20/11/2023 PLENO ORDINARIO 16 DE OCTUBRE DE 2023
DÉCIMO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL POPULAR, CONTRA LA TRAMITACIÓN DE UNA LEY DE AMNISTÍA.
Por el Sr. Alcalde, explica que se ha aclarado con la Secretaría los tiempos de intervenciones en los puntos del orden del día de las mociones que presentan los grupos municipales. De tal manera que el turno de presentación de la moción, disponen de cinco minutos, en donde pueden leer el contenido de la misma o explicarla. El primer turno son de cinco minutos por grupo y el segundo turno, de tres minutos. Hubo un desajuste en el tiempo, en la sesión anterior respecto al turno de presentación de una moción. Lo que se trata en estas mociones son básicamente de interés político pues la capacidad ejecutiva o legislativa que tiene el Pleno en estos asuntos es muy limitada. Por lo tanto a partir de este momento, se va a aplicar estrictamente el Reglamento.
Por el Sr. Concejal del grupo municipal popular, Don José Enrique Soriano Baena, manifiesta su desacuerdo con esta postura, pues en la anterior sesión plenaria, el grupo socialista tuvo veinte minutos para la presentación de una moción de su grupo, con la lectura de doce páginas y ahora sin embargo de nos aplicar estrictamente el Reglamento Orgánico.
Seguidamente se procede a la lectura de la moción del grupo municipal popular contra la tramitación de una Ley de Amnistía, cuyo tenor literal es el siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 15 de octubre de 1977 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía que siguió el principio de reconciliación nacional que guio nuestra Transición a la democracia. La amnistía era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura. Fue uno de los instrumentos con los que se puso punto final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia.
Durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió la cuestión de la amnistía, ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia. Las enmiendas fueron rechazadas y, por el contrario, se aprobó el artículo 62 que prohíbe indultos generales. Es decir, el perdón -que sí existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la Ley del Indulto-, debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general.
En una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello además mientras que tanto el Tribunal de Justicia de la UE como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendiente resoluciones referidas a la cuestión, sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan a España.
En 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional. La reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores.
El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación. Algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero. Desde entonces tratan de evitar la acción de los Tribunales españoles y europeos. No fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de una violencia extrema.
No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los Letrados emitieron un informe contundente contrario a su tramitación. Además, tanto Pedro Sánchez como ministros de su Gobierno, Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, entre otros muchos dirigentes socialistas, afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía.
Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado.
El precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social.
Por todo ello, el Grupo Popular en el Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada, presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDOS
1 Rechaza cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito.
2 Considera que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución y compromete a todos los poderes para su cumplimiento.
3 Anima a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas.
4 Dar traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado, así como a la Junta de Gobierno de la FEMP.
El grupo popular trae a debate una moción que, como fin último, persigue el hacer público la postura de esta Corporación municipal en lo relativo a la previsible Ley de Amnistía que el candidato Sánchez está negociando con unos delincuentes que han sido condenados por el Tribunal Supremo, a raíz del intento de Golpe de Estado perpetrado en la Comunidad Autónoma de Cataluña en octubre de 2017.
Entiendo que los 21 Concejales que aquí nos sentamos, compartimos, más allá de las ideologías que cada uno profese y las que profesen nuestros respectivos partidos, la creencia plena y firme de que la democracia basada en el Estado de Derecho y en respeto a la Ley, expresión única de la voluntad popular, es la única forma legítima de Gobierno.
La Moción que aquí se plantea viene a refrendar esta creencia que, como digo, creo que es compartida por todos.
El 15 de octubre de 1977 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía que siguió el principio de reconciliación nacional que guió nuestra Transición para consolidar, definitivamente, un Estado Social y Democrático de Derecho. La amnistía era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura. Una amplia mayoría de la población española salió a la calle, en aquellos trascendentales días, al grito de “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía”. Las Cortes de aquel momento, asumiendo su deber de hacer Ley el mandato del pueblo, decidieron aprobarla. La Amnistía de 1977 fue uno de los instrumentos con los que se puso punto final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia, siendo una pieza fundamental para la reconciliación de las dos Españas.
Durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió la cuestión de la amnistía, ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia. Las enmiendas fueron rechazadas al considerarse una injerencia del poder político sobre el poder judicial. Por eso mismo, se retiró la facultad, porque la justificación de la existencia del Poder Judicial estriba, precisamente, en que sea un contrapoder independiente del poder político, ya que sólo así se pueden garantizar los derechos naturales que las personas tenemos. El Poder Judicial es la garantía del sistema democrático, sin él es imposible garantizar los Derechos Fundamentales que la Constitución reconoce.
Por el contrario, se decidió aprobar el artículo 62 que constitucionaliza el indulto particular prohibiendo los indultos generales. Es decir, el perdón -que sí existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la Ley del Indulto-, debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general.
En una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía es un golpe contra la Constitución, además, de ser un ataque frontal al Estado de Derecho y a sus principios más básicos como lo son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley, la seguridad jurídica, el sometimiento de los Poderes públicos a la Constitución y al Derecho y la separación de Poderes. Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. En definitiva, el poder político no puede, como pretende el señor Pedro Sánchez, crear categorías de ciudadanos con privilegios. Todo ello además mientras que tanto el Tribunal de Justicia de la UE como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendiente resoluciones referidas a la cuestión, sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan a España.
En 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden Constitucional. La reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores. Ambos actos amparados públicamente por el Partido Socialista Obrero Español y por su secretario general, Pedro Sánchez, el cual, en su momento, llegó públicamente a afirmar que los órganos competentes, para defender los intereses del Estado, deberían acusar a los miembros del Gobierno de la Generalitat por la comisión de delito de rebelión.
El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación, es decir, por dar un Golpe contra el Estado Constitucionalmente constituido y por corrupción política. Algunos de sus principales responsables huyeron al extranjero. Desde entonces tratan de evitar la acción de los Tribunales españoles y europeos. El pasado 5 de septiembre Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una Ley de Amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017.
No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en 2.021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los Letrados de la Cámara emitieron un informe contundente contrario a su tramitación dejando claro que una eventual Ley de Amnistía, fuese cual fuese el nombre que se le diera, era una “contradicción palmaria” con la Constitución. Contradicción palmaria que la propia Presidenta del Congreso, Meritxell Batet, estableció como argumento para evitar su tramitación.
En aquellos momentos, y posteriormente hasta hace escasos tres meses, multitud de socialistas se oponían a ningún tipo de amnistía al considerarla manifiestamente inconstitucional. En su momento, el Ministro del Interior dijo que “La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico”, en el mismo sentido se manifestó el actual Magistrado del Tribunal Constitucional y ex Ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, al afirmar que “La amnistía no cabe [en la Constitución] porque es el olvido”. Más allá fueron las declaraciones en sesión parlamentaria de la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a sentenciar rotundamente que la amnistía “no es planteable en un Estado Constitucional Democrático porque sería suprimir, literalmente, uno de los tres poderes del Estado que es el judicial”.
Por el Sr. Concejal del grupo mixto vos, don Antonio Amador Martínez, expone que está de acuerdo con las cuatro propuestas de acuerdos que se proponen en la moción del grupo popular contra la amnistiara en Cataluña. El primer acuerdo se refiere al rechazo de cualquier tipo de amnistía, y que a diferencia del indulto, afecta a personas que todavía no han sido juzgadas ni tienen delito. Por lo tanto es procedente adelantarse para evitar que esa clase de medidas se pueda tomar. El segundo punto nos indica que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución y compromete a todos los poderes para su cumplimiento. Es responsabilidad de los que nos gobiernan cumplir la ley. La tercera propuesta de acuerdo, anima a los partidos políticos mayoritarios a alcanzar acuerdos de Estado, algo que consideramos deseable y que se extendiera a otros partidos de la oposición. Consideramos que los partidos independentista no operan de forma honesta frente al Estado. Por último se propone dar traslado del acuerdo a una serie de organismos.
Consideramos que representamos a una parte de la sociedad española que tiene miedo y que considera que ese tipo de medidas se puedan tomar. Por todo lo expuesto votaremos a favor de esta moción.
Por la Sra. Concejal del grupo municipal con IU-Podemos, Doña Sheila Guerrero, expone que venimos en este punto a tratar asuntos que poco o nada tienen que ver con La Rinconada y sus vecinos, poco o nada tienen que ver con sus problemas, con su día a día o con el funcionamiento de este Ayuntamiento. Sí que tiene que ver con la investidura fallida del Sr. Feijóo, momentos en los que comenzó a mover el PP esta moción por los diferentes ayuntamientos de España, con el fin de tapar el batacazo estrepitoso que se iba a dar. Podemos afirmar, a estas alturas, que con Feijóo, fijo que no.
Nos causa sorpresa mayúscula el uso de la institución municipal para tratar estos asuntos —quizá por lo mismo ahora podríamos hablar del Sáhara, del bloqueo de Cuba o de la matanza ocurrida en Palestina— cuando el PP siempre se ha mostrado en contra de la gobernanza municipal, y para botón, la ley Montoro que no pocos problemas y quebraderos de cabeza a los funcionarios municipales viene dando desde su aprobación.
Esta moción nos hace pensar en el PP como un partido con pérdida de memoria, un partido senil. Déjenme que se lo explique.
Hablan en su moción del interés general, mientras parecen olvidar que, sus prácticas de desmantelamiento de los servicios públicos allí donde gobiernan, cuestan vidas. No tenemos que irnos a la otra punta de España para hablar de esto: cualquiera con un móvil y la aplicación de Salud Responde sabe de lo que hablamos. No saquemos las listas de espera, o la derivación de pacientes a la privada, que entonces no terminamos. Ya saben, un plato es un plato, y un vaso es un vaso.
Nos hablan de la Constitución, pero olvidan que desde el PP llevan un lustro, 5 años, incumpliendo el mandato constitucional con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Se llenan la boca de Constitución, pero olvidan que en su ADN está dividirse internamente para votarla. De los 16 diputados de Alianza Popular, 5 votaron en contra y 3 se abstuvieron. Ocho, es decir la mitad. Suponemos que de ahí viene defender solo algunos artículos de la Constitución.
Se viste el PP de oráculo de Delfos para hablarnos del negro futuro de España pronunciando AMNISTÍA con voz terrífica y efectos de sonido de película de serie B, olvidándose (ya empezamos a pensar que quizá no es senilidad sino conveniencia) de que ha sido su partido, con Aznar, el que más indultos ha firmado: 5948, 700 al año, entre el 96 y el 2004. 139 de ellos, por corrupción.
No es baladí esta mención a la corrupción, otra de esas manchas que pretenden tapar con cada escándalo con desinformación, bulos, ataques personales y odas a la Constitución. No es para menos, el PP es el partido más corrupto de Europa. No lo decimos nosotros, lo dicen los tribunales: Gurtel, Lezo, Púnica, Brugal, Auditorio, Yak42, Papeles de Panamá, M.Rajoy. Les hacemos un breve resumen: 261 casos aislados.
Casos aislados, dicen. Suponemos que entre los indultos que los presidentes populares han firmado, también había casos aislados: dos condenados del GAL, cuatro Mossos d'Esquadra que torturaron a un hombre para obligarle a confesar, 15 terroristas de Terra Lliure o un Guardia Civil cómplice de una agresión sexual, entre otros. ¿Ven cómo, al menos, existe memoria selectiva en el discurso del Partido Popular?
Créanme cuando les decimos que preferimos hablar de senilidad, de agotamiento de un proyecto político anclado en un tiempo pretérito que hablar de posverdad, de pruebas falsas, de martillos y discos duros, de cloacas, de bulos y espionajes con fines políticos. Preferimos decir que tienen mala memoria que decir que envenenan a propósito el clima político, el debate social y ciudadano en la búsqueda de “cuanto peor, mejor”.
Ya se intentó por su partido en las elecciones municipales: convertir la búsqueda de un proyecto para el pueblo en una primera vuelta de las generales. Les reconocemos que, por parte de ustedes, hablaron de algunas cosas de las que preocupan a los vecinos, pero deben reconocer que quizá pecaron demasiado de querer derogar el sanchismo.
No vamos a extendernos mucho más: este no es el sitio, esta no es la discusión, este no es el camino. No aburramos a la gente ni llenemos su cabeza de cánticos de guerra, y ocupémonos de sus problemas.
Por el Sr. Concejal del grupo municipal popular, Don José Enrique Soriano Baena, expone que el propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dos días antes de las elecciones, y siguiendo el mensaje que había dado durante toda la campaña electoral de las últimas generales, le dijo al pueblo español de forma clara y taxativa para pedir el voto que “el independentismo pedía la amnistía y pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía ni han tenido un referéndum de autodeterminación. No lo habrá, primero, por convicción personal y política y, segundo lugar, porque la Constitución no lo permite”
Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una Proposición de Ley de Amnistía, como afirman sus interlocutores y como afirma con su silencio el gobierno. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado.
Y que la amnistía se justifica en ese intento desesperado por mantener la presidencia, es un hecho notorio. La Amnistía se quiere aprobar en contra de todos.
Ya se ha pronunciado la Asociación de Fiscales, solicitando a la Unión Europea el amparo ante lo que los miembros de la carrera fiscal consideran un golpe sin precedentes contra el Estado de Derecho protegido por los Tratados Fundacionales de la Unión.
También se ha pronunciado en contra de la Amnistía el propio Tribunal Supremo, quién ha hecho público que, de aprobarse una norma que amnistiara a alguien, serán elevadas Cuestiones de Inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, Cuestiones Prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En el mismo sentido, en contra de la Amnistía se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien, de boca de su presidente, afirmó que la “aplicación efectiva de la ley a todos los ciudadanos en plano de igualdad, sin excepciones ni privilegios, en definitiva, sin espacios de impunidad, que comprometería el carácter general de toda la ley, que nos iguala a todos”.
En definitiva, todos en contra, a esto habría que añadirle la postura contraria del Consejo General del Poder Judicial, del Senado (que también es legítimo representante del Pueblo Español), la mitad del Congreso de los Diputados, la mayoría de juristas y catedráticos en Derecho Constitucional así como, según las encuestas, una inmensa mayoría de la población española.
Una medida extraordinaria, y fuera de la Constitución, no puede tomarse en contra de todos y sin escuchar al Pueblo.
El precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos, en contras de la voluntad de todos, sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social.
Por todo ello, el Grupo Popular, solicita el voto favorable de este plenario a los acuerdos que se proponen en el texto de la moción.
Nos dice la Sra. Guerrero Garzón, que esto no tiene nada que ver con los ciudadanos, cuando realmente se les dice que a partir de ahora va a haber privilegios respecto a nosotros, que si nos condena un Tribunal de Justicia, tenemos que cumplir la resolución judicial. A otros, no es que se le indulte, que pudiera ser constitucional, sino que se le va decir que nunca pasó nada pues el Estado se dedicó a reprimir a esas personas.
Hablamos de la inconstitucionalidad respecto a la renovación del poder judicial, la Constitución establece que será las Cortes Generales, son los que hagan dicho tramite. Y por tanto no le compute a un determinado partido político. Desde que este sistema está instaurado, que fue en el Gobierno de Felipe González, que quitó que los jueces se eligieran asimismo. La Unión Europea exige que el sistema de elección del poder judicial, vaya en ese mismo sentido y no el que quiere el gobierno. Desde aquel entonces, se han ido pactando diversos nombramientos de jueces.
Por la Sra. Portavoz del grupo municipal socialista, doña Raquel Vega Coca, expone que la postura del grupo socialista, es la la Ley, la Constitución, la defensa de España en la convivencia.
Estoy de acuerdo con la magnífica intervención de la Sra. Guerrero.
No es la primera vez que se plantea esta cuestión, en este plenario, y trae a colación esta portada: trae una moción pirómana y tratan de agitar la calle, porque no aceptan el resultado de las urnas. Le recuerda que el Sr. Moreno Bonilla, no ganó las elecciones, en 2018, y obtuvo el peor resultado electoral en Andalucía y pactó con Vox, y le abrió la puerta de España para el blanqueamiento de la ultraderecha, que está fuera del marco constitucional. Y han llegado a acuerdos en Ayuntamientos y comunidades autónomas a costa de derechos fundamentales que vienen recogido en nuestra Constitución.
En el año 2017, 19 de octubre, el “ABC”, recogía en grandes titulares. “Rajoy ofrece “amnistía” a cambio de elecciones legales”. Por eso se pregunta, porque no presentaron esa moción por aquel entonces. En 2017 el PP ofreció amnistía a Puigdemont. Leo el artículo. “Rajoy ofrece una posible salida que permitiría a Puigdemont quedar indemne, al menos políticamente a cambio de de convocar elecciones”. El Estado suspendía el artículo 155 y Rajoy ofrecía olvido y perdón en 2017. Amnistía. Una salida política a Puigdemont, en 2017, y que se escapó de España, cruzando las fronteras, en un maletero de un coche, cuando el Partido gobernaba España.
El 10 de agosto, de 2023, otros titulares. El PP abre la puerta a hablar con Junts para investir a Feijóo, pero "sin tragar con todo"
El partido socialista lo que hace es hablar, dentro de un marco lógico de una investidura, siendo respetuoso con su turno. Y España no se rompe, no está aislada. Convive y avanza en un gobierno donde todos los territorios y comunidades han cumplido con la Constitución española. Y con una España real que no quiere retroceder cincuenta años. Por eso, no ha salido para adelante, la investidura de Feijóo y del partido popular . Con la única fuerza política que ha tenido posibilidades de negociar y pactar ha sido con Vox. El resto le ha dado un portazo, incluido Junts.
Feijóo habló incluso de encaje de un nuevo modelo territorial para Cataluña y rápidamente el ala dura del partido le hizo rectificar de inmediato. Pero además, en mayo de 2022, en un acto celebrado en el Cercle d’Economía en Barcelona, Feijóo habló de “nacionalidad” catalana.
Pero, la que más que gusta son las declaraciones de Bendodo, mano derecha de Feijóo, aseguró lo siguiente en una entrevista: “He oído a Aznar afirmar públicamente que España era un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico”.
Los hecho del Procés, fueron muy graves, pero esa moción olvida intencionadamente La gran fractura de España se produjo con Rajoy. Con el PP en el Gobierno se rompió España literalmente: se convocaron 2 referéndums ilegales y una Declaración Unilateral de Independencia. Una fábrica de independentistas. Con ustedes, millones de catalanes dejaron de sentirse españoles, por la manera de gestionar el conflicto catalán, y su desorden y caos, y del modelo territorial de España, por no entender la diversidad de España en el marco de la Constitución. .
No fue una ola, sino un Tsunami de independentismo. Y seis años después, el partido socialista y el gobierno de coalición ha sido pacificar el país y crear convivencia. Ahora mismo, están en mínimo histórico según datos del CISS catalán, los españoles dentro de Cataluña, que indican que quieren una vía unilateral.
La mejor forma de defender a la Constitución, es poner freno, a cualquier quiebra unilateral, y esa es la posición de Sánchez, antes y ahora. No vamos a tragar con todo y vamos a garantizar la normalidad y la convivencia, y la vuelta a la legalidad, en el marco de la Constitución, que ustedes no apoyaron como si hizo el cincuenta por ciento de Alianza Popular.
El Presidente del Gobierno, tiene derecho y obligación de buscar espacios de concordia y convivencia. El partido popular no tiene sentido de Estado. Son ustedes una fábrica de hacer independistas.
Por el Sr. Concejal del grupo mixto vox, don Amador Martínez, expone que se habla de cuestiones que para nada tiene que ver con el contenido de la moción, mencionándose a Vox, al que se le acusa de ilegalidades. Todas nuestras propuestas está en nuestro programa electoral y es público. Cuando llegue el momento, se podrá debatir, pero ahora me he ceñido al contenido de una moción presentada por el partido popular.
Por la Sra. Concejal del grupo con IU-Podemos, doña Sheila Guerrero, expone que para completar el expediente, estamos ante un partido que ha usado los medios materiales del estado para perseguir y criminalizar a sus rivales políticos. Y ahí está la policía patriótica. Actualmente siete juzgados tramitan querellas por estas operaciones que fabricaban pruebas falsas y bulos para impedir que fuerzas emergentes como Podemos llegaran al gobierno. Suponemos que en Génova sus servicios jurídicos también piensan eso de “It’s very difficult” todo esto.
El PP no puede venir a un Pleno Municipal a dar lecciones porque ni respeta la Constitución, ni respeta las leyes, ni respeta la democracia.
Miguel Hernández escribió sobre las tres heridas. En nuestra sociedad también tenemos tres heridas: la herida social de la desigualdad, la herida machista de la discriminación y la herida territorial. Cada vez que el PP gobierna, se profundizan en esas heridas; nosotras venimos a curar heridas y a construir convivencia en democracia.
Por el Sr. Concejal del grupo popular, Don José Enrique Soriano, expone que nada tiene que ver lo que declara la Sra. Guerrero, con el contenido de la moción.
Respecto a la renovación del poder judicial, en la Constitución no dice nada que el Partido Popular tenga que aceptar la imposición del gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y siempre se ha hecho con pacto de nombres y políticas penales. El partido socialista pretende tener vía libre del partido popular para imponer su política penal.
Explica que el gobierno de Sánchez, es uno de lo que más sentencias inconstitucionalidad ha tenido en relación a la vulneración de derechos fundamentales, como fue el caso del cierre de las Cortes Generales en el Estado de Alarma, evitando el control parlamentario de la acción del gobierno.
Nos habla de lo indultos de Aznar y Terra Llure, pero existe diferencias. Los indultos que a mí no me gustan, son constitucionales y respecto al indulto a Terra, le indica que ese indulto empezó a tramitarse en el Gobierno de Felipe González. Y de 18, solo se pudieron tramitar dos de ellos, y otros 16, que por errores formales, no pudieron aprobarse. Además existía informes favorable de la Fiscalía y del Tribunal sentenciador y de la solicitud de los propios presos.
En cuanto a la portada que nos enseña el grupo socialista sobre la amnistía de Rajoy, no se ha leído el artículo, pues el mismo artículo aclara que no era una amnistía judicial, y que era que el Sr. Rajoy le indicaba al Sr. Puigdemon que si no proclamaba la independencia, no habría 155 y se eso se dijo públicamente. Finalmente se aplicó el artículo 155 con el apoyo de su partido, era la declaración de independencia. Nunca se prometió una amnistía porque no lo podía hacer y no lo hizo.
Nos dice que a nosotros se nos fugó en un coche el Sr. Puigdemon, pero ustedes, después de decirle que era un golpista y que se debe aplicar el delito de rebelión y que se quitara la inmunidad en el parlamento europeo, lo van a traer a España con honores.
Es cierto que el Sr. Feijóo quizó hablar con Junts , pero marco unas líneas rojas, y no es Presidente, porque no van a tragar con todo, que es lo que van a hacer ustedes. Es la diferencia entre ustedes y nosotros.
Todo el procés nace del pacto fiscal que proponía Cataluña y que Rajoy se negó y que el propio partido socialista públicamente lo apoyo. Ahora cambian de postura.
Por la Sra. Portavoz del grupo municipal socialista, Doña Raquel Vega Coca, expone que su moción es apocalíptica y está escrita cuando se sentían derrotados, porque la España Real, no quiere retroceder cincuenta años. Tienen muy mala digestión democrática.
Plantean una moción, cuyo texto se base en una posición del Presidente del Gobierno, que nadie conoce, pues ha manifestado que va exponer en breve, cual es la postura del partido socialista, en base a escuchar a todos los grupos políticos. Y tan desesperado estaba el Sr. Feijóo, que mandó a Bendodo y un equipo negociador para pedir el apoyo de Juns, para conseguir su investidura. Caen en permanentes contradicciones.
Lo que planteó Ajora en 2017, fue una solución política, cuando ya se había convocado un referéndum ilegal.
Un Presidente del Gobierno tiene derecho y obligación, de buscar concordia y convivencia en el marco de la Constitución española que es lo que hace el Sr. Sánchez. Y nuestro partido ha manifestado que no le va a temblar el pulso en nada y defendiendo la Constitución, como hicimos entonces en el año 2017, cuando había problemas, y con un profundo sentido de Estado, apoyamos la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Sin embargo ustedes nunca han apoyado a ninguna medida de estado, ni con la pandemia ni con el impacto de una guerra de Ucrania. No tienen altura de miras ni sentido de Estado. Ustedes, como partido, han sido parte del problema en este asunto, y por eso tienen la obligación de estar y ser parte de la solución, tanto éticamente como políticamente .
¿Cuál es la solución que plantean ante este conflicto?. La aplicación permanente de un 155 en Cataluña. Por eso son ustedes, una fuerza política en vías de extinción, en Cataluña. Los catalanes han roto con su partido.
Rajoy como publicó “ABC”, prometió la amnistía como solución política, y quieren construir a un villano, a la figura de Pedro Sánchez, cuando es un Presidente, que ha intentado salvar al país, y ayudar a muchas familias y empresas en un contexto extraordinario nunca conocido en democracia. El partido popular fue parte del problema del procés por su pésima gestión territorial de España que derivó en dos referéndum ilegales y una declaración unilateral de independencia. Aznar hablaba catalán en la intimidad y paso con el pacto del Majestic, de suprimir gobernadores civiles, ceder el 30 por ciento del IRPF, transferir la gestión de los puertos, la Ley de normalización lingüística, y hacer desaparecer la Guardia Civil de Tráfico en Cataluña. Fueron cesiones del partido popular con Aznar.
Aprobaron la aplicación del 155 en Cataluña con la ayuda del partido socialista, que supo ejercer con sentido de Estado. No le perdonan a Pedro Sánchez una moción de censura porque son los campeones del indulto y la corrupción. Y la moción de censura se basó en la regeneración democrática.
Tenemos la obligación de trabajar por una España más social, más justa y con mejor convivencia.
Tras el oportuno debate, seguidamente, se somete a votación este acuerdo, con el siguiente resultado:
Votos a Favor: 3 (2 P.P. y 1 Mixto Vox)
Votos en Contra: 18 (16 PSOE y 2 Con IU-Podemos)
Visto todo lo cual, se acuerda por unanimidad de los miembros asistentes que compone el Ayuntamiento Pleno, rechazar por mayoría absoluta legal la moción presentada por el grupo Popular contra la tramitación de una Ley de Anmistía.
