los designios de las políticas neoliberales, pues parece que su objetivo final, según se desprende de la prensa diaria, es engordar las cuentas “b” del partido, dándoles contratos a empresarios amigos, y una vez terminada la gallina de los huevos de oro de la construcción, seguir haciendo negocio, con la sanidad, la educación o los asuntos sociales.

 

 Aquí, se trata con personas, que tienen nombres y apellidos, y dramas familiares, de distinta índole, y con eso no se juega. Los datos son demoledores, como dice la moción, el 98 por ciento de la población, tiene acceso a los servicios sociales que prestan los municipios, de los cuales trabajan unas 50.000 personas, y cada año, 7 millones de personas se benefician de estos servicios sociales.

 

 De aquellos polvos, obtenemos estos lodos, ya que los socialistas, pusieron en bandeja de plata al gobierno popular, todas estas reformas canallas, al ser copartícipes, por apoyar la modificación de la Constitución española, en su artículo 135. No hace falta que les recuerde los efectos de esa reforma nefasta en la historia de nuestra Constitución, esperando que recapaciten para el futuro. Tienen que pensar si están con las personas o con los mercados.

 

 Por la Sra. Portavoz del grupo popular, Doña Virginia Pérez Galindo, expone que compartimos parte del sentimiento de la moción, pero disentimos de la exposición de motivos. No es la primera vez, que hablamos de la futura reforma de la Administración Local, y yo soy critica con algunos aspectos reflejados en los distintos textos que han circulado sobre esta reforma del régimen local.  El sentir, no es que desaparezcan los servicios sociales, o que va a existir una privatización de esos servicios sociales.  Lo que pretende esta reforma legislativa, que no está exenta de poder ser consensuada, es que haya una Administración, una competencia, pero en el ámbito de los servicios sociales, es muy importante mantenerlo dentro de la órbita del municipio, que es la administración más cercana al vecino. Entendemos que no es incompatible el hecho de que se pueda prestar los servicios sociales municipales, desde el punto de vista del municipio, y que debe ir acompañado de una financiación adecuada. Al día de hoy, del montante total de los servicios sociales, los municipios vienen a aportar casi un 57 por ciento total del gasto. Existe pues un esfuerzo económico, que tenían que hacer otras administraciones. Ese es el objetivo de la reforma del régimen local, con respecto a las competencias. No es menos cierto, que se puede corregir la redacción del texto, se puede complementar o completar.  No podemos compartir que se retire el anteproyecto de ley, en tanto en cuanto no existe inconvenientes que este tipo de cuestiones se traten a lo largo del tramite parlamentario, y antes de aprobarse la Ley. Nos consta que se está llegando a acuerdos, antes de que se inicie el tramite parlamentario.
 Compartimos que se dignifique los servicios sociales municipales,  compartimos la necesidad y buena practica, que se hace por los servicios sociales municipales, pero no podemos aprobar esta moción.
 Por la Sra. Concejal delegada de Servicios Sociales, Doña Pilar Escudero Barroso, explica al Sr. Amador, cuando ha introducido en el debate, la reforma constitucional, pactada por el partido socialista y popular, que la misma, se produjo en un momento en el que no tuvo más remedio, que adoptarse aquella decisión, y el Sr. Presidente, no quiso ningún mal para su país. Pero eso no significa que en base a esa reforma constitucional, ahora el partido popular, que gobierna en el Estado, lo esté utilizando como rodillo, en base a su mayoría absoluta.
 El anteproyecto, nos dice que a los municipios de más veinte mil habitantes, la única competencia que le van a dejar es la evaluación e información de situaciones de necesidad social, y atención inmediata a persona en riesgo de exclusión social.  También dice que el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, pondrán delegar en los municipios, el ejercicio de sus competencias, y nos dice que la delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas, y gestionar acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Qué se esconde detrás, de este anteproyecto de ley, tras los conceptos de racionalización y sostenibilidad. Lo que se esconde es eliminar los servicios sociales municipales comunitarios, en los municipios de menos de veinte mil habitantes, y pasar sus competencias a las Diputaciones Provinciales, que a su vez, al no poder prestar esos servicios, pasaría a privatizarlos, la gestión de estos servicios.
 Nueve de cada diez municipios andaluces, los servicios sociales, desaparecerían de hecho, perdiendo sus competencias, pero además, el 75 por ciento de los ayuntamientos de este país, 7741, son menores, y estarían condenando a esos ciudadanos-as que viven en zonas rurales, y ello provocaría a más despoblación. El resto, los 375 municipios restantes, son de población superior al 20 mil habitantes, representando al 32 por ciento de la población española, o lo que es lo mismo se atienden a 15 millones de personas.  El anteproyecto de ley para esos municipios, deja en manos de las comunidades autónomas prácticamente casi todas las competencias de servicios sociales, pudiendo delegar a los ayuntamientos. Pero en el anteproyecto de Ley no viene reflejado ni cómo, ni cuándo ni de qué manera se van a financiar estos servicios. Esto supone por parte del partido popular, un claro desprestigio a la eficacia de los servicios que presta los municipios, en materia de la gestión de los servicios sociales municipales comunitarios. Pongo un ejemplo entre los presupuestos para el año 2012 y 2013, se redujeron cerca de un 50 por ciento, los fondos, para el plan concertado y en este caso, para la comunidad de Andalucía, se aportó cerca del 80 por ciento, de los fondos, para el mantenimiento de los servicios sociales comunitarios. El Estado ha eliminado también las partidas a la atención de personas inmigrantes, a reducido al mínimo, las aportaciones al fondo del plan nacional de atención a la adicciones y drogodependencias. Están desmantelando en su totalidad, a la Ley de Dependencia, no solo con el recorte de los 240 millones de euros, sino que con el nuevo plan que han aportado a Bruselas, plantean otra reducción de 1.100 millones de euros. También recorta los servicios de teleasistencia. O los fondos del INSERSO; en  materia de envejecimiento activo.
 Este anteproyecto de Ley,  vulnera los artículos 128 y 140 de la Constitución que hace referencia a la autonomía municipal y a la capacidad de los Ayuntamientos, para dar respuesta a las necesidades que plantea los ciudadanos-as. La reforma contradice nuestro Estatuto de Autonomía. La reforma persigue la desaparición total de las competencias municipales en servicios sociales, en  municipios de menos de 20 mil habitantes, y mutila la competencias en esta materia para los demás.  El partido popular, quiere especular con los servicios públicos, para pasar las competencias a las Diputaciones, cuando éstas, los que tienen que seguir haciendo, es acompañar a los municipios. Esta reforma local, priorizar la rentabilidad económica frente a la rentabilidad social, y del Estado del Bienestar Social. Esta reforma no nos va a sacar de la crisis económica, pero si va a abrir una brecha muy importante, de desigualdad, entre el medio rural y el medio urbano.
 Es falso, el discurso del partido popular, donde dice, que la Ley tiene como objetivo la austeridad y la reducción del déficit. Nos hace culpable a los ayuntamientos, de ese déficit, cuando el déficit municipal, no llega ni al cinco por cierto del conjunto de las Administraciones Públicas. Pero existen dos Corporaciones Locales, como son la de Madrid y Valencia, que suman el 30 por ciento de ese déficit. Lo que persigue el partido popular con ese anteproyecto de Ley, es eliminar muchas competencias municipales, aparte de los servicios sociales comunitarios, quitando autonomía local a los ayuntamientos, que somos los que trabajamos directamente, para y por la ciudadanía.
 Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Vicente Amador Vizuerte, expone que es una realidad, que ambos partidos, consensuaron la reforma constitucional., aunque no les guste, y que ahora el gobierno de la Nación lo usa como instrumento eficaz para sus reformas y recortes. Ustedes sabrán que acordaron e hicieron en su momento, con esta reforma constitucional. Esa reforma, no es propia de un partido de Izquierda.  En cuanto a la intervención del grupo popular, las competencias municipales en servicios sociales no desaparecería por completo, nos quedaríamos con una pequeña ventana de información, para remitir a los usuarios-as del servicio a otro sitio.  Y de todas las personas que están adscritas actualmente en este servicio, se quedaría muy pocos. Es triste que se pierda la cercanía de la Administración, ante los problemas sociales de las personas, y que necesitan de atención directa en su municipio
 Por la Sra. Portavoz del grupo popular, Doña Virginia Pérez Galindo, expone que la reforma del anteproyecto de Ley, no plantea la desaparición de los servicios sociales comunitarios, se plantea una gestión distinta, y se plantean opciones, como es el caso de la delegación de competencias a los ayuntamientos, por parte de las comunidades autónomas. Si quiere le puedo contar que hay detrás de este anteproyecto. Detrás de que se formalicen convenios de colaboración para que los municipios gestionen directamente los servicios sociales, además de la delegación de competencias, debe ir acompañado de su correspondiente financiación. Lo que se persigue realmente es reducir la administración, pero en lo que no es necesario. En las duplicidades, y no en lo que si es necesario. Si al final un servicio lo presta, la administración local, de forma directa, tenga la financiación adecuada y propia de esa competencia. Eso es lo que pretende básicamente la reforma, aun cuanto el texto, es mejorable manifiestamente. Se quiere evitar las duplicidades de competencias, pues ahí, se nos va muchos millones de euros, y mucha veces no significa que no exista mayor productividad o que exista una mejor gestión del servicio público, o no significa que no exista una mejor prestación y una mayor calidad del servicio. Por eso, se pretende que exista las Administraciones que tienen que existir, con unas competencias delimitadas.  Una Administración, una competencias, y financiación suficiente, y evitar que las administraciones locales, presten servicios que no de su competencia, sin financiación.  No estamos ante la criminalización del municipio, ni del municipalismo, ni decir que los ayuntamientos no valen, pues es una realidad que la administración más eficaz en la prestación de servicios públicos, es la municipal.  Es otro sentido lo que pretende abordar esta reforma legislativa.
 Por la Sra. Concejal delegada de Bienestar Social,  Doña Pilar Escudero Barroso, le indica a la    Sra. Pérez, que eso es su pensamiento, pero no es lo que piensan sus representantes en el gobierno de  la Nación. Para ello, todo lo que pueda ser privatizable, lo va a privatizar. Y en el marco de este Anteproyecto de Ley, bajo el paraguas de este contexto, lo que plantea es que todos los servicios que sean rentables, en este país, como la educación o la sanidad, o el ámbito del Bienestar Social, privatizarlo. Eso, está muy claro. En un año y medio, se ha trabajado muchísimo, para desmantelar todo lo que ha sido posible, en estos treinta años de democracia, en avance de Bienestar Social. Se pusieron a ello, desde el primer día, engañando a los ciudadanos, respecto a lo que prometieron en las elecciones generales, haciendo y diciendo todo lo contrario a lo que prometieron. Cómo es posible que el Sr. Rajoy, Presidente de un país con seis millones de parados, con más del cincuenta por ciento del paro juvenil, con muchos de ellos, que han emigrado al exterior, con una reforma laboral, que ha acabado con los derechos laborales de este país, con una subida de impuestos directa, como el IVA o el IRPF, la reducción de las pensiones, el copago sanitario, con solo políticas de recortes, que perjudica a las personas que están padeciendo esta crisis económica, todavía no haya tomado ninguna medida, a favor del empleo y el crecimiento y se permite decirle a la ciudadanía de este país, que la recuperación va a llegar a 2016, y le pide a los españoles-.as paciencia.
 Explique Sra. Pérez a las familias de este pueblo, y que tienen problemas de ingresos económicos y para subsistir todos los días, a las familias de los dependientes, que han visto recortados sus servicios o prestaciones, a los pensionistas que están ayudando a sus propias familias, para salir de esta situación, a los pensionistas, que con pensiones no contributivas, están haciendo frente al copago sanitario, y explíquele que tengan paciencia hasta el año 2016. Explíquele también a las familias con todos sus miembros en paro, y que están teniendo problemas para mantener sus viviendas y están siendo desahuciados, cuando se les inyecta a los bancos, lo que le está inyectando este gobierno, y además poniendo en marcha el banco malo.  Conoce lo que cobra la Directora de ese banco, la Sra. Lomana. Gana 33.000 €, al mes.
 Con el anteproyecto de ley, vamos a dejar prestar programas de atención familiar, en atención a zonas vulnerables, a prevención de drogrodependencia, etc. Si el gobierno de este país, y el partido popular, llevan adelante esta reforma de reforma de la Ley de Administración Local, le puede decir que va a ejecutar el mayor genocidio, social de la historia democrática de España.
Al partido popular se le ha venido encima no el apoyo de la calle, o el rechazo de la reforma, que la gente de la calle no acaba de entender, pues está envuelta en conceptos técnicos de sostenibilidad y racionalidad, sino porque parte de su partido, no apoya esta reforma propuesta del régimen local, y en especial sus municipalistas, que no comparten esos argumentos. Opinan que la reforma de la administración local, no es el principal problema que tiene este país, pues casi todos sus concejales, no tienen sueldos pese que muchos de ellos asumen la gestión de muchos municipios.

 

Por el Sr. Alcalde, se cierra el turno de intervenciones, expone que la Sra. Pérez ha llevado a cabo una defensa indefendible de la reforma de la Administración Local que está preparando el Gobierno. La reforma planteada es un absoluto desastre, y algunos dirigentes del partido popular lo saben, por ello el Gobierno no ha podido romper dicha resistencia. La derecha es inteligente, pues cuando quiere plantear una reforma de ese calado, primero lanza esas propuestas, que saben que pueden calar en la sociedad española, y luego plantea la reforma de lo local. Se nos ha dicho que sobran concejales, aún cuando este aspecto, no viene recogido en la Ley; que existen más Ayuntamientos de los necesarios; que los concejales y alcaldes cobran mucho. Esa fue la forma de ir preparando el camino, para que al menos esta reforma, tuviera ganada la batalla en al ciudadanía, y máxime en tiempos de dificultades económicas.

 

Le pone un ejemplo de esto, el Gobierno ha recortado la Ley de Dependencia, y en este pueblo, dicho recorte va a provocar que en el entorno de 150 mayores, vayan a tener una media de 1.500 menos de horas de servicios al mes.  No me refiero a las personas mayores que no se le está evaluando, pese a que han solicitado acogerse a los beneficios de la Ley de Dependencia, sino me refiero a beneficiario ya evaluados y que disfrutan de un servicio, y que van a perder 1.500 horas. Personas que disfrutan de 90 horas al mes, y que gracias a los recortes del gobierno popular, se le va recortar, casi 30 horas.  El problema de estas medidas, es que con la excusa de los recortes, están planteando imponer su modelo ideológico, donde el que más tiene pueda permitirse esos recursos, y no lo tenga, las clases sociales más desfavorecidas. El que tenga dinero, tendrá capacidad para acudir a una empresa privada, que le preste asistencia, por encima incluso de las horas que financia la Ley de Dependencia. Estas medidas recaen en las clases más desfavorecidas, que al final son los que pagan esta crisis económica.

 

Nos dice el partido popular, que lo que quiere el Gobierno, es que una Administración, gestione una competencia, y que no haya duplicidades, y al respecto le pregunta dónde se regula el tema de la financiación en la reforma de la Administración Local. Para modificar la financiación local, no hace falta modificar la actual Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.  Lo que hace falta, es tener voluntad política, y que la tarta del Estado, en la que solo el 12 por ciento del total del gasto público, es atribuible a las Administraciones Locales, y que llegue más  En este documento, no se habla de competencia vinculado a la financiación, se habla de descompetencia, porque están adelgazando a la Administración municipal, y que no es el problema, pues solo soporta el 4 por ciento del total de la deuda de las distintas administraciones públicas, y del que el 2, lo soporta Madrid y Valencia.  No se habla pues de financiación.

 

En su argumentación respecto a la moción de educación, nos ha dicho, que el Estado ha recortado fondos, pero que la Junta de Andalucía ha recortado aún más dinero para financiar este servicio. Pero su argumento es tramposo, pues a la Junta no solo se le recorta en cuanto menos transferencia de dinero para educación, sino que se le impone un techo de gasto, con lo cual, le estoy imposibilitando, que aunque se tenga voluntad política, pueda hacerlo. La Junta tiene que recortar gasto, si se le dice que solo puede incurrir en un 1 por ciento de déficit.  Son recortes del Estado indirectos, que se suma a los directos.

 

El año pasado, en los servicios sociales de este Ayuntamiento, se tramitaron 1.500 ayudas directa, que genera esperanzas a los usuarios atendidos. Quien hace esas propuestas de reformas legislativas, lo hará desde un despacho de Madrid, metido en una burbuja, sin tener conocimiento de la realidad.  La portavoz del grupo popular, estará de acuerdo con esta afirmación.  En estos tiempos de dificultad, lo que se debe hacer es precisamente lo contrario, reforzar los servicios sociales comunitarios de los municipios. No se puede derivar a un vecino, que reclama una ayuda social, que se vaya a Sevilla, y que va a esperanzado de recibir una ayuda, que le permita respirar a corto plazo. Estamos tocando las necesidades más básicas de nuestros ciudadanos. Estamos generando con estas medidas, una crisis asistencial y alimentario de primer magnitud.
 
Habrá que ejecutar ajustes al gatos público, pero manteniendo unos mínimos niveles, para que la gente pueda su subsistir. Se debe adelgazar lo que se pueda adelgazar, pero lo público, lo local y lo municipal, está más que demostrado, que con los menos recursos que ha tenido, esta administración local, en democracia, ha sido la administración más eficaz y eficiente, cuando ha habido recursos económicos, por que lo ha habido, y cuando no lo ha habido, se ha ejecutado las competencias, aplicándose inteligencia e imaginación a las cosas. El Alcalde y concejal son los “animales más listos”, tenemos que poner en valor el trabajo realizado por los miembros de las corporaciones locales, ya sea los que gobiernan o los que están en la oposición. En caso contrario, nos estaríamos cargando un sistema público que ha funcionado razonablemente bien en estos años de democracia.

 

 Tras el oportuno, debate, se procede a la votación de la citada moción con el siguiente resultado:

 

 Votos a Favor: 16 (14 PSOE, 2 ( I.U)
 Votos en Contra: 4 (4 P.P).

 

 Visto todo lo cual, se acuerda por mayoría absoluta de los miembros asistentes que compone el Ayuntamiento Pleno, moción del grupo socialista, sobre los efectos de la reforma local en los servicios sociales municipales.

 

 MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LOS EFECTOS DE LA REFORMA LOCAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

El pasado 15 de febrero de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que pone en jaque la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años.

 

La reforma planteada por el Gobierno supone un cambio profundo en la organización del Sistema Público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los servicios.

 

La reforma planteada por el Gobierno supone un cambio profundo en la organización del Sistema Público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los servicios.

 

Concretamente, el Gobierno del PP pretende limitar extraordinariamente las funciones de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social de los consistorios a la mera “evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, desnaturalizando por completo el sistema actual. Sin duda, el Gobierno central está despreciando tanto la trayectoria histórica del sistema de servicios sociales, como la legislación sectorial que los concreta y desarrolla en el conjunto de las Comunidades Autónomas a lo largo de los últimos 25 años, pasando por encima de esta realidad consolidada en las actuales 17 Leyes de Servicios Sociales autonómicas, elaboradas con el impulso y la aprobación parlamentaria de prácticamente todas las fuerzas políticas.
De llevarse a cabo en los términos planteados en el Anteproyecto, la reforma implicaría el cierre de muchos servicios y el despido del personal cualificado (trabajadores/as y educadores/as sociales) que hasta ahora trabajaba en los ayuntamientos. Según la última Memoria del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, correspondiente al año 2010, un 98% de la población española tiene disponibilidad de acceso a los servicios sociales de proximidad. La creación de puestos de trabajo ha sido realmente significativa, afectando, actualmente, a más de 50.000 personas, y con este esfuerzo presupuestario y de recursos humanos se ha podido atender a casi  7 millones de personas.

 

También se marginaría a los ciudadanos/as que viven en el medio rural al eliminar cualquier servicio social de los pueblos con menos de de 20.000 vecinos/as (incluso los servicios sociales de asistencia inmediata dejan de ser de carácter obligatorio en los municipios pequeños) en aras de una pretendida mayor rentabilidad, y traspasar dichas competencias directamente a las diputaciones provinciales.

 

Todo ello, provocaría un deterioro en la prestación de los servicios sociales y un aumento de la ineficiencia e ineficacia al pretender la estandarización de los mismos, por su administración mecánica, repetitiva, burocratizada y asistencialista que es la única posible si se hace desde el alejamiento del entorno más cercano al ciudadano/a, perdiendo la proximidad que hasta ahora es una seña de identidad y garantía de calidad.

 

Lo cierto es que en la reforma local del PP se adivina el anhelo privatizador de los servicios sociales al mencionarse explícitamente el objetivo de “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”. De hecho, el texto del Anteproyecto consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado, y en especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones públicas en vez de situar la atención los ciudadanos/as y la calidad en la prestación de servicios en el centro de la reforma.

 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de La Rinconada presenta para su consideración y aceptación por el Pleno municipal la siguiente

 

MOCIÓN

 

1. Reafirmar la autonomía municipal entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad.

 

2. Defender y potenciar la Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria, que ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan, así como la eficiencia de su trabajo y la capacidad de generar empleo.

 

3. Pedir, por tanto, la retirada por parte del Gobierno del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local.

 

4. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los Grupos Políticos del Congreso y de las Cortes/Parlamento/Asamblea de Andalucía y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

 

Pedir, por tanto, la retirada por parte del Gobierno del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local.