Por el Sr. Concejal del grupo municipal socialista, Don José Manuel Romero Campos, procede  a la lectura de la moción presentada por el grupo municipal socialista, relativa al proyecto de Ley del Sector Eléctrico.

 

Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, don Vicente Amador Vizuerte, expone que en rasgos generales, este proyecto de ley, de reforma del sector eléctrico supondrá un nueva subida del  recibo de la luz,  y el abandono consciente de políticas de fomento de energía renovables. En primer lugar, no es aceptable que una reforma de esta envergadura y alcance que modifica una ley vigente, durante los últimos dieciséis años, se realice en apenas cuatro meses, sin transparencia, y sin una tramite de audiencia con los sectores implicados. Es una practica a la que nos tiene acostumbrado el partido popular, que piensan que en esta legislatura, se debe derogar y hacer nuevas leyes, a todo prisa, antes de que se acabe la misma.  Espera que en la próxima legislatura, cambie esa dinámica.

 

Todos los sectores, tenemos que coincidir, en la necesidad de apostar por la energía renovable, y concretamente por la solar, que es un sector de especial importancia para nuestra región. La reforma proyectada supone una autentica involución que aleja al país de modelos energéticos sostenible y busca que las energías renovables pasen a la historia, en beneficio del gas y la energía nuclear, plegándose a los intereses de las grandes compañías del sector.  Es curioso, que esta reforma, señala a las energías renovables, como único responsable de la insostenibilidad económica del sistema eléctrico, sometido a una deuda creciente, que el gobierno no está sabiendo resolver. Es necesario resaltar que las renovables pueden ser proveedoras de la mayor parte de la energía eléctrica, que consumimos. Así en los primeros nueve meses del año, ha aportado el 40 por ciento del total de la energía eléctrica consumida.

 

Desde el punto de vista del consumidor, la reforma supondrá, una nueva subida de la luz, al aumentar el precio fijo del mismo, y se calcula que se aumentará un 60 por ciento, en los próximos cinco años, y que no solo repercutirá en los particulares, sino en las administraciones públicas, sobre todo las locales, que tendrán que pagar más, por la electricidad consumida. La reforma permitirá a las compañías suministradoras, cortar el suministro eléctrico en los servicios esenciales como los bomberos, centros sanitarios o educativos.

 

Estas medidas, agravaran los problemas de la pobreza energética, pues se estima que un diez por ciento de la población, no pueda pagar los recibos de la luz, lo que generará una carga para los servicios sociales municipales, que tendrán que aumentar las ayudas para la cobertura de estos gastos.  La Junta de Andalucía intenta regular estas ayudas para la rentas más bajas.

 

La agresión a las energías renovables en España, no es un fenómenos nuevo ni un rasgo distintivo del partido popular, pues ya desde el año 2009, se están aplicando políticas de ahogamiento a este sector, que se van a potenciar con la aprobación de esta nueva Ley, si finalmente se aprueba en los términos en la que ahora está planteada.

 

El anteproyecto, entra  en contradicción con la reciente Ley 8/2013, de rehabilitación y actualización del código técnico de la edificación, que busca reactivar la economía, y crear empleo, a través del autoconsumo, la eficiencia y la renovación energética de edificios en cumplimiento de las directivas de eficiencia energética. 

 

Todas esas medidas, supondrá un impacto negativo, que afectará en España, respecto al crecimiento y desarrollo de las energías renovables, pues mantiene la moratoria, en la construcción de las nuevas plantas renovables, reduciendo la retribución a estas empresas, y bloqueando el autoconsumo, lo que conlleva la destrucción, de empleo, vinculado directa o indirectamente al sector, la pérdida de inversiones, la reducción de la recaudación asociada al desarrollo de nuevas instalaciones, o el aumento de costes a pequeños comerciantes e industrias por el aumento de las tarifas.

 

 Además la eficiencia, el ahorro y  el autoconsumo son instrumentos imprescindibles, para reducir las importaciones energéticas, en un país, con una altísima dependencia de energía del sector exterior, pues alcanzamos  80 por ciento de la misma,  cuando la media europea, es del cincuenta por ciento.  Por ello, debe ser prioritario un cambio del modelo energético  para protegernos del alza del precio del petróleo y del gas. Las primas de las energías renovables, son una compensación, que retribuye los costes ambientales, sociales y de suministro que el resto de fuentes no internalizan, siendo análogas a otras cuantiosas primas e incentivos que recibe otras energías convencionales, más allá de su retribución de mercado. Las renovables, además, bajan el precio minorista de la electricidad.

 

Por último, medioambientalmente, con estas medidas, no se lucha contra el cambio climático, que proviene del sector que genera electricidad, que en 2012, fue el que más contribuyó, con un 23.5 por ciento, del total de las emisiones de CO2. El último informe del plan gubernamental sobre cambio climático, hecho público a finales de septiembre, confirma el aumento de las temperaturas, la reducción de las precipitaciones,  reducción del agua disponible en los países del marco mediterráneo, y que nuestro país, será uno de los más afectados, de Europa. Retrasar la reducción de emisiones, nos colocará en una situación mucho peor y más difícil, en un futuro más próximo. España, como el resto de los socios europeos, acordó en marzo de  2007, y cumplir con tres objetivos para el año 2020, reducir en un 20 por ciento, las emisiones de gases de efecto invernadero, con respecto a 1990, mejorar en un 20 por ciento la eficiencia energética y alcanzar el 20 por ciento, de energía primaria origen renovable. La comisión europea ya ha manifestado, su preocupación por la amenaza que supone la política eléctrica del gobierno, y el incumplimiento de estos compromisos.

 

Por la Sra. Portavoz del grupo popular, doña Virginia Pérez Galindo, expone que no se puede mantener, con la volatilidad de los precios del petróleo, una permanente subvención a la energía renovable, y estará de acuerdo conmigo, pues esta frase, lo dijo el Sr. Griñán, en el año 2010.  También lo apuntilló, el Sr. Ávila, Consejero de Economía, Innovación y Ciencia, que también se decía que se precisaba un nuevo marco regulatorio, y que se debía reflexionar sobre la regulación del sistema retributivo de las tarifas eléctricas existentes.

 

Intentar explicar el motivo de tener que aprobar esta Ley, y porque se trae.  Nosotros tenemos un sistema de tarifas eléctricas, que es de los más caro de Europa, y que empieza a haber una apuesta por las energía renovables, en el año 2004, y que por tanto la empieza realizar el gobierno popular, y que se establece una serie de incentivos, subvenciones y primas, a las empresas que desarrollan, energía renovables.  La nueva Ley, nos dice que a partir de ahora, las empresas que quieran apostar por el sector energético renovable, no van a tener esas primas, y se hace porque las subvenciones a las empresas de energía renovables,  supone  a los consumidores, un 54 por ciento más, del recibo de la luz. Ello supone más de 60.000 empleos de destrucción, es decir que las administraciones, den dinero a las empresas, significa, que cualquier usuario, que pagaba 50 €, de luz, tenga que pagar después de varios años, 77 € más en su recibo.  Nos dicen que no se pueden  retirar las primas, a partir de ahora, cuando desde el año que empezó a gobernar el partido socialista en España, se ha incrementado la deuda desde 1.800 millones de euros, de déficit tarifario, hasta el 24.000 millones de euros. Pero además regularon este asunto, con 23 reales Decretos, para solventar el problema.  Es imposible solventar este problema, con el déficit actual tarifario.  Se acaban las primas, pero se acaban temporalmente.

 

La ley, trae una serie de medidas para paliar esto, como la implantación de impuestos que grave las energías nucleares, o sobre la producción de residuos radioactivo,  que se establece  que son 2.190 €, por cada kilo de metal pesado, producido de residuo nucleares.  Eso en ingresos, durante los años 2013-2015, será en el entorno de los 270 millones de euros, por cada año. La ley también contempla un canon a la generación hidroeléctrica, o sea un canon que grave la producción de energía eléctrica, con la utilización de aguas continentales, y se pretende recaudar 304 millones de euros, por cada año. Y además existen una serie de impuestos especiales, para la generación del fuel oil, el gas natural, o del carbón.

 

Después de veintiuna reformas, y de un incremento del déficit tarifario, de 1.800 millones de euros a veinticuatro mil millones de euros, con respecto a la energía eléctrica, intentan criminalizar esta reforma legislativa del sector eléctrico. De ahí, que la reforma legislativa sea necesaria, y sobre todo, cuando, vamos a una situación insostenible.

 

Por el Sr. Concejal delegado de vía pública, don José Manuel Romero Campos, expone que según lo expuesto en este punto, estamos los tres grupos municipales de acuerdo, que la reforma del sector eléctrico es necesaria. Pero lo que no estamos de acuerdo de cómo se ha hecho.  Los ciudadanos deben conocer en primer lugar porqué esa reforma legislativa es necesario y en segundo lugar, porque paga tanto por  recibo de la luz.  Y paga, porque existe unas retribuciones por unas tecnologías que están amortizadas, que hace que el recibo de la luz, se encarezca. Pero también existe un déficit tarifario, que es una de las partes que hacen que los ciudadanos tenga que pagar más, por el recibo de la luz, y que es la diferencia que existe entre lo que ingresa por los recibos de la luz y lo que pagan después a los operadores eléctricos, y que no es la realidad del coste. Pero también el recibo de la luz, es excesivo, porque existe una falta de competitividad entre las empresas operadoras eléctrica pero también es excesivo, porque nuestra energía eléctrica es dependiente de las fuentes de energía eléctrica de otros países, al alcanzar el 80 por ciento.  Todos estos factores, encarecen la factura del suministro eléctrico.

 

Por lo tanto es necesario la reforma del sector eléctrico, pero no compartimos, cómo se ha hecho y que al final, el precio de la factura siga subiendo. En estos últimos años, se ha subido la luz, en el entorno del 60 por ciento, siendo España, el tercer país europeo con la luz más cara, detrás de Irlanda y Chipre. Pero además, las industrias tengan que gastar más dinero, en el suministro de energía eléctrica, lo cual acarrea que sea menos competitiva. Con esa regla de tres, las familias tendrán que pagar más luz, y empieza a crearse un concepto de pobreza, denominada pobreza energética, y se abra una brecha social, y exista cada  vez, más diferencia.

 

Tampoco, estamos de acuerdo con la reforma del partido popular, porque se ha hecho de espalda, a los agentes afectados, y a los consumidores. También se ha hecho de espalda a la ruta marcada con la Unión Europea, con el nuevo sistema energético europeo 2050.

 

Esta reforma ha sido desautorizada por la Comisión Nacional  de La Energía y por la Comisión Nacional de la Competencia. Esta reforma, no premia el autoconsumo., a diferencia de la mayoría de los países europeos, en el que se  premia dicha modalidad.  Es el único país del mundo que no lo fomenta.  Es cierto, que las primas a las energías renovable, han bajado, pero también depende del precio que alcance el barril de petróleo, el precio del recibo. Las energías renovables, nos suponía una menor dependencia del exterior, para abastecernos de energía, y que su puesta en valor, generó empleo e inversión. Con esta reforma legislativa esas energías renovables, no se tiene en cuenta, ni la activación de la economía local.

 

Esta reforma, afecta también a los municipios, pues una de las partidas más importantes del presupuesto de gasto, es la destinada a pagar el consumo eléctrico. Y puede pasar, que cómo se siga incrementando  el coste del recibo, algunos ayuntamientos, no pueda afrontar esos gastos, significando con la nueva reforma de la Ley, que se pueda cortar la luz, a los centros educativos, a los centros sanitarios, etc. Pero es que cada vez, son más el número de ciudadanos, los que acuden a derechos sociales, para que se les apoye económicamente para hacer frente a una necesidad básica, como la luz. También tiene un impacto negativo sobre la actividad económica.

 

Por todo ello, apelamos al sentido común del Gobierno de la Nación, y pedimos que den marcha atrás, en este proyecto de ley, que se considere en la política energética como una estrategia de Estado, y que se elabore un libro blanco donde esté abierto a la participación, al diálogo y al consenso, de todos los sectores implicados.

 

Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, don Vicente Amador Vizuerte, expone que estamos ante una subida generalizada del recibo de la luz que paga los ciudadanos, y de rechazar por completo las energías renovables. Por eso le pide al grupo popular, que ante estos hechos, evite criticar la reforma de esta ley del sector eléctrico, y no apoye a esta moción, cuando ataca al consumidor medio.  Estamos ante una política antisocial del partido popular,

 

Por la Sra. Portavoz del grupo popular, doña Virginia Pérez Galindo, le explica al Sr. Amador, que entre seguir aumentando el déficit tarifario como lo hace ahora, de 1.800 millones en 2004-2011, a 24.000 millones de euros a la actualidad y de poner soluciones, la que le habla opta por la segunda alternativa.  Usted, propone esperar, para que una vez que nos desangramos, vengan otros, a solucionarlo. Las decisiones se deben adoptar por responsabilidad. A mi no me gusta que suba la luz, pero se debe entender que existe determinadas circunstancias y no se puede dejar todo morir. Tampoco se ha traído a este plenario, ninguna moción, cuando hubo una subida del cinco por ciento, que se produjo hace tres años, con otro decreto del partido socialista. Izquierda Unida, no trajo ninguna moción. Los impuestos, no le gusta pagarlo a nadie, ni que suban los recibos, pero tenemos que acometer reformas por responsabilidad.

La reforma del sector eléctrico, no castiga a nadie, ni a las energías renovables, pues existen una serie de primas e incentivos, que no se pueden seguir manteniendo actualmente.  No es algo, que se vaya a eternizar, ni a suprimir. Es algo que se pospone. Y esta reforma, nada tiene que ver con la que aprobó el Ministro, Sr. Sebastián, y en la que las primas, no solo las quitó, sino que la suprimió con carácter retroactivo.  Y eso, no se va a dar con esta reforma, pues seguirá pagando las ayudas ya concedida al sector eléctrico.  Lo que no se va implementar nuevas ayudas a este sector, porque no se puede.

 

Por el Sr. Concejal delegado de Vía Pública, don José Manuel Romero Campos, expone que los ciudadanos, esperan de nosotros, que demos soluciones, y el sistema eléctrico en nuestro país, es un problema que requiere una solución, y se debe saber como tratar este problema.  Las forma utilizadas por el partido popular, no son las correctas. Se ha basado exclusivamente, en reducir el déficit tarifario, y le indicado otros factores, que se deben tener en cuenta. Ya no viene desde al ayuntamiento un proyecto de instalación de un parque de energía renovable solar. Y esos proyectos, generaban empleo y riqueza, en el diseño, en el mantenimiento y explotación.

 

La reforma del sector eléctrico, es necesaria, pero contando con los agentes implicados, y a espalda de ellos y a las recomendaciones de la Unión Europea.

 

 Tras el oportuno debate, se procede a la votación del la citada moción del grupo socialista sobre relativa al proyecto de Ley del Sector Eléctrico, con el siguiente resultado:

 

 Votos a Favor: 17  (14 PSOE  y  3 I.U).
 Votos en Contra: 4 (4 P.P)

 

 Visto todo lo cual, se acuerda por mayoría absoluta de los miembros que componen el Ayuntamiento Pleno, aprobar la moción del grupo municipal socialista relativa al proyecto de Ley del Sector Eléctrico que  a continuación se transcribe:

 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA PARA SU DEBATE  Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DE ESTA CORPORACIÓN

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

 Con el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, cuya tramitación parlamentaria concluirá previsiblemente en el mes de diciembre próximo, el Gobierno parece querer dar por concluido el proceso de dos años de continuos cambios normativos que ahora se presentan como un remedio de reforma energética, y que tuvieron su inicio en el Real Decreto 1/2012 de moratoria para las energías renovables.

 

No es en absoluto recomendable que una reforma de la profundidad y alcance de ésta, que modifica el marco legal instaurado en 1997, se lleve a cabo desde la opacidad más absoluta, prescindiendo de la insustituible participación de los agentes concernidos (administraciones afectadas, consumidores/as, empresas…), y sin ningún atisbo de voluntad de consenso parlamentario. Lo que le ha supuesto severas críticas de los Organismos Reguladores Independientes,  tanto de la Comisión Nacional de la Energía, como de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y que ha despertado una enorme inquietud más allá de nuestras fronteras.
 
Las razones del rechazo que concita esta reforma podríamos resumirlas en que:

 

Consolida un marco energético superado por 15 años de desarrollos tecnológicos fosilizando a España en el pasado, obviando que la realidad de hoy es radicalmente distinta de la de 1997, como lo demuestran hechos tan relevantes como la catástrofe de Fukushima, o las evidencias contundentes e incontestables sobre los efectos del cambio climático.

 

Ignora que la Unión Europea  ha trazado una hoja de ruta energética a 2050 que puede dejar descolgados a aquellos países que no acomoden sus propias estrategias al espacio común. Muy especialmente en el caso de países que, como España, precisan de un gran esfuerzo de interconexión para suplir el efecto isla.

 

 

 

Desprecia  la oportunidad que las economías tractoras de la UE han visto en la llamada transición energética. Alemania abordó la suya en 2010, Reino Unido inicia ahora la ejecución de la suya tras varios años de trabajo, y Francia acaba de poner en marcha una suerte de pacto de país con la voluntad de acordar su gran transición energética.

 

Arroja por la borda el trabajo de los últimos años de un sector empresarial innovador y pujante, que nos colocó a la cabeza del liderazgo mundial en renovables, desencadenando en paralelo un nuevo conflicto social que puede traducirse en miles de desahucios para los inversores familiares que acompañaron el enorme esfuerzo inversor que ello supuso.

 

Lejos de resolver el déficit de tarifa, lo consolida trasladándolo al recibo de la luz con el consiguiente incremento del precio de la electricidad para las empresas y las familias, deteriorando la competitividad de aquellas y golpeando las economías de éstas.

 

En plena crisis hace aflorar una nueva brecha social, la que viene de la mano de la pobreza energética para aquellas familias que se ven obligadas a renunciar a determinados servicios en sus hogares, viendo rebajada su calidad de vida a niveles que no se veían desde hacía décadas en nuestro país.

 

Desprecia la oportunidad de avanzar en independencia energética al renunciar a las renovables, condenando a los/as ciudadanos/as y empresas a tener que pagar una energía más cara que el resto de la UE y que, lo que es más grave aún, seguirá encareciéndose por encima de los países de nuestro entorno en los próximos años.

 

La avalancha de pleitos y recursos que ya se están planteando desde prácticamente todos los sectores confirma el enorme rechazo que suscita esta llamada Reforma Energética, y este municipio no puede quedar al margen de la defensa de los intereses del conjunto de vecinos/as que sufrirán las consecuencias de la misma en sus bolsillos, en sus empleos y en su calidad de vida.

 

 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del ayuntamiento de La Rinconada, presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente

 

MOCIÓN

 

1. Instar al Gobierno de la Nación a retirar el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico actualmente en tramitación en las Cortes Generales, así como a la derogación de las normas que amenazan con poner fin al desarrollo de las energías renovables, y a poner en marcha un proceso de participación y de diálogo lo más amplio posible, encaminado a consensuar una política energética par el país que traslade seguridad jurídica y estabilidad razonable en un sector estratégico como es éste.

 

2. Instar al Gobierno de la Nación a respetar los compromisos internacionales adquiridos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y a una obligada convergencia con la Estrategia Energética Europea en materia de ahorro y eficiencia, así como del cumplimiento de objetivos en energías renovables.

 

3. El Ayuntamiento se compromete a su vez a implementar medidas de eficiencia y de ahorro energético, y de apoyo a las energías renovables, en el ámbito de sus competencias.