Por El Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista, Don Antonio Marín Luque,  se procede a la lectura de la moción presentada por su Grupo, sobre la subasta de medicamentos en Andalucía.

 

 Por la Sra. Portavoz del Grupo popular, Doña Virginia Pérez Galindo se expone que en su moción, nos dice que retiremos el recurso de inconstitucionalidad, que ha interpuesto el  gobierno, y al respecto le indica que en el mes de junio, se aprueba la Ley del Medicamento, con el apoyo de UPYD. Es una norma que pretende incrementar las garantías de calidad, dentro del ámbito de los medicamentos, y es una norma que ha sido consensuada, pues se han introducido más de cuarenta por ciento de las enmiendas presentadas en el trámite parlamentario, de las cien enmiendas presentadas por los grupos políticos.  Entra en conflicto un artículo de esa norma, con el proceso de subasta de medicamentos que se viene realizando en Andalucía, y al haber una norma legal respalda por las Cortes, que tiene como objetivo entre otros, evitar la falsificación de medicamentos, o que la calidad de medicamentos se unifique, dentro del ámbito nacional, entendemos que procede el recurso planteado por el Gobierno, y en caso de no ser inconstitucional, no habrá problema para que se siga practicando la subasta de medicamentos, que viene ejerciendo la Junta.

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Sanidad, Don Antonio Marín Luque se  le explica al Sr. Amador, que coincide en muchas cuestiones con su organización, pues existen presentes, como es el cogobierno de la Junta.

 

La Sra. Pérez Galindo  hace referencia a la Ley de Farmacia, que le llamo, farmovigilancia, porque están llevando ustedes de un modo torcicero, el gobierno de este país. Cuando ustedes no están de acuerdo con algún asunto,  recurren siempre al Tribunal Constitucional, pues tiene la prebenda que paraliza los procesos, ganan tiempo. El tema de la subasta de medicamentos en Andalucía, lleva un año, han planteado hasta tres recursos de inconstitucionalidad, y en la que nuestro Tribunal Constitucional, ha fallado a favor de la subasta de medicamentos, y no ha paralizado el proceso. Por ello, usan los soportes a los que ustedes acostumbran de utilizar. Han introducido cuarenta enmiendas a su Ley, pero han sido las que presenta su partido y el partido UPYD, que precisamente no es un partido progresista.

 

Ustedes siempre quieren pasar las tornas en los mismos. La subasta consiste en que el precio de los medicamentos que viene establecido por una norma estatal del Ministerio de Sanidad, y la Junta de Andalucía, en sus competencias, lo que hace es que negocia con las empresas farmacéuticas, al tener Andalucía a su favor, ocho millones de consumidores, y tienen por tanto asegurado las empresas farmacéuticas, bastante producción para vender. El mecanismo de este proceso, es llegar a un acuerdo, cobran los mismo, y el dinero que se ofrece por estas empresas y que es una rebaja del precio, lo ingresa en la cuenta del SAS. Así, un diez por ciento, de ese dinero, iría a subvenciones, a las clases rurales.  Ahí, se ve el factor de cohesión y el factor social, que se pretende con esas subasta. Los doscientos millones que se pretenden ahorrar con esta subasta, son pecata minuta, comparado con los 384 millones que ha tenido que ahorrar el Ministerio de Sanidad, necesariamente, con el copago. Haciendo paralelismo, los rizomas son unas raicitas que le salen a las raíces para aprovechar mejor los recursos que tienen las plantas, y eso es lo que intenta hacer Andalucía. Ustedes nos están quitando el agua, con los recursos. La Junta, que ha tenido varias propuestas de mejoras de gestión, resulta que ha buscado por su cuenta, con las competencias, que el Tribunal Constitucional le permite, buscar recursos económicos. Y ustedes no están de acuerdo, y es porque han alcanzado un acuerdo con las empresas farmacéuticas, que a lo mejor son las que le han pasado los sobres, o le ha pagado a la Ministra de Sanidad sus cumpleaños.  Les pide al partido popular, coherencia, pues siempre tienen que pagar los pensionistas, con el copago, los desajustes que quieren ustedes hacer.

 

Las centrales de compra, las implementó en un principio, la Junta de Andalucía, por las economías de escala. La receta por principio activo, la implementó, la Junta de Andalucía. Están investigando nuevos recursos, para utilizar servicios activos comunes, para tratar otro tipo de enfermedades.  No digan aquí, que todo es por motivo económico, pues está claro que se puede racionalizar el gasto, pero hay que permitir que las comunidades autónomas tengan sus competencias. Ustedes apoyan a un modelo de Estado, centralista, en la que ustedes solamente decidan las cosas. Y eso choca con el Estado de las autonomías, y que es prácticamente parejo a un Estado Federal.

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Don Vicente Amador Vizuerte se  expone que una vez el Tribunal Constitucional echa para atrás el recurso planteado por su partido, sacan una Ley, para controlar más e impedir que se pueda hacer la subasta de medicamentos en Andalucía. Estas decisiones del partido popular, siempre lo pagan lo mismos, y solo se busca el beneficio de las grandes empresas. Deben buscar más, en el bienestar de los ciudadanos, que están en la calle, y necesitan más este tipo de cosas, como son los medicamentos, para que sean baratos y asequibles a todos.

 

Por la Sra. Portavoz del Grupo Popular, Doña Virginia Pérez Galindo se expone que el Sr. Marín, nos ha dicho que todas las enmiendas admitidas en el trámite parlamentario, han sido propuestas por el partido popular, y ello no ha sido así. Nos dice que se hace la Ley, para apoyar a las empresas farmacéuticas, porque nos dan sobres y le pagan los cumpleaños a la Ministra, pero que los sobres que usted dice, se lo habrá dado a la Sra. Presidenta de UPYD, Sra. Díez, que es quién  introdujo la enmienda, y que tiene un pasado en su partido. El artículo que entra en contradicción con la subasta de medicamento de la Junta, fue propuesto por ese partido, en las enmiendas presentadas.  A nuestro juicio, esta enmienda, se admite con buen criterio, cuando dice que los medicamentos dispensados en la farmacias, se aplique los descuentos o las bonificaciones en el precio, para todo  el territorio nacional.  Y España, no es un estado centralizado, sino descentralizado, pero sin ser federal, como nos dice el Sr. Marín.

 

Estamos completamente convencidos, de que si la subasta de medicamentos entra dentro de la norma, perfectamente se desarrollará esta subasta aprobada por la Junta de Andalucía, y si se puede exportar el modelo dentro de la norma, ahí estaremos.

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Sanidad, Don Antonio Marín Luque se expone que el Tribunal Constitucional, ha dicho sobre el recurso planteado por el gobierno de la Nación; “la cifra del ahorro que persigue la Junta de Andalucía, es suficientemente ilustrativa, de sus efectos para las arcas públicas, y tanto más relevante, si se toma, en consideración, el contexto de crisis económica  y financiera del país”. Sobre si la Junta tiene potestad o no para sacar a concurso los fármacos, los jueces creen  que “las Administraciones Públicas, tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud”. El Tribunal Constitucionalidad respalda la legalidad de esta subasta de medicamentos.

 

Ustedes utilizan discursos falsos y torciceros. Ustedes al estilo de la mafia, donde la familia es lo más importante,  llamaron por teléfono a los laboratorios para que no firmaran los convenios. No dicen la verdad, porque la Junta, consigue esas rebajas de precios de los medicamentos, porque tiene a ocho millones de usuarios, y había garantizado un volumen determinados de productos. El Ministerio de Sanidad no ha hecho lo propio, con el resto de productos, con lo cual, no es apetecible este convenio.

 

Le pregunta, si está de acuerdo personalmente, con el recurso judicial que ha presentado el partido popular, contra la Ley de Farmacia de Andalucía, que desde el año 2007, va dando vueltas, y que a fecha de hoy, no puede haber dos farmacias más en el núcleo de La Rinconada, otras cuatro en San José y una en la Jarilla.  Pero, es que resulta que un Concejal de su Grupo, nos dice en las redes sociales, que tenemos la culpa, al partido socialista, de este tema. Quítense la careta, y ejerciten su responsabilidad, y a ese Concejal de su Grupo, que practica en populismo puro y duro, que ofrece informaciones falsas sobre epidemias. Nos da en este pleno una imagen, pero luego fuera del pleno, lo alimenta.  Este señor, se va a convertir en un nuevo Goebel de la época nazista, de propaganda política.  Utiliza en su estrategia, las tres “d” esto es, desprestigiar, deteriorar y desmantelar. Siempre desprestigia lo público, lo deteriora quitando recursos, y a final lo desmantela para dárselo al sector privado.

 

 Tras el oportuno debate se procede a la votación con el siguiente resultado:

 

 Votos a Favor: 17 (14 PSOE y 3 I.U)
  Votos en Contra: 4 (4 P.P)

 

 Visto todo lo cual, se acuerda por mayoría absoluta legal de los miembros asistentes que compone el Ayuntamiento Pleno,  aprobar la moción presentada por el Grupo Socialista sobre la subasta de medicamentos en Andalucía  y cuyo tenor literal es el siguiente:

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA SUBASTA DE MEDICAMENTOS EN ANDALUCIA EXPOSICION DE MOTIVOS
 
 Una de las respuestas del Gobierno central ante la grave crisis económica que padece nuestro país ha consistido en deteriorar el Sistema Nacional de Salud, adoptando medidas que desvirtúan sus características esenciales: público, universal, gratuito y de calidad. Porque el Partido Popular no cree en este sistema, y lo ha demostrado cuando recurrió ante el Tribunal Constitucional la Ley de Farmacia de Andalucía, una ley que permitirá, a pesar de los obstáculos impuestos a través de recursos, que en el núcleo de La Rinconada puedan abrirse dos nuevas oficinas de farmacia. Y estos motivos no deben ser económicos, debe prevalecer el motivo social.

 

Además, las condiciones financieras que el Gobierno de la Nación ha impuesto a las comunidades autónomas ponen en peligro la sostenibilidad financiera de nuestro sistema sanitario. Especialmente preocupante resulta este hecho en el caso de Andalucía, a quien el Gobierno de España ha disminuido la financiación para gasto social en una cantidad equivalente a 1.000 millones de euros.

 

 El Gobierno de Andalucía viene desarrollando, desde hace tiempo, iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia de nuestro Sistema Sanitario Público andaluz, sin tener que recortar derechos, tal como viene haciendo el Gobierno central. Entre otros métodos, el Gobierno andaluz desarrolló un procedimiento de contratación pública, mediante subasta, para adjudicar los principios activos que se dispensan en las oficinas de farmacia, con cargo a la prestación farmacéutica.

 

 Dicha medida fue recurrida, ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central en una clara intención de beneficiar a la industria farmacéutica. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional ha levantado recientemente la medida de suspensión cautelar de dicho procedimiento, dando vía libre a su desarrollo.

 

 A pesar de ello, el Gobierno de España ha vuelto a recurrir la nueva subasta iniciada por el Gobierno de Andalucía, poniendo en peligro el ahorro y el nivel de eficiencia que se iba a conseguir con este procedimiento de contratación.

 Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de La Rinconada somete a la aprobación del pleno los siguientes puntos de acuerdo:

 

1. Defender y respaldar el modelo de gestión del Gobierno de Andalucía en la adquisición de bienes y en especial el procedimiento de subasta.

 

2. Rechazar la reiterada injerencia del Gobierno central en dicho procedimiento y al mismo tiempo valorar que el Gobierno de Andalucía prefiera defender a los/as ciudadanos/as antes que a la gran industria farmacéutica.

 

3. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que se dirija al Gobierno de la Nación para reclamar su derecho a usar este procedimiento sin injerencia alguna, y solicite la retirada del nuevo recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional.