PUNTO UNDÉCIMO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA DE RECHAZO A RECURSO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA, CONTRA EL DECRETO-LEY ANDALUZ, PARA ASEGURAR LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD.

 

 Por el Sr Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Don Antonio Torres Carnerero, se  procede a la lectura de la moción presentada por su Grupo  de rechazo a recurso al Tribunal Constitucional presentado por el Gobierno de España, contra el Decreto Ley Andaluz, para asegurar la función social de la vivienda.

 

 Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Don Antonio Torres Carnerero, se  indica a la Sra. Pérez Galindo , que en vez de darnos a nosotros sus justificaciones de por qué se ha planteado un recurso de inconstitucionalidad contra este Real Decreto Ley, se las  tendrá que dar a los vecinos-as y a sus familias, que van a  ser  desahuciadas, mientras se tramita su recurso. Las justificaciones que ustedes den aquí, no nos van a convencer lo más mínimo, pues siempre se sustenta en el mismo argumento, esto es, estamos de acuerdo con sus planteamientos, pero sin embargo voto otra cosa. Al igual que ha ocurrido con las becas de los universitarios, a  quién  hay  que darle explicaciones es a la población y muchos de ellos, quizás por equivocación, son votantes del partido popular. Toman medidas que van en contra de los intereses de sus votantes, y que le respaldaron en las últimas elecciones generales. No están aplicando su programa electoral. En cambio, si se están sometiendo a los intereses de los poderes económicos y entidades financieras, que le advierte que esas medidas van en contra de un modelo económico y político, que ha dado privilegios, y que nadie ha legislado al respecto hasta la fecha, y cuando existe una Ley, como la andaluza, que intenta evitar esa neutralidad que hasta mantenía las Administraciones Públicas, respecto a los desahucios, a ustedes no se le ocurre otra cosa, que paralizarla por llevarla ante el Tribunal Constitucional.

 

 Estamos hablando de una Ley, que iba a intentar solventar algunas situaciones que se están dando en nuestra comunidad autónoma. En Andalucía, se han producido más de ochenta mil desahucios, desde el año 2007, sin que ninguna Administración, haya movido ningún dedo. En Andalucía, existen 700.000 viviendas vacías,  muchas de ellas, en  manos de las entidades financieras, y muchas de cuales, proceden de la ejecución de embargos y desahucios, a pesar de que el conjunto de la ciudadanía, se ha encargado de salvar esas entidades financieras del desastre, que algunos lo había metido. Obvian esa realidad, y criminalizan, a quienes no pueden pagar sus viviendas, y están pagando sus impuestos, para salvar a los bancos. A estos poderes económico, esta Ley no les gusta, pues entre otras razones, porque se contemplas sanciones, de hasta 9.000 €, a bancos y empresas inmobiliarias, por tener viviendas vacías. No puede haber viviendas vacías y personas sin viviendas. Los bancos tienen la obligación de cumplir con la función social de las viviendas y así viene recogido en esa Ley, que a los bancos tampoco les gusta.  Pero además esta Ley, incentiva a particulares, que tenga viviendas vacías, para los alquileres. Lo único que se está haciendo, no es la expropiación del sacrosanto del concepto de la propiedad privada que ustedes tienen asumido, pues solo se expropia el uso de la propiedad privada, durante tres años, exclusivamente. Tenemos dos concepciones distintas entre ustedes y nosotros, sobre este asunto, pues entienden la vivienda como una mercancía., mientras que nosotros, consideramos a la vivienda, como un derecho, y tal como reconoce en nuestra Constitución. Este derecho hasta la fecha no se ha cumplido, y que nadie ha recurrido al Tribunal Constitucional, para que se cumpla.

 

 El Decreto Ley, no pretende otra cosa, que dar solución a una situación de emergencia social, que vivimos en Andalucía. Existe mucha carencia de viviendas, y se quiere primar el interés general, de la inmensa mayoría de los ciudadanos, frente a los intereses particulares de una elite financiera y económica.

 

 Por la Sra. Portavoz del Grupo Popular, Doña Virginia Pérez Galindo,  se explica que las explicaciones que tenga que dar en este plenario, las daré a quien tiene que darlas, pero le indica al Sr. Torres que se cuide de hacer determinadas declaraciones, que puedan conllevar malos entendidos. No quiero ver más allá de sus palabras, segundas intenciones, algo que me molestaría.  No soy, como muchos de mis compañeros.  Yo aquí, no vengo aquí, ha decir que estamos de acuerdo con sus planteamientos, y luego votar otra cosa. En algunos de sus planteamientos para nada coincidimos, pues estamos distanciados en determinados asuntos, y que nunca vamos a llegar a un acuerdo. 

 

Con respecto a su moción, nosotros no vamos a votar a favor de la misma, pero tampoco la votaremos en contra. Esa moción, que no es de su cosecha, pues viene de la mano de su organización política, con el objetivo de reproducir los debates parlamentarios, en el seno de cada plenario municipal.  Como me pide explicaciones, y este debate ha sido tratado en el Parlamento Andaluz, me remito a las intervenciones de mis compañeros en dicho Parlamento.

 

El gobierno del partido popular, en tema de los desahucios, ha hecho más cosas de la que usted dice, y de las cosas que ha hecho su propia Consejera. Podemos hablar de la protección de los deudores hipotecarios, cuya solución, proviene de la decisión de un gobierno del partido popular, o la aplicación del código de las buenas prácticas.  O la suspensión del lanzamiento y del fondo social de viviendas, que tampoco le gustó. Las medidas para rebajar la carga de la deuda hipotecaria, etc.

 

En cuanto a su Decreto Ley, al que se ha planteado un recurso de inconstitucionalidad, se basa en la decisión de la Unión Europea que entiende que esa normativa, amenaza a todo el sistema financiero, y nosotros no somos una isla, pues pertenecemos a esa Unión Europea, que considera que el Decreto, de la Junta de Andalucía, va más allá, de las facultades o potestades, que tiene la Junta, para estas cuestiones, y puede poner en peligro el sistema financiero español. Ese es el motivo de dicho recurso ante el Tribunal Constitucional, y usted, Sr. Torres lo sabe perfectamente.  Si no es inconstitucional, usted no se preocupe que nuestro Tribunal Constitucional, resolverá, pues es una herramienta muy eficaz  de nuestro sistema democrático, siendo una de las instituciones mejores valoradas por los ciudadanos-as. No tenemos duda que la Junta va a seguir para adelante con la regulación de este Decreto Ley, si esto no resulta inconstitucional.

 

Por la Sra. Portavoz del grupo socialista, Doña Raquel Vega Coca,  se expone que vamos a dar nuestro apoyo sin fisuras a la moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida, y que también la podíamos haber presentado nosotros, pues este Decreto Ley nace de la unión de la izquierda en Andalucía, con el pacto de progreso, y que tiene como principal objetivo frenar las políticas neoliberales.

 

Entendemos el fondo de la moción, pues estamos hablando fundamentalmente de personas, y de una coyuntura, que los últimos años, ha dejado a miles de personas y a familias en Andalucía, que vienen descubriendo con horror, que al quedarse sin ingresos, y sin trabajo, y no poder hacer frente a sus obligaciones hipotecarias, se enfrentan a la tragedia de perder su vivienda en la que residen, también se les condena a una deuda  por vida.

 

El partido socialista, entiende que tiene que escuchar la voz de la calle, y el clamor de una sociedad que está pidiendo, una legislación contundente, muy diferente a la que ha regulado el partido popular, que no satisface a nadie, y por mucho que intente justificar la Sra. Pérez.  Este Decreto Ley, tiene su justificación en su anclaje jurídico, y viene avalado desde el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el derecho de las familias o personas, a disponer de una vivienda o desde el anclaje que tiene en nuestra propia Constitución, en su artículo 47, en donde se indica como los poderes públicos, tiene la obligación de promover, las condiciones necesarias para que este derecho, sea efectivo. O el Estatuto de autonomía, o en el artículo 33 de la Constitución, que habla de la propiedad privada, pero entendiendo también la función social de  misma, o el artículo 140 de la Constitución, que indica que lo público debe promover las condiciones para el progreso social y económico de un territorio.

 

Queremos sacar varias conclusiones, la primera, la defensa de la función social de la propiedad de una vivienda, y en el marco de una difícil coyuntura económica, que implica que exista seis millones de desempleados y con mucha familias, que se encuentran en una situación de emergencia social y económica y también concluimos que la no ocupación de una vivienda supone un funcionamiento ineficiente y va contra la función social de la propiedad recogida en nuestra Constitución.  Tenemos que apostar por policías que pongan en el mercado, viviendas vacías, o que potencien la rehabilitación de viviendas, que beneficiaria al sector de la construcción y generación de empleo, o por políticas que apuesten por la reducción de precios de alquiler, o la ocupación de viviendas deshabitadas, pues no pueden  existir precios artificiales que las familias españolas no pueden afrontar en estos momentos. También consideramos positivo, que se declare el interés social, de la cobertura de necesidad de vivienda de las familias que se encuentran en situación de emergencia social y económica e incursa en procedimientos de desahucios. 

 

Rechazamos con contundencia la interposición del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Nación, contra este Real Decreto. Los medios de comunicación, recoge las opiniones de determinados colectivos sociales, y entre los sindicatos se ha denunciado esa actitud como canalla y se han referido el mal fondo humano que se tiene que tener para invalidar una norma que afecta a personas que están en máxima dificultad. Y todo esto, bajo un discurso defendido por el partido popular, de que se pone en riesgo el sistema financiero español, la aprobación de ese Decreto Ley, y que ponga en riesgo el lucimiento de los balances y cuentas de las entidades financieras.  Para nosotros, este recurso, supone un nuevo ataque a Andalucía, a su autonomía y a su autogobierno, y tenemos claro que el partido popular, no recurre este Decreto, porque existan argumentos de inconstitucionalidad sino porque se ha quedado solo, para proteger a las familias españolas, y si logra vetarlo y bloquearlo, será doblemente responsable de los desahucios, primero porque no ha hecho lo que tiene que hacer y en  segundo lugar, por frenar a las comunidades autónomas que si ponen medios, y dictan normas para estar a la cabeza o vanguardia de la protección social, en este país.

 

Expone, que en 48 horas desde que se anuncia la aprobación de este Decreto Ley, existen tres posiciones del partido popular, primero que esta normativa, no iba a servir para nada, segunda, defendida por el Sr. Zoido, que esa normativa, iba a ser mejorada con las enmiendas del partido popular y que por último que esas medidas contempladas en el Decreto, eran  un calco de las medidas contempladas en sus decisiones. Y ahora plantean un recurso de inconstitucionalidad, para pararlo, porque se pliega a los intereses de los bancos, de los sms, del Sr. Bárcenas, y un gobierno que no protege a las familias más necesitadas y vulnerable en nuestro país.

 

Por el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Antonio Torres Carnerero,  se explica a la Sra. Vega, que el pacto de gobierno en Andalucía, no significa hablar de forma solemne de la unión de la izquierda, pues ello, requiere un tiempo, y ojalá en el futuro se llegue a dicha unión, para realizar políticas de izquierdas, y no las políticas neoliberales, que a veces, se ha hecho en nombre de la izquierda.

 

Respecto a la Sra. Pérez, me sorprende su intervención, pues lo que he manifestado  es que a mi juicio, el partido popular, tiene que justificar y dar explicaciones, a la ciudadanía, pues esa es una de las principales funciones de quién  gobierna, y que los ciudadanos, le reclama. Si al  Sr. Rajoy, le están reclamando día a día, que dé explicaciones sobre el tema de Bárcenas, y nos los da, es un ejemplo de su costumbre de no dar explicaciones de nada a la ciudadanía. Y si yo se lo pido, usted se sorprende, y lo malinterpreta a su manera. Y nosotros como ustedes estamos aquí, para darle explicaciones a nuestros votantes y el resto de ciudadanos.

 

Estoy de acuerdo, con lo que usted ha afirmado, respecto a que la paralización de este Decreto Ley, es un mandato de las entidades financieras. Hace una análisis interesado, pues nadie puede pensar que el Decreto andaluz sobre la función social de la vivienda, puede poner en jaque el sistema financiero, cuando estamos hablando exclusivamente de la expropiación de uso por tres años, de esas viviendas. Las entidades financieras temen que esta Ley, abra la puerta a otras leyes, que vayan en contra de sus intereses. Ellos, van a la expoliación y rapiña de los intereses de la mayoría de la población, o si no el sistema financiero se viene abajo. O yo tengo la potestad y libertad de quitarle la vivienda, a los ciudadanos, después de engañarlos con las hipotecas que firmaron, o si no el sistema financiero se viene abajo. Habrá que analizar quien dirige ese sistema financiero, pues si son tan incompetentes, para necesitar el expolio y el robo para mantener ese sistema, son ellos los que tienen que salir de dicho sistema, y entrar otros.  No estamos ante un dictamen de Europa, sino que viene de la orden de las altas esferas financieras y económicas de Europa, quien se subordina a esos intereses en contra de los intereses del resto de ciudadanos europeos.  Quien está ordenando esas medidas, es la “troika” y las entidades financieras.

 

El problema que tenemos, es que mientras ustedes paralizan el Decreto Ley, se están produciendo desahucios, y que son personas con cargas familiares en muchas ocasiones, las afectadas, y que por tanto padecen de ese recurso de inconstitucionalidad que ustedes han presentado.

 

Por la Sra. Portavoz del grupo popular, Doña Virginia Pérez Galindo,  se expone que nosotros estamos para dar las explicaciones oportunas, en los términos en los que se tiene que dar y en los comportamientos , momento y lugares donde se tienen que dar esas explicaciones.  Usted, Sr. Torres, piensa que son los bancos y la troika, la que está detrás de la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional, este Decreto Ley, es algo que no nos vamos a poner de acuerdo, pero la realidad, es que existe un dictamen de la Unión Europea, sobre esta disposición, que pone en jaque determinadas cuestiones, y que después de dicho pronunciamiento, se decidió interponer dicho recurso.  Le vuelvo a reiterar que si el Tribunal Constitucional reconoce que esa disposición legal no es inconstitucional, no habrá ningún problema para la aplicación de este Decreto, y que si es similar a muchos acuerdos que se adoptan, a otras medidas adoptada por el gobierno de la Nación.

 

Nos dice la Sra. Vega, que el partido popular no ha hecho nada sobre la situación de los desahucios y eso no es cierto, pues el grueso de los desahucios empieza en el gobierno del Sr. Zapatero, y ustedes no hicieron nada para evitarlos, y le recuerda que en este plenario han votado en contra, de mociones de Izquierda Unida, y que ahora, hacen alianza de izquierdas a la que usted hace gala, y le vota a favor. Usted, ha defendido en este plenario, que era imposible la dación o entrega de vivienda, para saldar la deuda hipotecaria, y por dos ocasiones, porque consideraba que se ponía en jaque el sistema. Y ahora cambia de postura. Por ello deben decir la verdad, ustedes no hicieron nada cuando gobernaron España, y no puede decir que no hacemos nada, pues le  he enumerado, lo que hemos hecho, desde el código de buenas prácticas, pasando por la suspensión de los lanzamientos, por el fondo social, de vivienda, por las medidas para rebajar la carga de la deuda hipotecaria, y un sin fin de propuestas en distintas comunidades autónomas. No solo se ha hecho algo, en el gobierno andaluz, gobernado por el partido socialista e izquierda Unida. Todos estamos de acuerdo, de que no se desahucien  de sus viviendas, a muchas familias.

 

Por la Sra. Portavoz del grupo socialista, Doña Raquel Vega Coca,  se le explica a la Sra. Pérez, que el partido socialista, se ha pronunciado en muchas ocasiones, a favor de la dación en pago, y lo que ha manifestado en un debate, su preocupación de esta medida, y su aplicación retroactiva, respecto a la legalidad vigente y que deben ser analizadas con mayor profundidad.  Respecto a la postura del partido socialista, en el gobierno anterior, es cierto, que dicho gobierno debió anticiparse como gobierno de España, en  regular antes, en esta materia. Ahora si lo está haciendo el gobierno andaluz, de anticiparse a otras comunidades autónomas, dictando medidas legislativas que eran reclamadas por la sociedad andaluza y española. Nosotros estamos para aprender y escuchar la voz de la calle, corregir errores, y hacer lo que se tiene que hacer. 

 

Y el partido popular, con las iniciativas que ha tomado, no cumple con las expectativas de la Sociedad, y así se lo ha manifestado tanto colectivos sociales como muchas personas afectadas por los desahucios. Se ha presentado una iniciativa legislativa popular, avalada por más de un millón de firmas, ha quedado pervertida por las medidas del gobierno popular, que son medidas de cara a la galería, y que ha podido beneficiar, en el conjunto de su aplicación, a poco de mil personas en toda España.  Esto no es suficiente, por ello les pide que escuchen, aprendan y sea humildes, y que permita que desde las comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, se adopten medidas legislativa para paliar este problema. Por ello, le pide que rectifiquen y retiren ese recurso de inconstitucionalidad, que va en contra de las personas más débiles y vulnerables de la sociedad. Son personas, algunas de la localidad, que han perdido su vivienda habitual, por no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca, y que muchas de las cuales, han acudido a la oficina municipal contra desahucios, reclamando ayuda, pero que también necesitas de la ayuda estatal y autonómica.

 

A Izquierda le pide que no divida a la izquierda, y que fortalezca las medidas de progresos adoptadas, para fortalecer a las personas más débiles, y que lo hagan como cogobierno, desde sus responsabilidades en materia de vivienda, y que apuesten por modelo de vivienda pública, como el Pago de Enmedio, y lo hagan exportable a otros municipios, y que no deleguen responsabilidades a los municipios, sin delegar fondos para llevarlo a cabo, que promuevan programas de rehabilitación de viviendas,  y que insten al gobierno de España, a que restituyan todas y cada una de las líneas de promoción de vivienda publica, tanto en construcción como en rehabilitación. Tanto en venta o en alquiler, que han sido absolutamente eliminadas, por el gobierno del Sr. Rajoy, que está más preocupado por el Sr. Bárcenas, que por sacar a España de la crisis económica y defender las personas que peor lo están pasando. Si se le ha descubierto su programa oculto, y ha cometido fraude en su programa electoral lo que tiene que hacer es presentar su dimisión, y convocar elecciones.

 

Por el Sr. Alcalde se valora positivamente el debate de las cuatro mociones, fruto de la modificación del Reglamento Orgánico, pues se ha dado agilidad al debate, y se ha podido tratar de asuntos de interés general, que interesa a la ciudadanía del municipio. Ha sido desde el punto político, el pleno más ideológico que hemos tenido en esta legislatura. Se ha hablado de sanidad, pensiones, de becas universitarias y de viviendas Se ha hablado de cuestiones relevantes con profundidad pero aplicando un tiempo acertado conforme a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico.

 

La posición del grupo popular es muy complicada y entiendo que con esta avalancha ideológica que se ha tratado en esta sesión plenaria, en base a las medidas que está adoptando su gobierno central. Lo que se demuestra es que detrás de las medidas adoptadas por el gobierno popular,  solamente existen excusas, pues no se trata de ajustar la economía, o de plantear medidas de austeridad o arreglar las cuentas públicas, sino lo que realmente se trata, es de aplicar un modelo ideológico.

 

Respecto al argumento de Izquierda Unida, no pueden coger la bandera, de que el partido socialista y popular, es lo mismo. El partido socialista, fue el que creó desde un punto social, todas las reformas educativas, las sanitarias, universalizando ambos sistemas a la sociedad o las pensiones. Y por tanto no nos pueden comparar con otro partido, como es el popular, que quiere cargarse todo eso.  No sé, si ustedes le llaman Pacto de Izquierda, o unidad desde la izquierda, pero incómodos no están en el gobierno andaluz. No les va mal. Son políticas, que para aplicarse en Andalucía, precisan de la participación del partido socialista.

 

Respecto a la Sra. Pérez, la considero inteligente proveniente de una familia trabajadora, y por eso me molesta que defienda con firmeza argumentos de derecha. No considero que usted esté de acuerdo, cuando en su discurso sobre educación, ha hablado de igualdad de oportunidades, no tiene nada que ver con el objetivo de la reforma educativa y de las becas, pues su Ministro de Educación, no persigue ese principio, con las medidas que propone. Si usted estudió con becas, cuando estudiaba, si ahora lo hiciera, para seguir estudiando en la universidad con becas, tenía que haber tenido de media, un 6.5 puntos, y sin embargo, la gente de dinero, con un 5 puede seguir estudiando. Al que menos recurso tiene, se le exige más. Esto no es tolerable, quien proviene de una familia con recursos económicos puede seguir estudiando, y no al contrario. No hay igualdad de oportunidades. Las becas, no son las que tienen que segregar académicamente, son las que tienen  que igualar académicamente al que tiene con el que no tiene. Solo la capacidad de cada uno, es lo que tiene que sacar a uno u otro de una línea universitaria determinada. Esto, nos retrotrae a los años setenta, en los que muchos de nosotros, no podíamos haber estudiado una carrera universitaria. Solo hubieran estudiado la gente de siempre, y al efecto le pregunta si conoce que personas del núcleo de La Rinconada, con una edad superior a 50 años, tiene carrera universitaria. En el 90 por ciento, de los casos, provienen de familia adinerada de la localidad. No había igualdad de oportunidades, pues el hijo del obrero, iba al campo. Ese es el sistema que quieren volver a recuperar, planteando situaciones injustas e inmorales, en la que no se mida la capacidad de cada persona, para seguir estudiando. No se ajusta a una sociedad moderna.

 

El partido popular, es el aladis de los recortes, y por primera vez, la Junta plantea una medida, que en sí, es un recorte económico, pues se reduce el gasto farmacéutico, al sacar a subasta los medicamentos, para conseguir buenas ofertas económicas, y que el dinero que ahorremos, lo podamos destinar, lo pongamos a disposición, para equilibrar servicios. Nos dice el gobierno, que ha sido una enmienda de UPYD. Y el gobierno, tiene dos alternativas, o bien recurrirlo, como ha hecho, ante el Tribunal Constitucional, pues nos dice que se trata de forma distintas a los territorios nacionales, o bien haber hecho una subasta de medicamentos, con carácter nacional. Por el principio de economía de escala, hubiera ganado mucho más dinero, y haber evitado algunos recortes que han aplicado. No entendemos que no quiere ahorrar gasto en esta materia, para destina su ahorro, a otros gastos necesarios para sostener el Estado de Bienestar Social, en materia como de educación y sanidad.  Quieren recortar derechos, bajo una falsa austeridad en el gasto público, y que quieren en verdad aplicar una reforma ideológica.

 

En cuanto al tema financiero, si 18 expropiaciones que se han llevado hasta la fecha, por parte de la Junta de Andalucía, ponen en jaque al sistema financiero europeo, mal tiene que estar éste. Detrás de esa medida, existe un concepto ideológico también, y todos, debemos explicarlo de mejor manera, tanto mi partido, como Izquierda Unida. La ley andaluza que plantea la función social de la vivienda, y que legitima las expropiaciones, tiene como objetivo la presión hacia la banca, para que el desahucio, sea el último extremo, y para que la banca que ha recibido tanto y tanto dinero, para sanearse, ponga medios y soluciones, intermedias, dejándose parte de lo que ha ganado, en el camino, y que colabore, ya que es uno de los principales causante de la crisis económica, en que la sociedad salga para adelante. Se expropia el uso de la vivienda habitual, de las personas que no pueden hacer frente a sus hipotecas. Pero esto, es la última medida, pues antes se le ha dado al banco, todo tipo de facilidades, como el alquiler social,  u otras medidas. Los bancos han recibido 40 mil millones de euros, de ayudas públicas, para sanearse, y ahora tienen que poner ellos, algo de su parte. No estoy de acuerdo con ocupaciones de viviendas mediante asaltos, pues quien tiene responsabilidad de gobierno, no puede apoyar esas medidas. Pero hace falta gestos de las entidades financiera que vengan a ayudar y solucionar estos problemas. El gobierno, sigue legislando, a favor de la banca, en vez de obligarlos a sentarse, y pedirle su colaboración.

 

 Nos dice la Sra. Pérez, que el gobierno socialista, no hizo nada al respecto, y le indica que perdimos las elecciones en noviembre de 2011, como consecuencia de  errores cometidos. El partido popular ganó esas elecciones, con un programa electoral, que no es el que están aplicando,. Las urnas no permiten todo, pues a las elecciones, se acude con un programa y unas personas, y si alguien se presenta, y los dos días se va, está traicionando su confianza. Y si un partido, presenta un programa electoral, que gana las elecciones, y que luego no es el que se aplica, está traicionando la legitimidad de las urnas. Por esas razones y otras, no está legitimado para gobernar, el Sr. Rajoy.  No estamos en la tesis de elecciones anticipadas, pero si que los sustituyan.

 

Por lo tanto, no puede ser lo mismo, un partido que apostó por el estado de nienestar, frente a otro, que aplica medidas para recortarlo. No puede ser lo mismo el partido que legisla con su gran mayoría parlamentaria, al margen de todo. En las pensiones, se debe buscar un acuerdo, entre las fuerzas políticas y sindicales, pues es verdad que nuestro sistema de pensiones, requiere una revisión, por la población activa, por el efecto piramidal de la población y otros factores. Pero esa reforma se tiene que hacer desde el consenso y con tranquilidad, a través del Pacto de Toledo.

 

Estoy convencido, que muchos votantes del partido popular en este municipio y en el resto de España, no está de acuerdo con muchas de las medidas que el partido popular, está aplicando en su gobierno, y no se creen que son medidas necesarias, para estar mejor. Estas mociones, son la base ideológica de su partido, y por ello, no puede apoyarlas, pese a que no está de acuerdo con ellas, pues en caso contrario, tendría que irse de su partido político. Si usted estudió con becas, o paga las medicina, o en su día, va a tener pensión, o va a tener un futuro desahucio de su vivienda, no puede ningún caso, apoyar estas medidas de su gobierno.

 

Por último, valora positivamente, el análisis global, que se ha hecho, en cada una de las cuatro mociones debatidas, por todos los grupos municipales. Ha sido el pleno, más ideológico de todos los celebrado en esta legislatura, y espera que sigan presentándose mociones de esta características, pues enriquece el discurso y debate local, pese a que no tenga mayor repercusión, que el de manifestar nuestro posicionamiento, en los asuntos reflejados en cada moción.
 
 Tras el oportuno, debate se procede a la votación con el siguiente resultado:

 

 Votos a Favor: 16 (13 PSOE y 3 I.U)
 Abstenciones:: 4 (4 P.P)

 

 Visto todo lo cual, se acuerda por mayoría absoluta legal de los miembros asistentes que compone el Ayuntamiento Pleno,  aprobar la moción presentada municipal de Izquierda Unida,  de rechazo a recurso al Tribunal Constitucional presentado por el Gobierno de España, contra el Decreto Ley Andaluz, para asegurar la función social de la vivienda, cuyo tenor literal es el siguiente:

 

MOCIÓN DE RECHAZO AL RECURSO AL TC  POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA CONTRA EL DECRETO LEY ANDALUZ PARA ASEGURAR LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

 El Consejo de Ministros del pasado 28 de junio de 2013, ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita al Presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1, por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía; y la Disposición adicional segunda del Decreto-Ley de la Junta de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Dicho recurso, ya sido presentado.

 

 El Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda es plenamente constitucional. El artículo 33 de la Constitución Española consagra la “función social” del derecho de propiedad. La “función social” forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad. Eso es exactamente el objetivo del decreto-ley, que no haya casas sin gente ni gente sin casas. Al tiempo que busca la protección de familias o personas que se encuentren con una orden de desahucio y estén dentro de los requisitos establecidos por el decreto-ley.
 El Gobierno interpone un recurso sin clarificar cuáles son los aspectos objeto del mismo ni las causas en que el mismo se sustenta. La alusión a que el Decreto Ley afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad privada es falsaria y tramposa. Las administraciones públicas realizan expropiaciones cada día para construir metros, autopistas, carreteras, colegios, hospitales y hasta campos de golf, invocando para ello el interés general, sin que medie protesta alguna del Consejo de Ministros.
 

 Aquí lo que el Consejo de Ministros está defendiendo no es el derecho a la propiedad, sino los intereses de las entidades financieras, en este caso a costa de una violenta intromisión en la soberanía andaluza y poniéndose enfrente de la mayoría social y las familias y personas que están ya con una orden de desahucio ejecutada por la entidad financiera.
 
 El Decreto Ley fue convalidado sin ningún voto en contra en el Parlamento de Andalucía, donde continúa su tramitación parlamentaria como proyecto de Ley.
 
 Con este Decreto Ley, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha dado respuestas a la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda que está teniendo lugar en Andalucía, denunciado incluso por la OUN y a la falta de medidas legales reales aprobadas por la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados para paralizar los desahucios de la vivienda habitual y permanente. Es decir para las familias y personas que están sufriendo una orden de desahucio, en la mayoría de los casos con menores.
 
 La Consejería ha iniciado ya la tramitación de 7 expedientes de expropiación temporal a sendas familias que tienen orden de lanzamiento de su vivienda y continúa con la tramitación de más expedientes de expropiación del uso de viviendas para seguir evitando desahucios de personas en riesgo de exclusión social. De igual modo está trabajando en la inspección del parque andaluz de viviendas para detectar inmuebles deshabitados y, eventualmente, proceder a la sanción de las personas jurídicas que los posean.

 

Por todo esto se somete a consideración del PLENO los siguientes:

 

ACUERDOS

 

1. Este Pleno insta al Parlamento Andaluz y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que continúen en la defensa del derecho humano a la vivienda y la soberanía del pueblo andaluz recogida tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución Española.
2. El Pleno manifiesta el rechazo al Acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de junio de 2013, por el que se solicita al Presidente del Gobierno la interposición de un Recurso de Inconstitucionalidad contra el artículo UNO por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3, 25 y 53.1.a, de la Ley 1/2010  de 8 de marzo reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía. Así como a la disposición adicional segunda del Decreto-Ley 6/2013 de 9 de abril que protege a familias que están es riesgo de sufrir un desahucio.
3. El Pleno insta al Presidente del Gobierno a que retire dicho recurso ya presentado, ya que no están justificadas las consideraciones de inconstitucionalidad esgrimidas por el Consejo de Ministros. Siendo el Decreto-Ley para asegurar la función social de la vivienda plenamente constitucional.
4. El Pleno anima al conjunto de la sociedad civil a movilizarse en defensa del Estatuto de Autonomía y el decreto-ley para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
   5.  Dar traslado de los acuerdos, al Consejo de Ministros, a la Mesa del Parlamento Andaluz y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las doce horas del día al principio indicado, el Sr. Presidente da por terminada la sesión de la que se extiende la presente acta que deberá firmar, conforme a lo establecido en el art. 110 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 20 de Noviembre de 1986, conmigo el Secretario, que certifico.