Por la Sra. Portavoz del grupo municipal  socialista, Doña Raquel Vega Coca, procede a la lectura de la moción presentada por su grupo relativa a las tasas judiciales.

 

Durante el debate de  este punto, se ausenta de la sesión, el Sr. Alcalde, asumiendo la Presidencia, el Sr. Teniente de Alcalde, Don José Manuel Romero Campos.

 

Por la Sra. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Doña Flora Rendón del Río, expone que estamos de acuerdo en apoyar a esta moción. Desde nuestro punto de vista, esta nueva Ley de Tasas Judiciales, supone un ejemplo más de la genialidad del gobierno del Sr. Rajoy y del partido popular. Y esa medida adoptada, se suma a otras medidas adoptadas por ese gobierno, como la reforma laboral, que quita derechos a los trabajadores, que consagra el empleo basura, y tras una subida del IVA, que merma la capacidad adquisitiva de las familias y los hogares españoles, y también de las Administrativas. Otra medida, fue aprobar una amnistía fiscal, que no solamente recauda lo previsto, sino que salvan a aquellos que se enriquecen de manera oscura y de forma poco legales, después de unos recortes en materia de sanidad brutales, después de recortes educativos, o de la subida de las tasas universitarias, que están padeciendo muchísimas personas. Después de recortes en la Ley de la Dependencia.

 

Esta nueva Ley de tasas judiciales, supone una ruptura porque a partir de ahora, cuando entre en vigor esta disposición, se romperá el principio de Igualdad de los ciudadanos, que tenía anteriormente, para poder acudir a los Tribunales de Justicia, y obtener el principio constitucional de la tutela judicial efectiva. Esto no solo supone un problema económico para muchas personas, lo que supone es un bombardeo, a los pilares más básicos de nuestro Estado Social y democrático de Derecho, y tal como lo consagra la Constitución.  Esta, es una de las patas fundamentales, pues rompe y produce una profunda desigualdad, entre los ciudadanos-as. El hecho de que una persona, por motivos económicos, pueda ver mermada su capacidad o la posibilidad de recurrir a la justicia, y defender sus derechos, o sus intereses, eso supone romper, con lo más básico de nuestro sistema social y democrático, que ya no digo que gozáramos pues el partido popular ha ido mermando esos derechos adquiridos a lo largo de muchos años, gracias a la lucha de muchas personas. Se está cargando el partido popular, estos derechos, con decisiones que no tenían planteado en su programa electoral. No gana las elecciones, prometiendo esas medidas, defraudando a sus propios electores, que depositaron su confianza en las últimas elecciones generales.

 

Respecto al contenido de la moción, la Justicia, va a ser más cara. Con esa nueva Ley de tasas judiciales, afectará al ochenta por ciento de la población, porque la justicia gratuita solo afecta al veinte por ciento de  la misma, y con bajos recursos económicos. Con esa Ley, se impide que muchas personas, puedan acceder a la jurisdicción civil, laboral  o contenciosa administrativa, presentando un recurso judicial, afectando a sus derechos o intereses. Lo que el partido popular dice, en defensa de esta Ley, es que quiere acabar con el colapso judicial, y lo hace de esta manera, impidiendo, que los ciudadanos acudan a la justicia. Es una genial y fácil idea para reducir servicios, y que va a suponer un perjuicio y limitación de derechos a muchas personas, y más en los momentos de grave crisis económica por la que atravesamos  Esta Ley, tiene un mal comienzo, pues solo lo aprueba el partido popular, pues el resto de fuerzas políticas de las Cortes, se posicionan en contra, además de contar con el rechazo de todos los representantes de los colectivos de la justicia, de los representantes de los sindicatos, de los consumidores, y otros colectivos sociales.  Existe un anuncio de moratoria, existe falta de medios, existe falta de información al personal adscrito a la Oficina Judicial, pues son los secretario judiciales, son los que tienen que tutelar, el hecho de que una persona tenga que pagar una tasa, hay ausencia o falta de formularios correspondiente. En definitiva no solo es una barbaridad a los derechos de los ciudadanos, sino que rompe el consenso social, político y profesional, que ha suscitado el rechazo de todos los colectivos implicados en la justicia.

 

Apoyamos pues la moción, pues nuestra organización  se posiciona en contra de esta Ley de Tasas. Tampoco  disponemos de lo suficientes votos, para interponer el recurso de inconstitucionalidad, y hemos tenido que acudir a la única vía posible, que es instado a la Defensora del Pueblo, a que presente dicho recurso contra la citada Ley. Además nos hemos brindando con nuestros once parlamentarios, a firmar cualquier recurso de inconstitucionalidad que presente cualquier otro grupo político en el Congreso de los Diputados.

 

Por la Sra. Portavoz del grupo municipal popular, Doña Virginia Pérez Galindo, expone que la Sra. Rendón desconoce que esta Ley de Tasas, ya está en vigor. En su intervención, ha mezclado muchas cuestiones, y ha dicho que la Ley es mala, pero no ha dado ningún solo dato.  Por la sencillez de su argumento, no voy a perder el tiempo, en contestarle.  No han hablado de la Ley.

 

Respecto, a la moción que presenta el grupo socialista, existen cuestiones que no son del todo cierta, sobre todo en la exposición de motivos. Nos dice la Sra. Vega, que la Ley de Tasas que ha aprobado el partido popular, obstaculiza el derecho a la tutela judicial efectiva, nos dice que rompe el principio de igualdad, y que todos tienen que pagar, y eso no es así. Las leyes pueden gustar o no, pueden estar mejor o peor redactadas, pero objetivamente, las cosas son como son. Esta Ley de Tasas, no rompe ni el principio de igualdad ni obstaculiza el acceso a la justicia.  El objetivo de la Ley, es evitar los abusos, y tiene una segunda vertiente, que es estar al servicio de los ciudadanos, porque el importe de lo que se va a recaudar por estas tasas, es fundamentalmente para financiar la justicia gratuita, algo que es importante.  Este servicio, en 2011, atendió a más de dos millones de personas, y ello acarrea unos costes económicos, que se debe pagar.  En su moción, nos dice que todos los ciudadanos deben pagar, y eso no es verdad.  Están exento de pagar las tasas, los ciudadanos que no tienen recursos, estableciéndose un mínimo de 2.5 el IPREM para no pagar, o los procesos penales, que representan el 72 por ciento, del total, de los procedimientos jurídicos, donde se incluyen los casos de violencia de género, y no tienen costes de tasas. Tampoco lo tiene la primera instancia del orden social, tampoco lo tiene la protección de derechos fundamentales, tampoco los juicios monitorios en el ámbito civil, que son las reclamaciones de cantidad inferiores a 30.000 € o los verbales inferiores a 2.000 €. Eso de que la justicia va a costar dinero a todo los ciudadanos, no es cierto. Podrá gustar o no la ley corporativamente, pero no va imposibilitar que los ciudadanos puedan acceder a la justicia. La Ley tiene un doble objetivo, primero que la justicia se tiene que financiar y una segunda vía, que se debe evitar los abusos de los ciudadanos. Ponía en su exposición tres ejemplos, donde en primer lugar no hace alusión, a los que usted está diciendo, como es la renta para disfrutar de la justicia gratuita, y que además existen otros ejemplos, que no pagan tasas.

 

Le pongo el ejemplo de un anuncio publicitario, que prueba el abuso,  “sabías que puede perder los puntos, y pagar las multas, no importa la gravedad de la infracción, con  la empresa X, no pagas la multa, redactamos el escrito de alegaciones, y se lo mandamos a la Administración, ellos probablemente devuelvan un tramite de audiencia y nosotros, le devolvemos otras alegaciones, y así empieza un partido, que puede durar de seis meses a seis años, y lo importante es que pasamos el recurso, al otro campo, la Administración, que tarde o temprano cometerá un fallo en el procedimiento, y ahí, es donde ganamos el recurso, y no pagas la multa. En la empresa X, llevamos quince años practicándolo”. Esta empresa, ya anunciado que va a acudir al Tribunal Constitucional, para recurrir la constitucionalidad de las tasas judiciales. Esa no es la justicia que quiere el partido popular. Por otro lado, las personas que no tienen recursos económico, si tienen acceso a la justicia, de forma gratuita.

 

Por la Sra. Portavoz del grupo socialista, Doña Raquel Vega Coca, expone que el grupo municipal socialista a considerado positivo, traer a esta moción a este plenario, para la defensa de los intereses de los ciudadanos de La Rinconada, y contribuir los intereses de los andaluces y españoles, en relación al fondo de esta moción. La Sra. Rendón en su intervención, se ha referido al fondo del asunto, con total conocimiento, como licenciada en Derecho.   Considero que la Sra. Pérez está incomoda en defender esta Ley, cuando todos los compañeros de su profesión, y toda la maquinaria judicial, se ha manifestado en contra, de esta Ley de Tasas.

 

En nuestra Constitución, la justicia es un valor superior, el ordenamiento jurídico, y es un objetivo fundamental, aparece como un servicio público, que proporciona a los ciudadanos, la última y necesaria garantía para el ejercicio de sus derechos y libertades. Y nuestra Carta Magna, reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, de los derechos y libertades. La justicia es la garantía última, de los derechos de los ciudadanos.

 

Cuando decía, la Sra Pérez, que no compartía, la manifestación de la moción socialista, en cuanto a que obstaculiza el principio de igualdad, o impide la tutela judicial efectiva, no quiero hablarle por la boca de miembros del partido socialista, pues tengo en mi poder, recortes de prensa, de colectivos involucrados en el ámbito de la justicia, que manifiesta el clamor unánime de la Sociedad, contra esta Ley, y que pone de manifiesto que el Gobierno, se ha quedado solo. Un gobierno que se queda solo en la defensa de esa Ley y que tienen a todo el mundo en contra, es un gobierno que debe rectificar ya.  La Ley está en vigor, y queremos que se rectifique la misma. Sentir de la abogacía española, con declaraciones como “no a las tasas, justicia para todos”, efectuada por el Consejo General de la Abogacía.  Resume la situación de la justicia, con una frase, “o pagas o no se mueve un solo papel”.  La ley, tiene dos objetivos, disuadir en el ejercicio del derecho a la justicia, y recaudar. Por otro parte, le expongo las reflexiones de Don Francisco Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, que ha mostrado su repulsa, con el clamor unánime de todos los que intervienen en la maquinaria judicial. En declaraciones en  rueda de prensa, ha manifestado que esta Ley vulnera la tutela judicial efectiva, definiendo la Ley, como un ataque frontal, al Estado del Derecho, y que reducirá en un 40 por ciento, los pleitos que lleva cada Letrado. Es una medida que va a afectar a los pequeños bufetes de abogados. La ha definido como un atropello, y que va a obstaculizar e impedir la justicia de millones de españoles, y que las tasas son prohibitivas para muchos ciudadanos, y que tienen un desmedido afán recaudatorio y que se toca uno de los derechos fundamentales del Estado del derecho, y una conclusión demoledora. Lamenta que se utilice la justicia, como ventanilla recaudatoria, y que nunca se había visto en democracia y antes de la misma. El gobierno se ha quedado solo, y no ha escuchado a nadie. En términos parecidos, se ha manifestado, la Asociación “Jueces para la democracia”, hablando, de las series dudas de constitucionalidad, de esta Ley. También se ha pronunciado, el Observatorio contra la violencia doméstica y de género”, del Consejo General del Poder Judicial, que habla de un obstáculos para que las víctimas de los malos tratos, soliciten la separación o divorcio, de su agresor.  Los sindicatos, dicen que limitan sus derechos constitucionales, y que va a crear una justicia de dos categorías. Facua habla de la implantación efectiva de una justicia para ricos y otras para pobres, y que abre la puerta, para que las empresas se nieguen a acatar las decisiones de arbitraje al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 €, para exigir su cumplimiento. 
 
Todos los partidos políticos están en contra de esta Ley de Tasas, con excepción del partido popular y todos los estamentos del sistema judicial.  Por eso le indico que se rompe el principio de igualdad, pues solo puede acceder a la justicia quien tenga dinero, y porque se vulnera la tutela judicial efectiva como dicen todos los sectores de la justicia.  Se impone unas tasas desproporcionadas, porque en determinados litigios, lo mismo paga un banco como un albañil, siendo imposible pagar esas tasas, para un importante porcentaje dela población. Le insta a que diga si está de acuerdo, con que se pague dos millones de pesetas, para unos padres, que han sufrido en un hijo una negligencia médica, o que se pague más de tres millones de pesetas, para una persona que está en una silla de rueda y reivindica a la aseguradora. O que un jubilado, después de los ahorros de toda su vida, no pueda acceder a esos ahorros, y tenga un pleito contra una entidad bancaria, y que tenga que pagar de entrada cerca de 4.000 €. Y dígame si no es obstaculizar o disuadir del sentido último, de poder reivindicar a la justicia, que para recurrir una multa de tráfico de 100 €, se tenga que pagar el doble y en algunos casos hasta 800 €. Usted en el fondo, tampoco puede estar de acuerdo.

 

En definitiva, se presenta esta medida para reducir el déficit, y que se suma a otras medidas, como el copago sanitario, estancamiento en la dependencia, copago en educación, tasas universitarias o esa reforma laboral. Curiosamente se impide que los bancos en Andalucía, puedan pagar un impuesto, como consecuencia del beneficio que obtienen por su actividad de comercio, con esa enmienda que presentaron a los presupuestos, para que la banca, fuera de rositas, como ha ocurrido con las grandes corporaciones o fortunas. Esas medidas, siempre la pagan la inmensa mayoría de la población, incluida la clase media y trabajadora de este país. Como decía el Ministro, es una Ley para repartir el dolor, pero la dureza para los de abajo, mientras que los beneficios fiscales como la amnistía fiscal para los defraudadores, lavándose dinero, de procedencia más que dudosa.

 

Rechazamos esa ley de tasas, por injusta, antisocial, antidemocrática y anticonstitucional, porque va a suponer pagar por demandas civiles, contencioso-administrativa, en los juzgados de lo social, tasas a las reclamaciones de cantidad, en procesos concursales, en recursos de apelación, de suplica y casación, que puede llegar a los 1.250 €.  Rechazamos estas tasas, porque han unido a toda la Sociedad y a todos los sectores de la Justicia, como jueces, fiscales, a procuradores, a abogados, y a consumidores. Entendemos que esta ley es mala, es una agresión a la democracia, no pudiendo consentir que solo la justicia pueda valer para quien se la pueda pagar, ni se tenga que preocupar por la duración del pleito o por el coste del mismo y que por tanto existan ciudadanos que ni siquiera se pueda plantear a acceder a la defensa de sus reivindicaciones.  No nos parece una Ley proporcionada.

 

No dice la verdad, cuando habla de justicia gratuita, pues solo se centran en la justicia penal, pero se olvidan de la asfixia económica de los trabajadores, y su derecho a ejercer sus reclamaciones, qué pasa con los despidos, con la precariedad laboral, o la debilidad del obrero ante una gran empresa, o con las multas o sanciones administrativas,  que no respetan derecho, o con los divorcios, o con la posibilidad de rehacer una vida en pareja que puede verse frenada, qué pasa con las PYMES, o ante la imposibilidad de protegernos como consumidores.

 

En relación a lo que plantea sobre el objetivo de financiar la justicia gratuita, no es verdad, pues como afirma el Consejo General de la Abogacía, la justicia gratuita que da servicio a más de un millón de ciudadanos sin recursos, apena supone un 6.5 por ciento del total del gasto en justicia, de todas las Administraciones Públicas, aproximadamente unos 250 millones de euros de un total de 3.837 millones de euros. Es decir atendiendo a estas cifras, y la que figura en la memoria del proyecto de Ley de las tasas, como previsibles ingresos se cifran en más de 400 millones de euros, por lo tanto existe un importante excedente que será ingresado, en el tesoro público, sin vinculación alguna a la finalidad recogida en la ley.  Su argumento queda totalmente desmontado.

 

Es la peor Ley que puede hacer un gobierno, impidiendo a la gente ir a los tribunales, hacen que todos los derechos estén recortados.

 

Por la Sra. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Doña Flora Rendón del Río, expone que las palabras de la Sra. Pérez, nos traen sin cuidado, y no nos ofenden.  No han dado en su intervención ningún tipo de argumento favorable, a esta Ley de Tasas judiciales, que no  sea para recaudar más dinero.  No tienen ningún argumento favorable para defender esta ley, que va a impedir a muchísimas personas, a acudir a la justicia, y usted lo sabe, como yo.  Pues una persona, para presentar un recurso de apelación o casación, o para realizar determinadas cuestiones, dentro del proceso judicial va a tener que pagar. Y eso va a suponer muchos problemas para el ochenta por ciento de las personas, que si tienen ingresos económicos, y que quedan fuera de la asistencia jurídica gratuita, pero tal como está la situación económica van a tener problemas, y va a ser un elemento disuasorio, el hecho de tener que pagar para acudir a la justicia. Eso deja de ser justicia.  Va a costar más el collar que el perro, o lo que es lo mismo, es más costoso acudir a la justicia, que lo que pueda obtener de ella.  En nuestro país, la justicia está perdiendo su nombre  Y eso lo sabe usted al igual que yo, y por intereses partidistas que ustedes tienen, no va a dar ningún linea de defensa de nuestros vecinos rinconeros-as que se van a ver afectados por esta tasa, al igual que se van a ver afectados por los recortes en educación, o por los recortes de la Ley de Dependencia. Usted, como representante de los ciudadanos, antepone los intereses de su partido. Todo lo que se ha traído aquí, como mociones contra desahucios, contra la reforma laboral, contra la situación económica, han preferido siempre estar al lado su partido, y no ha tenido la mínima valentía de defender los intereses de lo ciudadanos-as del municipio.  Esta ley va a impedir que muchos ciudadanos acudan a la justicia y que supone ametrallar nuestro sistema democrático, social y de derecho, tal como se consagra en nuestra Constitución.  Así, como ejemplo escandaloso, está el pago de 350 € para reclamar daños y perjuicios en los juzgados, por la cancelación de un vuelo, por cuantía de 1.500 €, o abonar 715 €, por exigir 3.000 €, por intereses cobrados de forma abusiva en un crédito o una hipoteca.

 

Utiliza el argumento de que no hay dinero, y que se debe financiar la justicia gratuita, y al respecto le indica que hasta el momento ese servicio gratuito se financiaba en su totalidad a cargo de los presupuestos del Estado. Pero, modifican con otros, la Constitución Española, para pagar 40.000 millones de euros, de los presupuestos de 2013, a los intereses bancarios, y por ello, sacan la tijera de podar y lo meten ustedes en los más vulnerable, esa es su ideología.  Al respecto recuerdo las palabras de una profesora de Derecho Penal, que me decía “queridos alumnos-as, las cárceles españolas están llenas de toxicómanos, de pobres, hombres y mujeres sin recursos económicos, porque los auténticos ladrones de guante y cuello blanco, están en sus casas, y tienen defensa y recursos para acceder a la justicia”. Y eso es una realidad, y con esa Ley de Tasas judiciales, están bombardeando los derechos que teníamos consagrados. 

 

Comienza mal la aplicación de esta Ley, porque se establece una moratoria, al haber faltas de recursos, porque no hay formularios en las oficinas judiciales, porque los secretarios judiciales que tienen que tutelar el pago de estas tasas, no se le ha informado correctamente.  No existe material oportuno. Nos dice usted, que se debe evitar abusos, y al respecto ven abusos por todas las personas, en la persona desempleada que busca trabajo, y recortan sus derechos, ven abuso en la persona con discapacidad que cobra una prestación. Ven el mal por todas las partes, menos en los bancos, o en los intereses bancarios, menos en la especulación o en una amnistía sin hacer el mínimo miramiento a ese dinero negro que se está lavando. Si verdaderamente, se necesitan ingresos en España, que comience recaudando y aprobando una reforma fiscal progresiva, para que pague quien más puede o más tiene, y no comiencen por debajo, que es lo más fácil.

 

Por todo lo expuesto, votaremos a favor de la moción que se presenta contra la Ley de Tasas Judiciales.

 

Por la Sra. Portavoz del grupo popular, Doña Virginia Pérez Galindo, explica  la Sra Rendón, que nosotros no vemos el mal en todas las partes, y mucho menos en las personas que sufren el desempleo, o las personas dependientes. No entendemos que exista abusos en ambas prestaciones, eso es lo que usted quiere decir, y no es verdad. Lo que es cierto, es que existen abusos, y eso no lo dice el  partido popular, lo dice la propia judicatura, que es quien insta en un principio, a que se realice esta Ley de Tasas. Que no le guste la redacción de la Ley, no quiere decir que no lo hayan propuesto los jueces.  Ellos, advierten de determinados abusos que se producen en el orden judicial. No considero que la Ley de Tasas que se ha hecho, sea la panacea, pero que realmente el sentir de la Ley, es ese. Nos dice, ustedes que la financiación no es el objetivo real de la Ley, porque antes se financiaba la justicia gratuita con los presupuestos.  Y eso, se lo tendrá que decir respecto a los presupuestos de la Junta de Andalucía  y le dice también que le deben más de 25 millones de euros a los abogados por los turnos de oficio y por las guardias asistenciales a detenidos, en el último cuatrimestre del año 2012.  Conozco al Decano del Colegio de Abogados de Sevilla,  Sr. Gallardo, al estar colegiada como abogada.  Y este señor, ha reclamado a la Junta que le abone la deuda de 24.194.685 €, a todos los abogados andaluces, que durante el ejercicio 2012, han estado prestando sus servicios, y que aún no le han pagado.  Y me dice que la justicia tiene financiación y que esta ley no persigue dicha finalidad.  Si hubiera dinero para pagar la justicia, probablemente estos señores abogados hubieran cobrados. Y estos impagos, pasan en otras instancias, como los comedores escolares.

 

La Ley, es mejorable, y el sentir de la Ley, es mejorar la justicia y financiarla. El dinero, no cae del cielo. Para que exista realmente ese principio de igualdad, o la tutela judicial efectiva reconocida en la Constitución, hace falta financiación. También el artículo 24 de la Constitución, habla del derecho a los procesos judiciales sin dilaciones indebidas, y que no se tarden doce años en tener un pronunciamiento judicial.  Se deben arbitrar mecanismos que financien a  la justicia, y evitar impagos de 25 millones de euros a los abogados, que reclaman su derecho a cobrar. Lo mimo ocurre para financiar el deporte en la localidad, y mantener adecuadamente las instalaciones deportivas municipales.

 

Por la Sra. Portavoz del grupo municipal socialista, Doña Raquel Vega Coca, explica a la Sra. Pérez, que Andalucía, es una de las cuatro comunidades autónomas, con mayor inversión en justicia gratuita y la comunidad con mayor asuntos de justicia gratuita tramitados, 340.105 expedientes, que suponen el 20 por ciento del total nacional. Suponga que conocerá que cuando el partido popular, entrega las competencias de justicia, a las comunidades, lo que deja, deja mucho que desear, pues las infraestructuras estaban absolutamente obsoletas, y que el quince por ciento de los juzgados, tenían algún sistema informático o adecuado. Existía una auténtica precariedad de medios. Fue el Sr. Aznar el que transfirió a Andalucía esas competencias, el esfuerzo inversor en justicia ha sido muy importante, pues es una de las que más dinero destina en relación a su PIB, y está a la cabeza del país, junto a Canarias, mientras que a la cola, nos encontramos, están Galicia o Madrid.  Se han dado pasos importantes en esos pagos pendientes a abogados, que deben agilizarse, algo que instamos que se haga a la mayor brevedad posible. En el mes de diciembre se han hecho por este concepto, algunos de esos pagos, como ha informado el Sr. Consejero de Justicia andaluz.

 

Cada vez que se saca un argumento nacional, usted siempre utiliza el mismo argumento, que es recurrir a Andalucía, sino existiera otras realidades autonómicas que no interesa referir, y para evitar de no hablar del sentido y el eje de la moción que traemos aquí, que es una moción de Tasas, absolutamente nefasta. Usted no está de acuerdo con el contenido de esa Ley, que será rectificada porqué así, lo exige toda la sociedad.  No puede hacer un rodillo para adoptar esta medida, sin escuchar a nadie. Los jueces dicen que no han instado la aprobación de esta Ley, como usted dice, y que no se le ha escuchado. Entienden perfectamente esos dos aspectos por el que el partido socialista, ha planteado un recurso de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional.  El primero, contra el principio de igualdad, pues divide a la sociedad, estableciendo una justicia con dos velocidades, para los ricos, que no tienen problemas para financiar un pleito, que pueden asumir la duración del pleito, y de la inmensa mayoría de los españoles, que no pueden acceder a la justicia gratuita, y que son un seis por ciento, según los datos del Consejo General del Poder Judicial.  Existen tantos estamentos de la maquinaria judicial, como jueces, procuradores, abogados fiscales, notarios, secretarios judiciales, lo rechazan. El mismo Fiscal General del Estado, ha lamentado, el tenor de las tasas judiciales, en su sentido desproporcionados, que dificultan el acceso a la justicia, al ser de una cuantía económica elevada.  Muchas personas se ven limitada a plantear la defensa de sus derechos e intereses ante los Tribunales de Justicia.  Se está vulnerando la Constitución. Es una Ley injusta e insolidaria, y que va a poner en riesgo a los colectivos más vulnerables. Hemos pedido, como partido socialista, que no se paguen tasas por divorcios, a cánones a los consumidores, o el tema de negligencias médicas a los afectados, o que no paguen las personas que recurran una multa, las víctimas de violencia de género, o los afectados por las acciones preferentes de los bancos, o los trabajadores afectados por las decisiones judiciales.

 

Es la peor Ley, que puede hacer el Gobierno, porque impedir a la gente acudir a la Justicia, hace que automáticamente todos los derechos estén recortados.  Valoro positivamente el discurso de que los recursos públicos deben ser sostenibles, pero eso, no es lo que decían hace un año, pues existe un acta notarial, después del año mariano, de incumplimientos y promesas que no se han llevado a efecto.  Decían que podían bajar los impuestos y mantener los servicios públicos, en su calidad, sin recortes en educación, en sanidad, en dependencia, en prestaciones por desempleo, y al final han caído en la realidad. Su discurso fue mentira, y un fraude en cuanto al programa electoral presentado al país, y que tendrá consecuencias. Respecto a esta Ley, tenga la humildad, de escuchar y que no se plieguen a posiciones de partidos.  Ese debate ha sido difícil para usted, pues no ha dado ningún solo argumento de peso para salir airosa del mismo, pues no los tienen  Espera que rectifique en este plenario, y por el interés de los vecinos que usted representa diga no a esta Ley de Tasas.

 

Tras el oportuno debate, se procede a la votación, con la siguiente propuesta:

 

Voto a Favor: 15 (12 PSOE y 3 I.U)
Votos en Contra: 4 (4 P.P)

 

Visto todo lo cual se acuerda por mayoría absoluta de los miembros asistentes que compone el Ayuntamiento Pleno, el siguiente acuerdo:

 

Único, aprobar la moción del grupo socialista, relativa a la tasas judiciales, que a continuación se transcribe literalmente:
 
EXPOSICION DE MOTIVOS

 

El pasado 21 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley de Tasas Judiciales (Ley 10/2012), una norma aprobada por el Gobierno de Rajoy, tramitada con carácter de urgencia ante las Cortes Generales y que salió adelante la jornada de huelga general en el Senado con los votos en solitario del PP. La nueva ley extiende por primera vez el pago de las tasas judiciales a toda la población.

 

En el año 1986, el Gobierno del PSOE aprobó la Ley 25/1986 por la que se suprimían las tasas judiciales para facilitar que tod@s l@s ciudadan@s pudieran recurrir a la justicia, cualquiera que fuera su situación económica o su posición social. Así se mantuvo hasta 2002, año en el que el Gobierno del Partido Popular (Ley 53/2002) introdujo la tasa para las empresas con volumen de negocio superior a ocho millones de euros al año. El Tribunal Constitucional en una sentencia de febrero de 2012 consideró constitucional esta modificación al tiempo que dejó claro que la cuantía de las tasas no debía impedir u obstaculizar el acceso a la justicia. Eso es precisamente lo que consigue ahora la nueva ley aprobada por el Gobierno al elevar de forma desmesurada su cuantía y extender su aplicación a todas las personas físicas, a tod@s l@s ciudadan@s.

 

A partir de ahora, pagarán todas las empresas y cualquier ciudadan@ que presente una demanda civil (pleitos entre particulares), contencioso-administrativa (contra la Administración) o social (pleitos laborales). Pagará en primera instancia (salvo en lo social) pero, sobre todo, en segunda: al recurrir.

 

Esta nueva ley vulnera la tutela judicial efectiva. Las tasas judiciales que establece el Gobierno son tan desproporcionadas e inalcanzables económicamente para un significativo porcentaje de población que supone, de facto, obstaculizar que la mayoría de l@s ciudadan@s puedan acudir a la Justicia, en defensa de sus intereses y derechos. Unas tasas tan elevadas resultarán también disuasorias, porque, en algunos casos, son superiores a la cuantía del pleito, es decir, a lo que se obtendría en caso de ganar el juicio.

 

Pero por encima de todo, la nueva medida del Gobierno de Rajoy rompe el principio de igualdad. Ahora sólo podrán acceder a la justicia quien tenga dinero. El propio Consejo General de la Abogacía ha reconocido que esta ley “consagra una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadan@s”.

 

Algunos ejemplos prácticos corroboran estas afirmaciones: 

 

Unos padres -un caso real- reclamaron 600.000 euros de indemnización después de que su hija sufriera graves daños cerebrales por una negligencia médica en el parto. Los padres tuvieron que llegar al Supremo para que les diera la razón (sentencia del 23 diciembre de 2002). No tuvieron que pagar. Hoy tendrían que pagar 11.300 euros.

Un ocupante de un vehículo se queda tetrapléjico en un accidente y reclama a las compañías aseguradoras 1,3 millones de euros. Interponer una demanda le cuesta 6.050 euros; si tiene que recurrir en apelación, otros 6.550, y si tuviese que llegar al Tribunal Supremo 6.950 euros. En total 19.550 euros.

Un jubilado que demande por vía civil a un banco para recuperar unos ahorros de 100.000 euros, tendrá que pagar un mínimo de 800 euros y un máximo de 3.800 euros para que se estudie su caso, dependiendo de si llega al Tribunal Supremo o no.

Una multa de tráfico con un importe de 100 euros costará una tasa de 200 euros si se recurre en primera instancia y de 800 euros si se hace en segunda. De igual forma, un/a trabajador/a que quiera recurrir un despido o reclamar a una empresa una cantidad económica, si recurre en segunda instancia deberá abonar 500 euros.

En definitiva, con la nueva Ley de Tasas Judiciales aprobada por el PP al ciudadano le va a costar mucho dinero defender sus derechos ante la Justicia.

 

El PSOE ya ha anunciado que recurrirá esta ley ante el Tribunal Constitucional al considera que se trata de una norma claramente inconstitucional porque vulnera el derecho de tutela judicial efectiva, impide y obstaculiza el acceso de l@s ciudadan@s a la justicia para la defensa de sus derechos y modula que sólo quienes tienen recursos económicos puedan realmente acceder a la justicia.

También la Junta de Andalucía está estudiando llevar la ley al constitucional, porque limita el acceso y disuade a la ciudadanía de recurrir a la justicia, además de suponer un ataque a una parte importante de la ciudadanía que no dispone de recursos económicos para ello.
 Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes

 

ACUERDOS

 

1.- Instar al Gobierno de España a derogar la Ley de Tasas Judiciales.

 

2.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a los Ministerios competentes, a la FEMP y a la FAMP

 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las diez  horas y cuarenta  y cinco minutos del día al principio indicado, el Sr. Presidente da por terminada la sesión de la que se extiende la presente acta, que deberá firmar, conforme a lo establecido en el art. 110 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 20 de Noviembre de 1986, conmigo el Secretario, que certifico.