Por la Sra. Concejal delegada de Bienestar Social, Doña Pilar Escudero Barroso, se procede a dar lectura a moción del grupo socialista relativo al Plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios.

 

 Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Vicente Amador Vizuerte, expone que se trae de nuevo a este plenario, una moción relativa al desmantelamiento del Estado del Bienestar Social, que tenemos que soportar, al tener un gobierno en España, que goza de mayoría absoluta. Esta moción, va referida al plan concertado de servicios sociales comunitarios.

 

 La caridad cristiana y beneficencia, ha sido tradicionalmente, las impulsoras de la atención social a los pobres y desfavorecidos. Durante siglos, quedaba al amparo de la buena voluntad de la población, mejor posicionada, el paliar la situación que se encontraban, los que estaban en situación de miseria y precariedad. Esta atención, era enfocada bajo un prisma de atención asistencial, sin ningún rigor científico, técnico y metodológico y mucho menos, ningún tipo de estudio social sobre las necesidades detectadas, ni de los recursos disponibles, ni sobre todo, sin verificación comunitaria. Se realizaba una atención parcial de casos particulares justificados en muchas ocasiones por convicciones religiosas.  Fue a partir de la instauración de la democracia, y más concretamente a partir del año 1988, cuando de la mano de un cambio de planteamientos, se desarrollo una política de servicios sociales generales, para todos los ciudadanos, que comienza a consolidarse con un nivel de prestaciones básicas en la decada de los noventa. El acuerdo entre la Administración central, la autonómica y la local, haría posible la red básica de servicios sociales público. Con el acuerdo, nace el plan nacional concertado en 1988, y se consolida en 1995.

 

 La propia exposición de motivos, de la Ley Andaluza de Servicios sociales, de 1988, resalta los factores negativos que incide en esta situación, tras la transferencias de competencias, de la primera mitad de la década de los años ochenta, destacando la dispersión legislativa existente, la multitud de órganos gestores, y su distinto carácter, la diversidad de su régimen de financiación e incluso la propia compresión legal de los términos usados, en materia de servicios sociales. Estas son entre otras circunstancias, que configuran en el momento presente, un sistema de servicios sociales, que demanda de los poderes públicos, una acción, que regule, lo planifique, lo organice y en suma lo haga más eficaces.

 

 El contexto en el que a de desenvolverse, la creación de un sistema de servicios sociales, como último de los subsistemas de la protección social que se crea, y en el marco de la crisis del Estado de Bienestar Social, en la que se encuentra inmerso el mundo occidental desarrollado, con estrategias de contención del gasto público y de reducción en general, de las políticas sociales que se condiciona ya, desde su orígen el desarrollo de ese sistema público.  La intervención pública estatal ha sido una constante, en materia de Bienestar Social y en servicios sociales, desde entonces, y se supuesto la materialización legal de derechos sociales, para el conjunto de la población, y en especialmente para los más desfavorecidos.  Desde que se configurara el sistema público español de servicios sociales, las prestaciones básicas que se han llevado a cabo, han sido la de información y orientación, apoyo a la unidad convivencial, ayuda a domicilio, prevención e inserción social, alojamiento alternativo, y cooperación social.  Incorporando después nuevas prestaciones y recursos como lo derivados de la Ley de Dependencia.  Más tarde los servicios sociales especializados vinieron a reforzar las prestaciones ofrecidas, por los servicios sociales comunitarios, dentro de un marco del Estado de Bienestar, que por la inoperancia de los gobiernos de turnos, ha ido deteriorándose paulatinamente en los últimos años, no entendiendo el importante papel que juega las políticas sociales en el conjunto de la sociedad. La grave crisis económica por la que atravesamos, está avocando al límite a millones de personas y familias, que han perdido su empleo, viviendas o ambos, además de perder toda capacidad para poder salir en la situación en la que se encuentra.

 

 La ley de Servicios Sociales de Andalucía de 1988, fue un avance significativo en la unificación de servicios básicos para la población, objeto de intervención. La financiación de servicios y programas que regula dicha ley quedó fuera de la misma, y se asumió a través del Plan concertado.  Han pasado más de veinticuatro años de la aprobación de esa Ley, mientras otras comunidades autónomas han evolucionado, al aplicar leyes, de segunda y tercera generación, Andalucía, sigue manteniendo una ley que no responde a las necesidades actuales de nuestra población, que han evolucionado, de tal  manera que se exige una mayor capacidad de respuesta a los servicios sociales comunitarios, y esto determina una mayor complejidad de los servicios y prestaciones, debiendo estar a la altura de las necesidades de la población.

 

 La financiación de los servicios sociales comunitarios, debe tener carácter estable y permanente, para garantizar el normal funcionamiento, de esos servicios sociales comunitarios. La financiación actual, genera inestabilidad en el desarrollo de los programas ya que depende de las convocatorias anuales de subvenciones. Así mismo supone, una gran inestabilidad laboral, para profesionales y no permite afrontar una solución real, planificada y global de la demanda de los ciudadanos. De la aplicación de esa normativa, se puede ver claramente como de la gestión, de los servicios sociales comunitarios, no son delegadas a la Junta de Andalucía, como se establece a través de la Ley 2/88, sino son competencias de los entes locales. Esta gestión, no puede recaer en una financiación tan descompensada como la actual, la cual esta ocasionando que las corporaciones locales, asuman el gran peso de la misma.

 

 Con casi la mitad de la población española, en riesgo de exclusión social, o precaria, con una tasa de pobreza del veinticinco por ciento y una de cada tres familias con dificultad para llegar a fin de mes, y miles de hogares españoles, sin ningún ingreso, el brutal recorte en los presupuestos del cuarenta por ciento, dedicado a la protección social más basica, como son junto a la dependencia, las prestaciones básicas de servicios sociales, además de demostrar una profunda insensibilidad social ante la dramática situación de cientos de familias españolas, ponen en riesgo la cohesión social, y con ello, la capacidad de nuestra Sociedad, para salir de la crisis general, riqueza y bienestar.  Bienestar que empezó a desmontarla el anterior gobierno de la Nación, al modificar la Constitución tan rápidamente, dando prioridad a pagar la deuda de los grandes lobbis financieros, antes que el Bienestar de su población.  Serán muchos los vecinos afectados, y eso es lo que verdaderamente nos preocupa.
 
 Por la Sra. Portavoz del grupo popular, Doña Virginia Pérez Galindo, expone que cuando traen otros grupos municipales mociones, echa en falta que las reinvidicaciones que exigen a la Administración General del Estado, se exija a las demás administraciones que tienen competencias, en este caso, en materia de servicios sociales comunitarios.  Al exigirle solo a la Administración del Estado están dejando atrás las responsabilidades que le incumben a otros y que es importante recordar. En la moción que es muy amplia, y que usted ha explicado detenidamente, entre otras cuestiones que no ha planteado está la que no es la primera vez, que los fondos  destinados a los servicios sociales comunitarios, se ven mermados por parte de otros gobiernos precedentes al actual. Nos dice, que la Junta de Andalucía, es la que prácticamente asume esta financiación, obviando datos que no ofrece.  Hace referencia a la merma económica que existe en los presupuestos sobre este plan concertado de servicios sociales pero la Junta también recorta en esos derechos, tal como se constata en los recién aprobados presupuestos de la comunidad para el año 2013.  Pero es que además de lo que se presupuesto, existe otra cuestión esencial, cual es la ejecución de los gastos que vienen reflejados en los presupuestos de cada año. Así la Junta presupuestó en 2011, 19 millones de euros, para este concepto, resulta que ejecuta el gasto solo en el 60 por ciento, por lo que no se gastan cerca de 7 millones de euros presupuestados.  No gusta que se realicen determinados ajustes, pero uno no puede pedir, lo que no da.  Por eso, se debe ser coherente. Le recuerdo pues a ustedes, lo que no dan.

 

 Existe un problema con la Consejería de Bienestar Social, pues según los datos, en programas como el de drogodependencias el recorte es del 20.3 por ciento, y en relación a la atención a la primera infancia, más de 26 millones de euros, lo que supone casi un 16 por ciento. En cuanto al programa 3.1.g de la Bienestar Social, bajan 34 millones de euros, o el programa específico 3.1.r de atención a la dependencia supone un recorte de 78 millones de euros.

 

 Nos parece bien, que las Diputaciones y Ayuntamientos, que son las administraciones más cercanos a los ciudadanos, soliciten que les lleguen evidentemente transferencias de fondos, para poder desarrollar determinados programas, que eso, es lo que nos importa, y ahí se podemos llegar a un acuerdo, pero a cambio, de pedirlo a todos. Si se pide a todos, por igual, le vamos a apoyar esa moción. Si vemos la cifras como yo estoy haciendo, comprobaremos que las transferencias corrientes a las Administraciones Locales, que tenía la Junta de Andalucía, de 5.3 millones de euros presupuestado, solo mandaron a los Ayuntamientos, 2.5 millones de euros, y entonces estamos diciendo, que ejecutaron menos del cincuenta por ciento. Y son los Ayuntamientos los que finalmente cubren esos servicios sociales comunitarios.  Si la moción, sirve solo para confrontar postura, cada uno tendremos nuestra postura. Si quiere nuestro apoyo, debemos pedir a las dos Administraciones que nos manden los recursos para financiar esos servicios sociales y que hacen falta por los momentos económicos tan complicados que estamos viviendo.  Si no exige lo mismo a la Junta que está recortando y no ejecutando el gasto presupuestado en esos servicios como es el caso de la Ley de Dependencia, no podremos apoyarle la moción.

 

 Por la Sra. Concejal delegada de Bienestar Social, Doña Pilar Escudero Barroso, expone que conocía que el partido popular, no iba a votar a favor esta moción, pues los datos que pone sobre la mesa, sobre la Junta de Andalucía, no se ajustan a la realidad.  Respecto a la intervención del Sr. Amador, le indica que inoperancia de los gobiernos oportunos, respecto a los fondos destinados a las políticas de Bienestar  Social, en este caso, con los servicios sociales comunitarios, le indica que los mayores avances sociales en política social, siempre en este país, han venido de la mano del partido socialista, pues primero se implantó, el tercer pilar del Estado de Bienestar Social, conjuntamente con la salud y la educación, y posteriormente en 2007, con la promulgación de la Ley de la Dependencia. Es cierto, que ha existido parones en esta materia, durante estos 30 años de democracia, concretamente en los ocho años, en donde gobernó el Partido Popular, con el Sr. Aznar, y ahora con este nuevo gobierno del partido popular.

 

 Respecto a Andalucía, nos dice que la Ley, no responde a la realidad, y le invito, a que mires los datos de otras comunidades autónomas, como ese el caso de Castilla la Mancha, donde la Sra. De Cospedal, está desmantelando toda la estructura de los servicios sociales. Nos habla, de inestabilidad laboral, con respecto a trabajadores, le indica que la red de servicios sociales, de la Junta, es la red que está mejor instalada e instaurada, debido a la apuesta firme que realiza en ese ámbito, y  salvo los recortes que tenga que plantear algún Ayuntamiento, en aplicación de los planes de ajustes, que han tenido que acometer, le puedo garantizar, que en La Rinconada, no va a ver ningún recorte ni en plantilla, ni en servicios.

 

 Respecto al grupo popular, le indica que sabía que no iba a votar esta moción, pues de ella queda manifiestamente claro, que la Junta de Andalucía, apuesta por el Bienestar Social, pues la Consejería de Salud y Bienestar Social, va a gestionar más de diez mil millones de euros, en 2013, un 44 por ciento, del total del presupuesto de la Junta, y en el apartado de las personas dependientes va a gestionar cerca de 1.200 millones de euros, soportando el 70 por ciento, del coste de los servicios, cuando anteriormente, hasta el año 2011, los coste se repartían al cincuenta por ciento entre el Estado y esta comunidad autónoma.  Por lo tanto, se incrementa la aportación andaluza, en un veinte por ciento más, para que no haya ninguna minoración a los servicios a la atención de personas dependientes.

 

 El partido popular, recorta los fondos destinados al plan concertado de servicios sociales comunitarios, que mantienen la red de servicios sociales comunitarios, con una bajada en el presente y próximo año, del 67 por ciento, sin embargo la Junta, mantiene los fondos. Para La Rinconada, dentro de este plan concertado, nos transfiere la Junta, 185.000 €, misma cantidad que ejercicios anteriores, sin embargo el Estado, transfiere en 2013 solo 18.000 €.  
 Estos recortes de los fondos para el desarrollo de programas y servicios, tiene unos objetivos muy claro, por el partido popular, que no es otro que el desmantelamiento total del Estado del Bienestar Social. No creen, ustedes en el derecho de las personas, a los servicios sociales, que son fundamentales, y que se están viendo actualmente vulnerados con medidas que están provocando que muchas familias de este país, estén recurriendo a los servicios sociales, para solicitar ayudas y servicios, para de esta manera, aminorar los efectos de la situación económica tan difícil por la que están atravesando. La derecha solo piensa en el Bienestar Social, que tiene que estar ligado a las clases sociales, más pudientes, a los ricos, sin embargo las clases sociales más desfavorecidas, o en riesgo de exclusión social, solo pueden tener acceso a la caridad, y al asistencialismo, algo que estaba en este país, superado, tras treinta años de democracia. Estamos ante unos momentos de quiebra social absoluta, pues en un año, el partido popular, ha conseguido a base de Decretos, la mayor fractura social, y que nos retrotrae a etapas muy oscuras de nuestro país y mucha gente se está acordando de la etapa de la dictadura. Ha conseguido en un año, que los ricos tengan más y que los poderosos tenga más poder y por el contrario, las clases sociales más humildes sean más pobres, y con menos derechos.  
 
 Para el gobierno del partido popular, la calidad de vida y los derechos, solo debe ser para los que se lo puedan pagar. Nos dice la Sra. Pérez, que al gobierno popular, no le gusta los ajustes, pues si le gustara con un año que llevamos, más no cabe. Cuando nos habla del recorte realizado por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y pongo como ejemplo el 20 por ciento en materia de drogodependencia, programa que viene cosubvencionado por el Estado, y para el año 2013, el Estado ha desmantelado el plan nacional de drogas, y en este caso la Junta, ha tenido que hacer un ajuste, con los presupuestos y con los fondos, pues además estamos sujeto a una medida presupuestaria que se llama déficit. La Junta, hasta la fecha está haciendo sus deberes, en las políticas sociales, teniendo en cuenta, que ha tenido que elaborar un presupuesto, realista y austero por las indicaciones del Estado. Está desmantelando la sanidad pública, la educación, la justicia, los derechos laborales, las prestaciones sociales, la dependencia, las pensiones, los recursos para las personas inmigrantes, para los enfermos de adicciones, para las mujeres víctimas de género, para las personas discapacitadas. Respecto a  este último grupo de personas, le puede garantizar, que todos nuestro usuarios-as del Patronato Municipal de Personas con discapacidad, y tal como le indicamos a sus familiares, en el día de las personas con discapacidad, que no van a tener ningún recorte en la prestación de sus servicios, aunque el partido popular, está planteando otra cosa. Y lo digo aquí, porque entre las familias que se encuentran allí, y que tienen una persona con discapacidad, se encuentra la de alguien de su grupo municipal.  Ya podría, ese concejal, levantar su voz, para que no se produjera ningún recorte en la discapacidad. Eso es lo que debe hacer todas las personas comprometidas con la discapacidad, e impedir que no se reduzca ningún derecho.  Para el partido popular, todo lo que hemos hablado, son gastos, que se puede privatizar, sin embargo para el partido socialista, el Estado del Bienestar Social, es inversión en derechos, que han conseguidos igualar a todas las personas, independientemente de su condición social y del lugar donde vivan.
 
 Por el Sr. Concejal el grupo municipal de Izquierda Unida, Don Vicente Amador Vizuerte, expone que cuando hablo de empleo, no me refiero a la generalidad, sino al recorte presupuestario. En mi exposición he expuesto que la Ley andaluza de Servicios Sociales, fue un avance significativo, aun cuando se podía avanzar en mucha más cuestiones. En su moción, se indica que el Estado ha ido aminorando las cantidades destinadas poco a poco a políticas sociales, pero también verdad que la Junta de Andalucía, ante la coyuntura económica buena, podía paliar, la falta de presupuestos del Estado, ahora precisamente no se puede llevar a cabo. No podemos permitir que el Gobierno Central, haga dejación de funciones y que siga desmantelando el Estado del Bienestar Social, aprovechando la situación de crisis económica. Por ello, votamos a favor de esta moción.

 

 Por la Sra. Portavoz del grupo popular, Doña Virginia Pérez Galindo, expone que la Sra. Escudero, dice lo que le interesa, pues no dice la verdad.  Nos habla de recortes y ajustes en políticas sociales, y que la Junta es buena, pero las  verdades absolutas no existen, y las cifras están ahí, que salen de los datos oficiales, como presupuestos  y publicaciones.  Nos dice que la Junta, va a asumir el 70 por ciento de estas políticas y al respecto, le pregunta, si las va a pagar. Esta muy bien asumir las deudas, pero está mejor, pagarlas, pues no se puede asumir pagos que no efectúa. En educación pública, se debe 24 millones de euros, a distintos proveedores, pasándolo mal, los centros de educación infantil. Todos los saben.  O la deuda que debe a los centros de dependientes. De los veinticinco millones de euros que deben por las plazas concertadas, que supone la ruina para muchas empresas del sector, porque no pueden llevar la gestión de estas pequeñas empresas, por esos impagos de los servicios que prestan a la Junta. Hablamos pues de la realidad. Esa son las cifras de la Junta, primero no ejecuto lo que presupuesto, y luego lo que ejecuto, no lo pago.  A la gente se le debe decir la verdad de las cosas.  En 2011, los presupuestos no ejecutaron 5.5 millones de euros, en materia de transferencias a las Corporaciones Locales, trece millones, en servicios sociales comunitarios, y 2.5 millones de euros, respecto a los programas sociales a desarrollar en zonas especial de problemática social.  Intenta usted, tapar las vergüenzas de la Junta, y yo no estoy aquí, para tapársela a nadie.  Tenemos que ser consecuentes,  si le pedimos a las dos Administraciones que no recorten políticas sociales, le apoyaremos la moción, y no tengo que citar a la familia de ningún concejal.  Por lo tanto, además de pedir, que no se recorte, debemos pedirle a la Junta, que pague las deudas a los proveedores de esos servicios.

 

 Por la Sra. Concejal delegada de Bienestar Social, Doña Pilar Escudero Barroso, expone que la intervención del grupo popular, ha estado centrada en la gestión de la Junta, pues allí no gobiernan, y aún esta cuestión les molesta. Andalucía, sigue siendo el bastión socialista de España.  Le está tapando las vergüenzas del gobierno popular del Estado. Si ha existido retrasos en cuestión de pagos, se debe a que su Presidente del Gobierno de la Nación, no nos trata de igual manera, que a Cataluña, con los fondos de liquidez autonómico. A ellos, le dan la casi totalidad de lo pedido a ese fondo, y a nosotros nos ningunea, dándonos tan sólo el cuarenta por ciento de lo solicitado. Con ese dinero, nos podíamos poner al día con los proveedores. Nos quieren seguir asfixiando, por cuanto aquí no gobiernan. Le invita a que analice los últimos datos de la encuesta, que no les da buenos resultados. Otras cuestiones que motiva los retrasos respecto a los pagos, se debe a que los presupuestos generales del Estado para 2012, se aprobaron en Julio, porque habían que esperar a los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas. Eso produjo retrasos en  pagos, por las cofinanciaciones que había en muchos programas, por parte del Estado y de la Junta.

 

 El fraude es mentir y ocultar, lo que está haciendo el partido popular, en el gobierno de España, con Sr. Rajoy al frente, es el mayor fraude político de la democracia, pues desde el primer días, están gobernando con mentiras, ocultando su programa de gobierno, diciendo en las campañas electorales, todo lo contrario, a lo que están haciendo, cuando gobiernan.  Han engañado a muchos ciudadanos-as españoles-as, incluido algunos-as de su partido. No se escuden más, en la situación de crisis económica, pues ustedes, no creen en la igualdad de derechos, o la cohesión territorial entre los territorios de España, como principio fundamental, para que un país se desarrolle,  Así, por ejemplo, tenemos la subida de las tasas universitarias, para que estudien los que más tienen, los recortes en los recursos económicos, en la escuela pública, en el ámbito de la Justicia, pues tienen enfrente a la totalidad del sector judicial, con el tema de las tasas o peaje. La sanidad le pasa lo mismo, o las medidas próximas a tomar para que los pensionistas, tengan que copagar no solo los medicamentos, sino también las prótesis.  Si unimos todo esto, y le sumamos los recortes del plan concertado, que van dirigido a los servicios de ayuda a domicilio comunitaria y que en nuestro municipio, se está ateniendo con esos recursos a cincuenta y cinco personas, que todavía, no están con el derecho a la Ley de Dependencia. Ayudas de emergencias sociales, pues este año hemos destinados más de 1.300 ayudas, con un gasto de 150.000 €. Servicios y programas dirigidos a personas con adicción, atención a personas inmigrantes, recursos para prestaciones básicas y prestaciones complementarias, programas de reinsersión social para personas en riesgo de exclusión social, y otros muchos recortes más.

 

 Para este equipo de gobierno, el objetivo del Gobierno Central, es eliminar el Estado del Bienestar Social, le puedo garantizar, que muchos ayuntamientos, van a empezar a cerrar sus departamentos, porque no van a tener fondos para el mantenimiento del personal ni para atender a sus vecinos.  El Ayuntamiento de la Rinconada, no va a aplicar ningún recorte en servicios sociales a sus vecinos-as, pues el presupuesto que vamos a aprobar próximamente recoge una subida sustancial para seguir atendiendo de una manera directa a todas las familias, que en nuestro pueblo está pasando dificultades económicas,

 

Tras el oportuno de debate, se procede a la votación de la citada propuesta con el siguiente resultado:

 

 - Votos a Favor: 17, (14 PSOE y 3 I.U.)
 - Votos en Contra: 4, ( 4 P.P.)

 

 Visto todo lo cual, se acuerda por mayoría absoluta de los miembros que componen el Ayuntamiento Pleno el siguiente acuerdo:

 

 Único. Aprobar la moción del grupo municipal socialista, relativa al Plan Concertado  de Servicios Sociales Comunitarios, cuyo tenor literal es el siguiente:

 

 MOCIÓN RELATIVA A PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

 

 Exposición de Motivos

 

 En unos momentos en los que de forma reiterada se producen recortes por parte de la Administración del Estado en diferentes políticas públicas, afectando en ocasiones a elementos sustanciales de un Estado social, consideramos importante poner de manifiesto que la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha realizado un importante esfuerzo presupuestario para mantener durante el ejercicio 2012 su aportación a los Servicios Sociales Comunitarios, gestionados por las Entidades Locales y que constituyen la red de atención primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 

 Mediante la Orden de la Consejería de Salud y Bienestar Social de 4 de septiembre de 2012, publicada en el BOJA nº 195 de 4 de octubre, se establece la distribución de las cantidades a percibir por las Corporaciones Locales para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía correspondientes al ejercicio presupuestario 2012. La aportación autonómica es la misma que la del ejercicio 2011, es decir, 42.409.710,00 euros.

 

 Pero a la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios no sólo contribuye la Junta de Andalucía. En 1988, con el objetivo de que todas las Comunidades Autónomas tuvieran una red de servicios sociales municipales que permitiera garantizar unas prestaciones básicas a l@s ciudadan@s en situación de necesidad, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social propuso una serie de Convenios-Programas a las distintas Comunidades Autónomas. El Convenio de Cooperación entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se suscribe el 5 de mayo de 1988, prorrogándose desde 1989 hasta la fecha.

 

 Mediante estos convenios la Administración del Estado se compromete a hacer una aportación financiera creciente a lo largo de una serie de años para lograr esta cobertura mínima de servicios. Además hay un apoyo y colaboración técnica por parte del Ministerio competente en materia de servicios sociales, así como la creación de un sistema de indicadores comunes a todo el Estado, para poder establecer elementos de comparación.

 

 Si bien es cierto que fue la Administración General del Estado la que inició el Plan Concertado y le dio un impulso considerable a principios de la década de los 90, no es menos cierto que las expectativas de evolución de la aportación de la Administración Estatal no se ha cumplido y desde hace muchos años la cuantía a distribuir entre las Comunidades Autónomas ha permanecido prácticamente constante e incluso con alguna pequeña bajada en años puntuales. Mientras tanto la Junta de Andalucía ha incrementado su aportación en un 35% entre 2004 y 2012.    

 

 Con estos importantes incrementos de la aportación autonómica se ha ido compensando anualmente la falta de subida de la aportación estatal, sobre todo durante unos años que, debido fundamentalmente al fenómeno de la inmigración, se ha producido un considerable aumento de la población, elemento fundamental para la prestación de unos servicios universales y generalistas.

 

 La aportación proporcional de la aportación de la Administración General del Estado ha ido disminuyendo progresivamente durante estos años, aunque siempre había un mínimo en términos absolutos. Esa tendencia se ha roto totalmente en el ejercicio 2012, ya que la Administración General del Estado ha disminuido los créditos para esta finalidad, financiados a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, en un 45,5%, lo que ha supuesto bajar de 17.019.551,57 euros a 9.272.263,48 euros en el caso de nuestra comunidad.

 

 Pero el panorama para 2013 es más desolador todavía. En el proyecto de Presupuestos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para este ejercicio se plantea que la partida "A Comunidades Autónomas para Programas de servicios sociales” (aplicación 453 del Programa 231F) baje un 40% respecto a 2012. El grueso de estos Programas, entre los que también se incluyen los proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo Gitano, corresponde al Plan Concertado. De aprobarse este Presupuesto la aportación estatal a los Servicios Sociales Comunitarios descendería en dos años en un 67%, es decir las Entidades Locales, auténticas receptoras de estos fondos, dejarían de recibir dos de cada tres euros que recibían en 2011. Suponiendo que en 2013 se mantuviesen los mismos criterios de reparto entre las distintas Comunidades Autónomas, a Andalucía le correspondería 5.582.829,84 euros.

 

 Por el contrario, la importancia que para la Consejería de Salud y Bienestar Social tiene la tarea desarrollada por Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales como entidades gestoras de estos servicios se ha plasmado en el mantenimiento de los créditos que la Junta de Andalucía aporta para la financiación de los mismos, teniendo una prioridad absoluta respecto a otras políticas del Gobierno Andaluz.

 

 
 La Orden de distribución de créditos se ha publicado este ejercicio bastante después que en años precedentes, pero el motivo ha sido, por un lado, el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012 y, por otro lado, el retraso en la aprobación por el Consejo de Ministros de la distribución de estos créditos entre las distintas Comunidades Autónomas, ya que los datos manejados hasta la fecha son los facilitados en la Conferencia Sectorial, pues esta publicación aún no se ha realizado.

 

 No podemos olvidar que los Servicios Sociales Comunitarios, como señala la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, constituyen la estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, a diferencia de los Servicios Sociales Especializados, que son aquéllos que se dirigen a determinados sectores de la población que requieren una atención específica. Por consiguiente, los Servicios Sociales Comunitarios están dirigidos a toda la ciudadanía. Estos Servicios constituyen un primer nivel de actuación y la finalidad de los mismos es el logro de unas mejores condiciones de vida de la población.

 

 Estos Servicios están implantados en toda nuestra Comunidad Autónoma y se desarrollan mediante una demarcación territorial denominada Zona de Trabajo Social, existiendo actualmente en Andalucía 243 Zonas. Asimismo tiene una infraestructura básica para la prestación de estos Servicios en una Zona de Trabajo Social, que son los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, a cuya construcción, reforma y equipamiento también ha contribuido durante los años precedentes la Junta de Andalucía mediante un sistema de convenios plurianuales por los que se subvencionan a las Entidades Locales.

 

 En los Centros de Servicios Sociales Comunitarios existen tres Unidades Básicas Comunes: Dirección, Unidad Administrativa y Equipo de Intervención. Este Equipo de Intervención es el que realiza las tareas necesarias para el desarrollo de las Prestaciones Básicas del Sistema Público de Servicios Sociales y el personal que los integre ostenta, con carácter preferente, la titulación de Diplomado en Trabajo Social, Psicología, Educador Social u otras equivalentes.

 

 El número total de personas que trabajan en Servicios Sociales Comunitarios ha sido en 2010, último ejercicio con evaluación cerrada, de 27.146, sin computar el personal contratado con cargo al Acuerdo de Consejo de Gobierno de transferencias de créditos a las Entidades Locales para atender a las personas en situación de dependencia. Incluyendo a este personal serían 27.886 personas.
 Respecto a los puestos de trabajo, es especialmente significativo el número de personas Diplomadas en Trabajo Social (1.595 en toda Andalucía computando al personal financiado por el Acuerdo de Consejo de Gobierno citado), así como el personal Auxiliar de Ayuda a Domicilio, que son 23.610. Este último personal es esencialmente de empresas prestadoras de servicio en régimen de gestión indirecta y atienden esencialmente a personas en situación de dependencia.

 

 Valgan estas cifras para poner de manifiesto el importante número de personas que trabajan en estos Servicios en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 

 Desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios se prestan los siguientes Servicios:

 

 - Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento.
 - Ayuda a Domicilio.
 - Convivencia y Reinserción Social.
 - Cooperación Social.
 - Prestaciones complementarias.

 

 El Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento constituye la puerta de entrada a la red pública de Servicios Sociales. En este Servicio se llevan a cabo las primeras atenciones y prestaciones a la población, así como los contactos de gestión con los demás recursos sociales. Se ha de pasar por este Servicio antes que por cualquier otro. En el ejercicio 2010, último ejercicio evaluado, se atendieron en este Servicio a 635.666 personas.

 

 El Servicio de Ayuda a Domicilio, según establece el artículo 2 de la Orden de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 15 de noviembre de 2007, es una prestación, realizada preferentemente en el domicilio, que proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual.

 

 En la Orden citada se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio tanto en el ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales como en el del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, definiéndose en ambos casos como Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios. Se evita, por tanto, la creación de un Servicio de Ayuda a Domicilio específico para atender a las personas que se encuentren en situación de dependencia, prestándose el mismo desde los Servicios Sociales Comunitarios gestionados por las Corporaciones Locales de Andalucía.

 

 En el ejercicio 2010 se atendieron en este Servicio a 96.044 personas, incluyendo a las financiados con cargo al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

 

 Mediante el Servicio de Convivencia y Reinserción Social se pretende la incorporación de todos los ciudadanos a la vida comunitaria, haciendo especial hincapié en las acciones de carácter preventivo. En el ejercicio 2010 se atendieron en este Servicio a 176.179 personas.

 

 La función del Servicio de Cooperación Social es la promoción y potenciación de la vida comunitaria, impulsando el asociacionismo. En el ejercicio 2010 se atendieron en este Servicio a 93.399 personas.

 

 Por último, las prestaciones complementarias son prestaciones de carácter económico que completan a las técnicas o de servicios. Entre ellas destacan las Ayudas de Emergencia Social, destinadas a paliar contingencias extraordinarias que deben ser atendidas de forma inmediata. En el ejercicio 2010 se concedieron 233.936 ayudas de este tipo.

 

 En total en 2010 se atendieron, según datos facilitados por las propias Entidades Locales, en la Comunidad Autónoma de Andalucía a 1.022.882 personas.

 

 Es evidente por tanto que la Consejería de Salud y Bienestar Social mantiene su aportación a cada uno de los 81 Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y a cada una de las 8 Diputaciones Provinciales, ya que son muchos los profesionales que desarrollan su trabajo a pleno rendimiento en estos Servicios y, sobre todo, son muchos los andaluces y andaluzas que, ahora más que nunca, acuden a los mismos como último nivel de protección, ya sea para solicitar información y orientación, una prestación de servicio o una prestación económica.

 

 Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes

 

 ACUERDOS

 

 1.- El Pleno de la Corporación muestra su rechazo a los recortes realizados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para sufragar la red de Servicios Sociales Comunitarios en el Presupuesto de 2012 y en el proyecto de Presupuesto de 2013.

 

 2.- El Pleno de la Corporación insta al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a destinar en el presupuesto de 2013, la misma financiación que en el presupuesto de 2011, para mantener la red de Servicios Sociales Comunitarios de los entes locales de Andalucía.

 

 3.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la FEMP y a la FAMP.