Por el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Antonio Torres Carnerero, procede a la lectura de la moción presentada por su grupo municipal, para arbitrar las medidas eficaces y necesarias desde todas las Administraciones que pongan fin a la ejecución de desahucios.

 

 Seguidamente expone, que es la tercera vez, que este grupo municipal, trae a debate esta cuestión. Es tremendamente injusto que a una familia, le quiten la vivienda y además, mantenga una deuda permanente con la entidad financiera. Otro tema a destacar, es que mientras se están dando miles de millones a los bancos, sacados de nuestros impuestos, y muchos de ellos, de los vecinos que son desahuciados, al mismo tiempo son sacados de sus viviendas.  Dos son los motivos, que nos han impulsado a traer esta moción, a este plenario. En primer lugar teníamos la intención de solicitar, al equipo de gobierno, que suscribiese el programa andaluz en defensa, de la vivienda, y según se nos ha comentado, están en vía de suscribir dicho programa.  Nos alegramos, de que antes de que haya aparecido nuestra moción, presentada en el mes de noviembre, se haya dado cumplimiento a algunos de los puntos planteados en nuestra moción.  Nos alegramos también, porque recientemente en este municipio, se ha creado, también la oficina municipal, de prevención de los desahucios. Y ello, se ha producido tras nuestra petición.  El tercer motivo, para traer esa moción, es la insuficiente Ley, que ha aprobado el Gobierno Central, como así está catologada la inmensa mayoría de las plataformas contra los desahucios, y de las organizaciones sociales.

 

 El consejo de Ministros, del pasado 16 de septiembre, aprobó un Real Decreto Ley, de medidas urgentes para reforzar la protección a las deudores hipotecarios, y en el mismo se contempla la paralización solo y exclusivamente durante dos años, de los desahucios, que afecta a los colectivos, que cumplan los siguientes requisitos: No superar el nivel de rentas, de 1.597 €; haber multiplicado la carga hipotecaria, al menos por 1.5 en los últimos cuatro años; superar la cuota tributaria, el cincuenta por ciento, de los ingresos netos; tener un crédito garantizado sobre la única vivienda en propiedad; y además encontrarse en algunas de las siguientes circunstancias: ser familia numerosa; constituir una unidad familiar monoparental, con dos hijos a cargo; ser familias con algún menor de tres años. O sea se ponen tantas condiciones, que evidentemente queda reducido los posibles beneficiarios de esa Ley, a un número exiguo. Solo 125.000 familias, según datos del Ministerio de Economía, se verán beneficiadas. Ante esos datos, se formula las siguientes preguntas; ¿Qué ocurre, con el resto de familias?,  que son cientos de miles que quedan desamparadas con la actual legislación. ¿no sería necesario un cambio de ley, que los protegiera de la vorágine de los bancos?.  Solo estamos ante la moratoria por dos años, ¿qué ocurrirá una vez, transcurrido este tiempo? Y sobre todo, ¿qué ocurre con la deuda que sigue manteniendo todos ellos, con las entidades financieras, contraídas como consecuencias de hipotecas firmadas con claúsulas abusivas?. Es evidente que se hace necesario, un cambio de Ley que contemple como medida imprescindible desde ya, la dación de pago de la vivienda, y con carácter retroactivo, y si fuese necesario, se debe modificar la legislación al igual que se cambio la Constitución, para favorecer a los intereses de la banca alemana y francesa.

 

 Por la Sra. Portavoz del grupo popular, Doña Virginia Pérez Galindo, expone que en la exposición de la moción de Izquierda Unida, de que existe un Plan de la Consejería de Vivienda, cuya consejera, es de su organización política, según el pacto de gobierno de Andalucía, y en el que usted, habla muy bien del Plan, y quiere que se adscriba este Ayuntamiento. Para ello insta al municipio, a que se adhiera al Programa andaluz de defensa de la vivienda, también le insta, para que realice las gestiones oportunas para crear una Oficina Municipal. Insta tanto al Gobierno Central como a la Cortes Generales. Insta, otra vez, en un anexo que incorporan a su moción, la retirada del Real Decreto Ley, la paralización de los desahucios, la dación en pago, y todo ello dirigido al Gobierno de la Nación. Insta a todo el mundo, menos a su Consejera, que es quien tiene la competencia en materia de vivienda, según la legislación vigente. Usted insta a través de esa moción a que este Ayuntamiento suscriba este programa de vivienda, que para ustedes es fantástico, y que su Consejera le dió copia del convenio a ustedes antes que a este Ayuntamiento, del que yo también tengo copia. Y dice el convenio, que los Ayuntamientos tiene una serie de obligaciones, tales como el comprometer recursos humanos y medios materiales que determinen para resolución de conflictos que tengan los residentes de su término municipal, en relación a su residencia habitual y permanente. Es decir, su Consejera tiene una idea estupenda, cual es la que el Ayuntamiento monte una Oficina con su personal, que va a mantener y que además va a solucionar el problema de la vivienda. Su consejera, se compromete a propiciar, el realojo provisional. Tampoco se compromete a regalar suelo, como ustedes antes propusieron en otro punto del orden del día. El realojo provisional, sería en una vivienda de titularidad autonómica, y siempre que tengan viviendas desocupadas.

 

 El gobierno de la Nación, se encontró un problema social, y se ha dedicado a legislar sobre la legislación hipotecaria y la reforma del sector financiero. No se puede legislar como ustedes quieren, de aprobar la dación de pago con carácter retroactivo. Ustedes, solo propician un realojo provisional, en caso de que puedan. No dice en su moción, que la Consejera destine dinero a los Ayuntamientos, y le apoyaríamos su moción.  Usted pone bien a su Consejera, cuando ella, no hace nada, para arreglar este problema social. Nos dice que el Gobierno de la Nación, lo está haciendo mal, porque paraliza los desahucios de 125.000 familias, durante dos años.  El Gobierno, dice vamos a buscar la formula, con la creación urgente de un fondo social vivienda, con un parque de ellas, para destinarlo a alquiler con precios bajos, para personas que han perdido su vivienda. Y su Consejera no hace nada, pues lo único que hace es pedir, y poner una idea para que lo financien otros, con su dinero. Le pide a su partido, seriedad ante este problema social profundo. Estoy segura de que todos los de aquí representados, coincidimos de que no tiene que ver ningún desahucio, pues los momentos son especialmente complicados. Pero en la forma no, coincidimos, pues ustedes vuelven con la propaganda fácil.

 

 Por el Sr. Concejal delegado de Vivienda, Don Juan Carlos Expósito, expone que con Izquierda Unida, con el tono que utiliza en sus mociones, les cuesta llegar a acuerdos, y máxime cuanto insta a cosas que usted sabe que son compromisos o son realidades.  Todos conocemos, que la crisis económica, social y financiera, pese a que el Gobierno Central tiene menos sensibilidad, y que afecta a España, tiene efectos perversos y dramáticos sobre la vida cotidiana de muchas familias y que a la pérdida del empleo, se une también, el sobreendeudamiento, por el que atraviesan miles de hogares, que en un etapa de bonanza, decideron adquirir una vivienda, a precios que resultaron altísimos, y con hipotecas abusivas. En ese contexto, la pérdida de empleo, y la disminución de los ingresos familiares, ayudado también con el imparable subida del incremento del coste de la vida, entre otros, debido a la subida del IVA, hace que se más difícil para miles de familias, para atender el pago de las hipotecas. Para el Gobierno de la Nación, este problema sólo afecta al tres por ciento de la población endeudada, cuando en la realidad se trata de un drama social, que está teniendo consecuencias muy graves, como suicidios, depresiones, separaciones familiares y todas ellas derivadas de una situación injusta que puede y debe ser corregida, con medidas públicas.

 

 Es cierto, que el Gobierno de España, aprobó en marzo, un Real Decreto, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, del que todos advertimos que estaba avocado al fracaso, primero porque diversos estudios académicos mostraban que los requisitos de acceso, a las condiciones de ese Real Decreto, solo permitían acogerse sólo a una cantidad, muy pequeña de hogares españoles, y porque se articulaba solo a través de la adhesión voluntaria del sector financiero, a un código de buenas prácticas, que prácticamente no obligaba a nada. Desgraciadamente los hechos demostraron, tras varios meses en vigor, que apenas un millar de casos, pudieron acogerse a este Real Decreto.  Fue una ley a todas luces, insuficiente.

 

 Con esas estadísticas y con el deterioro de la realidad económica, y ante el aumento de la presión social, junto a la movilización de los principales partidos políticos, e iniciativas tomadas por otras Administraciones, aunque sin aportación económica, que pudiera al menos paliar estas situaciones, como el Programa andaluz de defensa de la vivienda, el Gobierno Central se vió empujado a aprobar y publicar otro Real Decreto, de medidas urgentes, para reforzar, la protección de los deudores hipotecarios, recociendo pues el fracaso de las anteriores medidas adoptadas. Este Real Decreto, vigente, pretende proteger a las familias, en situación de especial vulnerabilidad, estableciendo una moratoria de dos años, para casos concretos. Pero estas medidas, no han satisfecho a prácticamente a nadie, y como mucho son paliativas, temporales, y limitadas, y para mí, son de publicidad engañosa.  Este gobierno, no ha aprobado una moratoria, es la suspensión del desalojo por dos años, pues en este tiempo, la deuda seguirá generando y los intereses seguirán creciendo.

 

 Con todo esto, el grupo socialista, apoya la moción, pues compartimos el espíritu de la misma, pues se han podido hacer matizaciones en la misma, sobre retroactividad y de mediación en sentido amplio, y donde nuestras propuestas de establecer que las medidas del código de buenas prácticas del Real Decreto, sean obligatorias para todas las entidades de crédito, máximo si se han acogido al fondo de restructuración pues se ven reflejadas en dicha moción. Donde paralizar el devengo de los intereses de demora, durante el procedimiento, si se trata de ejecución de vivienda habitual, tienen cabida en la moción.  Donde modificar el Real Decreto, para que se incluya como beneficiarios, a todos aquellos ciudadanos, que no puedan hacer frente al pago de su hipoteca, como consecuencia de verse en paro, u otras circunstancias sobrevenidas, también se recoge. Y por último, se potencia y reconoce los procesos extrajudiciales, de ejecución hipotecaria, para evitar por todo lo posible, los desahucios, incluyendo la dación en pago, y se tiene en cuenta o valoriza la oficina de asesoramiento o ese trabajo histórico que se hacia por parte de muchos Ayuntamientos, aunque ahora se le dé un  nombre concreto. Por todo ello, se apoya esa moción.

 

 Por el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Don Antonio Torres Carnerero, expone que le hubiera parecido mejor que ese espíritu que comparten con esta moción, lo hubieran aplicado cuando estaban gobernando en el Gobierno de la Nación, porque ahora no estaríamos hablando de eso, pues estaría aprobado una ley contra los desahucios.

 

 El partido popular, tiene un grave problema, cual es intentar culpabilizar a todas las Administraciones, de su pésima mala gestión.  Nos quiere meter la muletilla de insta a la Sra. Consejera de Vivienda de la Junta, y al respecto le indica que usted, introduzca dicha enmienda, y nosotros, si consideramos que entra dentro de lo razonable, se lo aprobará.  Lleva en su poder, esta moción, al menos cuarenta días, y no ha intentado introducir ninguna enmienda de la que usted propone.  Nosotros tenemos el convenio de la Consejería, porque lo hemos pedido, y me consta que el equipo de gobierno, a través de sus gestiones están dando también su fruto.  Quien tiene la facultad de legislar, es el partido popular, y quien tiene competencias, para hacer una Ley que permita la dación en pago, es su partido, que es quien gobierna en España.  Quien tiene la potestad y la capacidad de paralizar los desahucios, no solo de 125.000  personas, sino del resto de familias afectadas por este problema, es su partido. Y si no lo hacen, porque no pueden o no quieren, serán ustedes los responsables.  La Consejera andaluza en materia de vivienda, no tiene competencias al respecto.

 

 Nos dice, que será necesario modificar la legislación, y nos dice que es difícil, pero tenemos un ejemplo cercano, cual es la modificación de la Constitución, que es la carta magna de este país, que es la Ley más difícil de modificar en este país, y no hubo ningún problema, y se pusieron de acuerdo los dos grandes partidos, para ellos, en cuatro días. Por eso, no entiende el problema de  modificar una Ley, que afecta a la posibilidad de paralizar los desahucios.  Se pregunta si es más fácil hacer una ley que regula la dación en pago, que modificar la Constitución. Solo es necesario, tener la voluntad política, de hacerlo, y el partido popular, lo único que ha hecho, es aportar una minúscula solución, para lo que se necesita, soluciones de peso y de envergadura.  Le vuelve a peguntar, qué ocurrirá dentro de dos años, con las personas, que todavía estarán amenazadas, con el desahucio, y con la deuda que se mantiene con los bancos. Mientras el partido popular, le da miles de millones a los bancos, está permitiendo que esos mismos bancos, echen a las familias de sus viviendas. Eso, es una realidad reconocida, por la Sociedad española. Y no hacen los que deben hacer.

 

 Por la Sra. Portavoz del grupo popular, Doña Virginia Pérez Galindo, indica que es la tercera vez, que nos trae esta moción, y siempre le hemos votado lo mismo.  Usted, lo ve todo muy fácil, y no es que le pida yo responsabilidad a su Consejera, es que la tiene. Yo no culpa a nadie de esta situación a diferencia de ustedes, que si lo hacen, a todo el mundo. El gobierno central actual ha adoptado medidas, pero antes había otro gobierno, y también existían los desahucios, que empezó en el año 2008.  El partido socialista, en esos momentos, no hizo nada, al igual que la actual Consejera, por eso le gusta a ustedes esta moción. El Sr. Zapatero, en su último consejo de Ministros, no adoptó medidas urgentes para paralizar los desahucios, tan sólo indultó al Sr. Saez, Directivo del Banco Santander, por lo tanto, no pueden darnos lecciones de bancas y desahucios.  No tomaron medidas para paralizar desahucios. Nos dicen que las medidas adoptadas ahora, son insuficientes, probablemente, pues mientras que haya una familia que pierda su vivienda, serán medidas insuficientes. Que se debe reformar la legislación, y llegar a grandes acuerdos en esta materia, es algo lógico y necesario.  El gobierno popular, se sienta antes de tomar estas medidas, con el partido socialista, que se levanta el último día, de la mesa.
 
 Cuando Izquierda Unida, empiece a andar por el suelo, y ver la realidad sin alucinaciones, y hacer propuestas sensatas, probablemente empezaran a tomar decisiones. Me parece perfecto que inste a todo el mundo, pero empiece con su Consejera de Vivienda, pues ustedes también son responsables en esta materia.

 

 Por el Sr. Concejal delegado de Vivienda, Don Juan Carlos Expósito Pérez, expone que el partido popular, sigue tirando balones afuera, pero ahora tienen la oportunidad de ponerse medallas, y para ello, deben legislar correctamente. En Marzo hicieron una chapuza, y en octubre, han hecho el parche a la chapuza. Por ello le pide que lo hagan bien. Por otra parte, las leyes vienen a resolver problemas o  articular la realidades contemporáneas, y por ejemplo, haber legislado hace ochenta años, sobre límites de velocidad en autopistas, hubiera sonado a cachondeo, hoy no.  Haber legislado sobre un tema dramático para muchas familias, en la actualidad, es reponsabilidad de quien gobierna ahora. No obstante existe un Real Decreto 8/2011, de 1 de Julio, del gobierno socialista, que sacó una norma legal, que mitigaba algo este problema social, se hablaba de umbrales de inembargabilidad, de subasta topes, de valor tope de tasación, etc. En noviembre hubo elecciones generales, y es hora de que legislen. Nos hablan de los indultos, cuando a ustedes no le hace falta, a tener jueces amigos, que no condenan a ex-presidentes autonómicos.

 

 Por el Sr. Alcalde, expone que apoyaremos la moción de Izquierda Unida, en cuanto a su espíritu, pero en su moción, meten en un mismo saco, una cantidad de cuestiones, que es imposible de realizar.  Se apoya pues por responsabilidad, y porque compartimos la filosofía global de regular esta cuestión de alguna manera, pese a no tener cintura política.  No estamos de acuerdo con el Real Decreto del Gobierno, ni que existan medios para evitar a fecha de hoy, la dación de pagos.

 

 Izquierda Unida, tiene la credibilidad que tiene, y ataca a todo el mundo, derecha e izquierda, cuando ustedes siguen sosteniendo a muchos gobiernos de derecha en este país, colaborando en determinada comunidad autónoma, y en determinados territorios, como es el caso de Extremadura.

 

 Ley hipotecaria, la dación en pago, o la situación de los desahucios, provocado por la situación económica por la que atraviesa este país, que tiene un causante, que es el creador de la burbuja inmobiliaria, que fue el Sr. Aznar, que dijo que todo el suelo era urbanizable, y para que de alguna manera, algún marido de alguna importante Presidenta de comunidad autónoma hiciera el agosto, u otros amiguetes.  Por lo tanto, el origen del problema es la Ley del Suelo de 1996, del partido popular, y que ha tenido estas consecuencias, como ha ocurrido en Bankia.

 

 Al partido popular, le viene bien que Izquierda Unida, cogobierne en la Junta, pues el argumento que utilizan en todos los debate, no es otro, que apoyar la moción, si se exige por igual a todo el mundo.  Hace trampas, pues no puede decir que la Junta hace recortes en empleo, cuando la causa no es otra que la disminución del 57 por ciento de los fondos que financian las políticas activas de empleo, por parte del Gobierno Central, y además no deja a Andalucía, que es la comunidad autonómica menos endeudada, que se endeude para poder compensar, esas cantidades, desde un objetivo político, nos tienen estrangulados.  Nos han quitado 400 millones de euros, en esas políticas activas de empleo. Al final el partido popular, no asume la responsabilidad que le han dado los ciudadanos, la de gobernar y aplicar un programa electoral que no tiene nada que ver, con el que se está planteando. 

 

 Había formulas para llegar a un acuerdo, y el partido socialista se levantó de la mesa de negociación, porque se ha hecho una chapuza, que cubre tan solo el cinco por ciento de los afectados, los bancos no ponen nada, y no asumen responsabilidad de los créditos que han otorgados a diestro y a siniestro,  no se cubre el tema de los padres avalistas, y que están perdiendo también sus viviendas, no tiene sentido el uso que se le da a las viviendas desahuciadas por parte de los bancos, que no es otra cosa que quitarle a razón de vida a una familia, y meterla en un saco, llamado “banco malo”. No se pide responsabilidades a comités de riesgos, ni a Presidentes de bancos ni exige a las entidades financieras una mínima responsabilidad social por el problema que han creado.  No se puede legislar a  golpe de efecto.  Una medida planteada por el partido socialista, era dejar esto cerrado, durante un año, sin que haya desahucio, y sin incrementar las condiciones de la deuda. Esto es un tema de Estado, y debe ser negociado con el principal partido de la oposición y que alternativa de gobierno.

 

 Dentro de la demagogia y del análisis global en este plenario, la responsabilidad municipal en este tema, no es otra que poner medios y arrimar el hombro, y se ha creado una oficina de información y prevención de afectados por los desahucios, y desde el 1 de diciembre, ya hemos atendido a 25 familias.  Vamos a seguir con nuestra política municipal de vivienda, que es la mejor política contra los desahucios, como es la entrega a 70 familias de viviendas protegidas en alquiler, cuya renta mensual oscilará a los 100 €.  Durante estos veinte años, tenemos un parque de 500 viviendas en alquiler, y no hemos acudido al desahucio, pues siempre hemos negociados con los inquilinos que no pueden pagar sus rentas.

 

 El Real Decreto Ley no resuelve absolutamente nada, y debería paralizar por un tiempo todos los desahucios y darnos un tiempo prudencial, para cerrar el proyecto de Estado, donde se podía articular la dación de pago, que los bancos hubieran asumido su responsabilidad, que la tienen, dejando en el camino parte de sus beneficios y de su responsabilidad.  La psicosis sigue en la Sociedad, y todas las semanas existen suicidios, u otras situaciones sociales dramáticas. Tenemos que ser capaces de dar respuesta a estas situaciones, con independencia de las encuestas, pueden ocasionar que la gente se desapegue de la política, y no poner en dudas, determinados valores democráticos.

 

Tras el oportuno de debate, se procede a la votación de la citada propuesta con el siguiente resultado:

 

 - Votos a Favor:  17, (14 PSOE y 3 I.U.)
 - Abstenciones:                                             4, (4 P.P)
  Visto todo lo cual, se acuerda por mayoría absoluta de los miembros que componen el Ayuntamiento Pleno el siguiente acuerdo:

 

 Único. Aprobar la moción del grupo municipal de Izquierda Unida, lista, para arbitrar las medidas eficaces y necesarias desde todas las Administraciones que pongan fin a la ejecución de desahucios, cuyo tenor literal es el siguiente:

 

MOCIÓN PARA ARBITRAR LAS MEDIDAS EFICACES Y NECESARIAS, DESDE TODAS LAS ADMINISTRACIONES, QUE PONGAN FIN A LA EJECUCIÓN DE  DESAHUCIOS.

 

La actual situación económica ha tenido entre una de sus más graves consecuencias, la destrucción de un gran número de empleos. Esta situación, agravada en nuestro país por la explosión de la burbuja inmobiliaria, es especialmente dramática en nuestra Comunidad Autónoma. Ello ha provocado que numerosas familias no puedan atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de las rentas de arrendamiento o, en su caso, de los prestamos o créditos hipotecarios firmados para adquirir su vivienda, siendo doblemente castigadas por dicha crisis financiera, al perder no solo sus empleos sino también sus casas.

 

Por eso es la tercera vez que el Grupo Municipal de Izquierda Unida trae una moción a este Pleno para tratar el tema de los desahucios, una en la anterior legislatura y dos en esta. Y es que ya éramos conscientes de que ese era uno de los problemas más graves que tenían los ciudadanos de este país, junto al incremento del paro y la pérdida de derechos sociales y laborales.

 

 Ya entonces hablábamos de la tremenda injusticia que suponía el hecho de que una familia, además de perder su vivienda habitual mantuviese una deuda con las entidades financieras. Sobre todo, teniendo en cuenta que éstas habían llevado a cabo una campaña publicitaria engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas; sobre todo teniendo en cuenta la sobrevaloración en las tasaciones y el lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas.

 

Hoy somos más, al amparo de los trágicos sucesos acaecidos como consecuencia del desahucio de un ciudadano, los que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado Social y Democrático de Derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos de todos los ciudadanos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.

 

Y parece que hay hoy una mayor conciencia por parte de las distintas administraciones para poner un punto de razón y justicia a esta situación. Esperemos que esta predisposición sea sincera y se vea plasmada en una legislación que evite este desvarío en que ha caído la sociedad actual, que permite que  mientras se destina miles de millones para lo que ellos llaman salvar a la banca, que no es otra cosa que encubrir el expolio que alguno de sus gestores han realizado a lo largo de estos años, y llenar el bolsillo de otros con indemnizaciones multimillonarias, se permita que estos mismos individuos procedan a quitar a familias enteras su residencia habitual, sin que nadie lo impida, al amparo de una legislación radicalmente inhumana, injusta y a todas luces anquilosada.

 

Hay que tener en cuenta que la pérdida de la vivienda habitual priva al individuo o la familia de toda residencia, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente y cargando con una deuda inasumible. Al mismo tiempo, la deuda que la persona desahuciada mantiene con la entidad financiera le dificulta o impide en muchos casos a recurrir a cierto tipo de ayudas, como por ejemplo, el acceso a viviendas en régimen de protección oficial.

 

 Y todo esto ocurre a pesar de contar nuestra sociedad con un ordenamiento jurídico con normativa, tanto nacional como internacional, que proclama los derechos de todos  sus ciudadanos/as.

 

 Así, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

 

El artículo 47 de la Constitución Española establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Igualmente, exhorta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.

 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía también consagra en su artículo 25 el derecho a la vivienda como la base necesaria para el pleno desarrollo de los demás derechos constitucionales y estatutarios.

 

Ante esta situación, las Administraciones no pueden dejar en papel mojado estas normas y permanecer impasibles, sino que deben realizar cuantas actuaciones sean necesarias y tengan a su alcance para dar amparo a los ciudadanos, al objeto de hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada.

 

Así, les corresponde al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales legislar para que se haga realidad la modificación de la Ley Hipotecaria, incorporando así  la obligatoriedad para la entidad bancaria de aceptar la dación en pago (entrega del piso como cancelación total de la deuda). También, para que la persona o familia desahuciada tenga derecho a permanecer en la vivienda a cambio de un alquiler social que no vaya más allá de un tanto por ciento razonable para que pueda seguir sobreviviendo con una cierta dignidad. No olvidemos que sale de los impuestos de los ciudadanos, también de quienes son desahuciados, parte del dinero que va para la banca. Se da por tanto la  paradoja, de que quien les ayuda sufre su expolio sin que nadie lo impida.

 

En otras administraciones ya se empiezan a dar algunos pasos. En este sentido, la Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía se pronunció en la línea de asegurar que no habría ni un desahucio más, ni amenaza de ello, en el parque de viviendas propiedad de la Junta.  Recientemente, desde la misma Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía se ha puesto en funcionamiento el “Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda”, para el asesoramiento, la intermediación y protección de las familias afectadas por la crisis económica y que se encuentren en riesgo de ser privadas de su residencia habitual y permanente. Estas acciones están dando sus frutos, con más de 300 familias asesoradas ya en un escaso mes de funcionamiento.

 

 Sin embargo, para conseguir la máxima eficacia del mencionado programa, se hace necesaria la colaboración de los Ayuntamientos, los cuales, como administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, son fieles conocedores de los problemas, necesidades y demandas de sus vecinos.

 

 Por ello, desde el firme convencimiento de la necesidad de aunar los esfuerzos públicos desde todas las Administraciones para resolver el grave problema que suscita a las personas que residen en Andalucía, y muy especialmente en La Rinconada, la perdida de su residencia habitual y permanente, el grupo Municipal de Izquierda Unida propone a este plenario los siguientes puntos de acuerdo:

 

 1. Exigir la retirada del citado Decreto Ley y su sustitución por una profunda reforma legal que contemple:
a) la paralización inmediata de todos los desahucios,
b) la dación en pago con carácter retroactivo, hasta donde la legislación lo permite.
c) el alquiler social como solución alternativa,
d) la reforma de la Ley de enjuiciamiento civil,
e) la reforma de la Ley hipotecaria, que contemple una quita de la deuda privada por la adquisición de la vivienda.
 2. En consecuencia, apoyar la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Proposición de Ley de la regulación de  la dación en pago, de la paralización de los desahucios y de alquiler social.

 

 3. Promover actuaciones de mediación  y de información de las familias en riesgo de desahucio, con el  apoyo de las oficinas provinciales del Programa Andaluz en defensa de la Vivienda, que eviten los  desahucios.

 

 4.- Pedir al Gobierno Central y a las Cortes Generales que inicien los trámites con urgencia para una  modificación de la legislación  hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los  casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la  deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada.

 

 5.- Instar al Gobierno de la Nación a implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de  las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya  producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos  que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos  inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no  superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.

 

 6.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, muy especialmente al Ministerio de Economía  y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso, Senado y del Parlamento de  Andalucía.