Por el Sr. Concejal del grupo municipal socialista, Don Antonio Marín Luque, se procede  a la lectura de la moción presentada por el grupo municipal socialista, sobre la retirada del proyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

 

Por el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, don Antonio Torres Carnerero, expone que si este proyecto de ley, llamado para la racionalización y sostenibilidad para la administración local, tuviese algún subtitulo, sería el siguiente, “como cargarse el poder local y la autonomía municipal, de un plumazo, así como de la privatización de los servicios prestados por los ayuntamientos, y su puesto en mano de los poderes financieros”. Ese subtitulo reflejaría mucho mejor, la filosofía que engloba al nuevo proyecto. Ya estamos acostumbrado al uso de eufemismos por parte del partido popular. Su verdadera intención es cargarse el poder y la autonomía local.  Intentan retrotraer a la sociedad española, a una etapa preconstitucional. La transición fue fruto de un pacto o consenso, en el cual, se establecía perfectamente las competencias que tenía la distintas administraciones.

 

 El partido popular, se está cargando, de un plumazo dicho pacto y la filosofía que encerró la transición.  Este retroceso en derechos, a lo que ustedes están sometiendo a la población española, recuerda a etapas anteriores. Los grandes defensores de la Constitución, en aquellos aspectos, que le interesa a los poderes financieros, en los principales vulneradores de la misma. Ya lo hicieron, cuando dejaron en manos de los poderes financieros europeos, la posibilidad de hacer políticas sociales, en España. Este país, dejó de ser, un Estado, social y democrático de derecho, en el momento en que ustedes modificaron la Constitución, y metieron el punto, en que obligaban pagar antes que nada la deuda financiera que tenía España, automáticamente fondos que debían destinarse a beneficio  social de la población, se destinarán a pagar los intereses de la deuda, en connivencia con otros.  Llevan dos años de gobierno,  nos han retrotraído a una situación preconstitucional. 

 

Detrás de esta mal llamada reforma, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, no es otra cosa, que el sometimiento a los poderes financieros. Son estos poderes, los que tienen especial interés, en hacerse con aquellos servicios, que hoy en día, se prestan desde los ayuntamientos, y ustedes se han sometido a esas exigencias. Seguidamente a la aprobación de este proyecto, vendrán las privatizaciones de dichos servicios. Y esas privatizaciones, al igual que sucede en Madrid, con la privatización de la sanidad , irán a parar en manos de los sectores financieros. Los servicios públicos que se transfirieron en la transición, a los ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos, y que conocen de primera mano, las necesidades de los ciudadanos, se van a traspasar a consejos de administración de bancos. Y esto puede pasar en dos años.

 

Van a soportar la presentación de muchos recursos de inconstitucionalidad cuando aprueben ese proyecto de Ley, porque están vulnerando la Constitución y muchos Estatutos de Autonomía, entre ello, el de Andalucía.

 

Por la Sra. Portavoz del grupo popular, doña Virginia Pérez Galindo, expone que hablando de subtítulos, yo le pondría el subtítulo del gran demagogo, políticamente hablando. Nada tiene que ver con lo que usted ha planteado, con la reforma de la Administración Local,  y nada tiene que ver con esas privatizaciones con la que ustedes hablan con temor.

 

La moción socialista, presenta una serie de afirmaciones, que no se ajustan a la realidad. La reforma de la administración local que se detalla en el informe, es mejorable, pues ya ha tenido 37 borradores, y que ha recibido durante su vigencia, de muchas aportaciones y enmiendas que se han incorporado al texto del proyecto de Ley, tanto de los partidos políticos, como de la FEMP. Este proyecto de Ley pretende racionalizar la administración local, y que se identifique con claridad cuales son las competencias de cada administración, en cada materia, y cómo se tiene que financiar  En su moción, habla del desmantelamiento del sector público, y según el Sr. Torres, de la privatización de los servicios públicos.  Y al respecto, no me tengo que ir a otro ayuntamiento, donde gobierna un gobierno de izquierdas del partido socialista, y en el que el mantenimiento de las instalaciones deportivas, servicio de guardería, la limpieza de las instalaciones deportivas, el mantenimiento de zonas verdes, no se presta de forma directa este ayuntamiento, y se hace por medio de empresas privadas. Que temor tiene a esas privatizaciones. El modelo que se plantea en este proyecto, no es un modelo diferente al que ustedes plantean en este ayuntamiento.
  El proyecto, solo persigue aclarar las competencias.  En su moción, nos habla de una serie de competencias que se le va a privar a las corporaciones Locales, como las relativas a educación, sanidad, igualdad, empleo, y tampoco es así. El estatuto de autonomía, al que ustedes dice que se vulnera hasta 15 veces, nos vincula, y si  este proyecto de Ley, no se ajusta a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, tendrá que adaptarse a la misma. Entiendo que si el proyecto sigue tramitándose, incorporando en su texto las apreciaciones del Consejo de Estado, será porque es ajustada a las normas superiores.  Y como última instancia, si dice que este proyecto, vulnera el Estatuto, el Tribunal Constitucional, tendrá que pronunciarse.  Pero existe una cuestión fundamental, es que esas competencias no las tienen los municipios, sino las comunidades autonómicas, y ustedes lo saben al igual que la competencias de la seguridad ciudadana no es competencia de los entes locales, y es del Estado.

 

Lo que ustedes recogen en la moción, no es lo que recoge el proyecto de Ley,

 

Por el Sr. Concejal del grupo municipal socialista, don Antonio Marín Luque, le indica a la Sra. Pérez, que le diga a los alcalde de su formación política, lo que ha indicado respecto a lo contenido en la moción, pues muchos de ellos, están en contra del contenido del proyecto de ley. Se trae aquí de nuevo una moción, que ya debatimos en marzo, porque nada ha cambiado de lo que en su momento plantearon con la reforma local, solo han cambiado cuestiones menores. Su objetivo es cambiar la estructura del Estado, porque no están de acuerdo con ellas, y lleva vigente desde hace treinta años, a través del capítulo octavo de la Constitución, en la que se consagra la autonomía local.

 

Su concepto ideológico, es que los mercados y el dinero, prevalece sobre las personas, y es cierto que se debe buscar una racionalidad del sector local, pero ésta, no puede suponer hacer caja.  Ustedes aprobando esa Ley, le tendrá que decir a los vecinos, si está de acuerdo con una persona, que vaya a los servicios sociales municipales, planteando un problema y solicitando una ayuda de emergencia, si no la dan. También tendrá que decir, si una persona que pide empleo, y la podemos contratar en la limpieza de los colegios, si no la contratamos, y además si tiene una persona, tiene problemas, con la dependencia, si nosotros le podemos gestionar la ayuda  a domicilio, o si es estudiante universitario, obtener una beca universitaria, o si quiere desplazarse de un núcleo a otro, utilizar el servicio de microbús. Y eso, es lo que persigue esa ley que pretende avocar, esto es, llevarse las competencias que se están prestando a otras administraciones. Lo importante son las personas, y los servicios que reciben, y ellos no  les importa a quien compete su prestación. La conducta humana, por delante de las Leyes, y esto es un ciclo que lleva  muchos años funcionando, y las personas siguen demandando servicios, en algunos casos no están establecido en ninguna Ley. Y quien da esos servicios, la administración más cercana a esos ciudadanos, que somos los municipios.

 

 Quieren desmantelar los servicios sociales, y se conviertan en meros tramitadores, para que las personas se desplacen a Sevilla, a las oficinas de la Junta de Andalucía.

 

En cuanto a  la rentabilidad económica, tienen que hacer las cuentas, pues se confunden con los números. Nos dice que con la puesta en marcha de esta Ley, se va a producir un ahorro de siete mil millones de euros, pero no quedamos que las competencias se van  a ejercer con transferencias económicas, a las comunidades autónomas, qué ahorro económico se produce.  En el transfondo de esta reforma, está el desmantelamiento de los servicios públicos. Decimos, que existe privatización, porque los ayuntamientos, no podrán dar servicios y como las Diputaciones Provinciales, a las cuales, ustedes quieren darles poder, tendrán que dar esos servicios, y como no tienen personal propio, tendrán que acudir a la externalización con empresas privadas.  Ustedes pretende coger el sistema de Madrid, donde existe un problema gravísimo con la empresa que gestiona la recogida de residuos, pues tienen problemas laborales con los empleados, porque resulta que están recortando salarios a los mismos, desentendiéndose el problema la propia Alcaldesa madrileña. Mira por donde no funciona los servicios públicos, y utiliza una empresa pública, Tragsa, para reventar la huelga lícita que está haciendo esos trabajadores de las empresas de limpieza.  Eso es trilelismo político.

 

 Tienen que mirar a los ojos a los ciudadanos, y decirle la verdad, es mentira que haya tanto déficit, con las administraciones locales. Son ocho mil ayuntamientos, y  la deuda supone el 4.5 por ciento del total.  De ese porcentaje, el 40 por ciento pertenece a Madrid, Barcelona y Valencia.  Con lo cual, no es cierto lo que plantean.

 

 

 

Por el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, don Antonio Torres Carnerero, expone que solo he subtitulado una ley, y no a una persona, y no lo hace, por respeto a esa persona. No me afecta lo más mínimo que me dedique un subtítulo.

 

Estoy de acuerdo en una sola cosa, con la Sra. Pérez, cual es lo referido al modelo de gestión que se hace desde este Ayuntamiento, de los servicios públicos, en lo que se refiere a la externalización de los servicios públicos.  Pero cuando el partido socialista a gobernado en España, han practicado unas políticas económicas muy similares,

 

También estoy de acuerdo con lo afirmado por el Sr. Marín, pues el partido popular, tiene que decir al verdad a los ciudadanos, y que como consecuencia de la aprobación de esta Ley, en años sucesivos, se van a perder, en torno a 200.000 puestos de trabajo. Y eso, no entra en sus cálculos, pues ha hecho una cuantificación económica, que no sabemos de donde va a salir, esos siete mil millones de euros, pues posiblemente sea de la supresión de servicios públicos, que a ustedes le afectara menos, pues no suelen viajar en metro, como tampoco os llega a las urbanizaciones madrileñas donde suelen habitar, los problemas de limpieza viaria que soporta el resto de madrileños, como consecuencia de la privatización en empresas privadas de ese servicio público.  Como las consecuencias no tendrán que pagarla, se permite el lujo adoptar esas decisiones, que consideran conveniente.  Como ocurre igualmente con la reforma laboral, en la que ustedes no pagan las consecuencias.  Como tampoco tienen problemas con que se reduzcan el dinero destinado a pensiones. Ellos, tienen garantizada su pensión garantizada y muy cuantiosa.  No tiene problema, a la hora de congelar, sino reducir las pensiones. Adoptan medidas, que ustedes no le repercuten. El partido popular, no tendrá necesidad de acudir a los servicios sociales, que hoy en día se presta desde los ayuntamientos. Si tuvieran necesidad de esos servicios, su posicionamiento sería distinto.  Les pide que sean sinceros, y digan cual es el transfondo de esa Ley, que no es otro que la privatización de los servicios públicos, ponerlo en manos de las entidades financieras y por otro lado, cargarse de un plumazo, el poder y la autonomía local, y en cierto modo, el modelo de estado que recogía la transición española.

 

Por la Sra. Portavoz del grupo popular, doña Virginia Pérez Galindo, expone que de sus afirmaciones sobre nosotros, no se ajustan a la realidad. No vivimos en urbanizaciones alejadas del casco urbano. He leído también muchos de los borradores de este proyecto ley, y ningún Alcalde del partido popular, ha mostrado su contrariedad a esta reforma local, tal como ha afirmado el Sr. Marín, en su intervención.  Se han dado respuesta a las enmiendas de los alcaldes de mi partido, entre ellas, las de esta Provincia, pues personalmente he intervenido en ellas.  Conozco que es lo que persigue la Ley y cuales son los puntos débiles de la Ley, y que probablemente los hay,  y que algunos podrán ser subsanados antes de aprobarse esta ley.

 

Yo, no voy a mirar a los ojos a la gente para mentirles sino que lo hago, para decirle, la verdad. No se va cargarse el espíritu del modelo de Estado, de la transición, ni las administraciones Locales. Existe una realidad que usted conoce, cual es que existen muchos entes instrumentales, con una administración sobredimensionada, de arriba abajo. Es cierto, que las deudas de los municipios, en proporción a la deuda existente de otras administraciones públicas, no es el mayor de los problemas. Pero es cierto, que se debe redefinir las competencias. No vamos a decirle a los vecinos, cómo se van a perder los servicios, como nos dice el Sr Marín, pues los servicios, van a seguir prestándose, por la administración que le competa, pero además existe mecanismos dispuestos  en las disposiciones adicionales de la Ley, para que esos servicios se sigan prestando y que ese proceso de derivación de competencias de una administraciones a otras, se articulen, para que sigan prestándose a los vecinos del municipio.

 

Y además, se le debe decir a los vecinos, que si ellos, quieren que con sus impuestos locales, se les pague a otras administraciones, el ejercicio de sus competencias. Y  que por tanto, el Ayuntamiento, paga, por construir ambulatorios, que lo tiene que financiar la Junta de Andalucía, y que es dinero que tiene la Junta, para construir esos ambulatorios, lo destina a otra cosa, por ejemplo tener más de trescientas empresas, que están sobredimensionando la administración pública, y que evidentemente habrá que redefinirlos. Cada administración, deberá destinar su recursos a lo que le compete. La ley recoge en sus disposiciones adicionales cual va a ser esa transición en el traspaso de servicios de una administración a otra, por lo que no se dejaran de prestar los servicios a los vecinos.

 

Por el Sr. Concejal del grupo municipal socialista, don Antonio Marín Luque, expone que los servicios sociales, necesitan para su correcta prestación, personal de cercanía, y si se transfiere la competencia a la comunidad autónoma, asumiendo al personal y a las instalaciones, por lo que se duplicará el gasto, pues lo que ahora nos cuesta 51 millones de euros, costará, el doble. Y eso, lo ha dicho la consejera del partido popular de Castilla León. Y además el Presidente, dice que no se despoje a los municipios de sus competencias en materia de acción social, pues puede llegar al cierre de esos servicios públicos.

 

De los distinción borradores de este proyecto de Ley, solo ha variado el concepto de “coste estándar”,  que ahora le llaman “coste efectivo”, y que es ahora obligado publicar.  Y nos dicen, cómo vamos a pagar el autobús de La Rinconada, con fondos municipales, si no podemos. Si se cobra a los vecinos, lo que realmente cuesta el servicio, esto es 3 € por viaje, nadie cogerá el autobús urbano.  Lo importante, son las personas, que solicitan servicios. La política local, les ha comido terreno, y están decidiendo que es lo que tiene que hacer un municipio. El problema real, es que las competencias municipales, no tienen porque estar dispuestas por el Estado. Los municipios tienen que tener autonomía para prestar servicios, como los de empleo.

 

 El problema es la financiación, y no nos parecemos al modelo europeo de países como Alemania o Finlandia, donde los municipios abarcan más del 20 por ciento del gasto público. Nosotros no hemos llegado nunca al trece, y el año pasado al doce. Un uno por ciento de aumento, en esas transferencias, significaría que el Ayuntamiento de La Rinconada, podría tener 3.400.000 €.  Ese es el problema, y ustedes no quieren atajarlo de verdad.  Es necesario que las administraciones sean eficaces y eficientes, pero les pide que trabajemos en esta meta, todos conjuntamente, y no a espaldas del resto de fuerzas políticas. Ya es hora de modificar la estructura del Estado, y que las administraciones locales, tengan su poder y autonomía. Los vecinos-as son soberanos y no intenten engañarlos.

 

Por el Sr. Alcalde, expone que es la cuarta vez, que el grupo socialista, trae esta cuestión a pleno, como también lo ha hecho Izquierda Unida. Este proyecto de ley, ha sido confeccionado por gente no municipalista, levanta grandes controversias en el seno del partido popular.  Su partido es un hervidero con esta ley, pese a su disciplina.  No ha habido ninguna Ley en los más de treinta años de democracia, que haya tenido más treinta borradores, señal inequívoca de que algo, no funciona bien. El problema es de origen, y que en un momento de crisis económica que tenemos, con más de seis millones de desempleados, y que tiene que ser la principal preocupación y ocupación de un gobierno, nos metemos de lleno, en modificar la estructura de Estado, en el ámbito local, precisamente en aquellos que no importa.  Las administraciones locales, son las administraciones que mejor funciona en un país. No hay ninguna administración, que preste mejor servicio a los ciudadanos, que ésta. El problema es que de cada cien euros de gasto público, solamente doce los maneja los Alcaldes. Los otros 88 euros, 55 los maneja el Estado, y 33 manejan las comunidades autónomas.

 

  No estamos ante un problema competencial, pues cuando un vecino nos pida ayuda para pagar un recibo de luz o agua, qué le digo o qué dice la Ley que le diga. Le digo que vaya a hablar con los Presidentes de España y Andalucía.

 

Por eso, les pide que devuelva la Ley a los corrales, y vamos a consensuar esa reforma, pues este tema no es para decidirlo unilateralmente por el partido popular, pues es una materia estructural y relevante para el país, que podrá ser modificada cuando cambie el partido político en el poder.  Sin el consenso de los dos partidos políticos, es imposible que esa reforma funcione, y tal como va a pasar otros temas relevantes de Estado, como la reforma educativa, la reforma laboral,  etc.

 

Espera que detrás de esta reforma, no exista una de esas cosas, que con la excusa de la crisis económica, están intentando aplicar el modelo ideológico. Pues al final, esta Ley, no va a solucionar la mejora del déficit público, pues los municipios, solo debemos el cuatro por ciento de la deuda pública, no existe pues problema de sostenibilidad. No somos el problema del déficit del gasto público en España.

 

 Por otro lado, quieren fortalecer las Diputaciones Provinciales. En los primeros borradores, querían quitar el 70 por ciento de los concejales, y luego se quedaron en el 30 por ciento. Empezaron hablando que los Alcaldes y concejales, ganaban mucho dinero, cuando la realidad es que el 70 por ciento de los concejales de este país, no ganan un duro. Muchos de ellos, abren polideportivos, trabajan doce horas al día. Ahora cambian el discurso, y quieren fortalecer las Diputaciones,  y que son las administraciones menos democráticas que existen.  Un concejal lo es, porque lo ha votado sus vecinos, pero no se es diputado provincial, porque lo haya votado nadie, pues solo lo ha votado su partido.  Los concejales tienen mayor legitimidad democrática que los diputados provinciales. Con este proyecto de Ley, se pretende que las Diputaciones, presten los servicios municipales, y cuando ésta no pueda prestar el servicio, a un municipio lejano, como “El Ronquillo”, de ayuda a domicilio, se externalizará el servicio, para que lo preste una empresa privada.

 

Nosotros tenemos servicios externalizados, porque tenemos cuarenta mil habitantes, y porque son servicios públicos, con gestión indirecta, y nos importa que se preste con calidad. Todo el empleo, no se puede crear desde lo público, e Izquierda Unida, allá donde gobierna, también lo externaliza, como ha pasado con el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla.

 

Es una Ley, que no hace falta en este momento, a no ser que hablemos de financiación de las competencias municipales. Las competencias de los alcaldes y concejales, por mucho que venga en los papeles, nos lo da los vecinos, en el día a día, y no nos podemos poner de perfil.  Por eso, les pide que devuelva este proyecto a los corrales, y empecemos de cero, y en la que intervengan la Federación Española de Municipios y Provincia, en los Ministerios y en la Junta de Andalucía.  Y sobre todo que la Ley lo hagan municipalistas, y que no lo hagan cuatro técnicos de un Ministerio, bajo la tutela de un Ministro, que poco conoce el municipalismo. No importa de que partidos sean los que elaboren ese proyecto, pero que provengan del mundo local, y que vengan en resolver los problemas que tenemos en los municipios, y que no es un problema de competencia, sino de financiación. Solo recibimos doce euros, de cien que maneja el Estado.  Esperemos que el modelo que buscan realmente, no sea otro, que reducir más este porcentaje de gasto a los municipios, para que éstos, paguen parte del déficit que tiene el Estado. Alomejor nos quieren bajar dos puntos porcentuales del gasto público, lo cual supondría doce mil euros, y a costa de quien tiene menos culpa del déficit publico en este país.

 

 Tras el oportuno debate, se procede a la votación del la citada moción del grupo socialista sobre la retirada del proyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, con el siguiente resultado:

 

 Votos a Favor: 17  (14 PSOE  y  3 I.U).
 Votos en Contra: 4 (4 P.P)

 

 Visto todo lo cual, se acuerda por mayoría absoluta de los miembros que componen el Ayuntamiento Pleno, aprobar la moción del grupo municipal socialista sobre la retirada del proyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que a continuación se transcribe:

 

MOCIÓN SOBRE LA RETIRADA DEL PROYECTO DE LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA  ADMINISTRACIÓN LOCAL

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

 El pasado 17 de octubre, con el voto en contra de todos los grupos de la oposición, excepto en PNV, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

 

 Dicho Proyecto vulnera el Estatuto de Autonomía para Andalucía al menos en 15 artículos, los cuales consagran un núcleo competencial propio de las Administraciones Locales y desmantela el modelo institucional de la Administración Local, la cual pierde en buena medida, su carácter de “Gobierno Local” y su propia Autonomía.

 

 El proyecto pretende imponer un modelo de Estado que nace de un opción ideológica de claro centralismo, que utilizando la situación de la crisis económica de nuestro país y de la necesidad ante la misma de un adelgazamiento de la administración pública, se disfraza de “ahorro” lo que en definitiva va a suponer una redefinición política del ámbito local, y por tanto, de la articulación del Estado. Que el proyecto hable de racionalización y sostenibilidad, al hilo de la exigencia de estabilidad presupuestaria marcada por la Unión Europea, oculta los verdaderos objetivos de los cambios que impulsará esta norma, una auténtica reforma de las dos leyes fundamentales que configuran el ordenamiento jurídico español (la Ley 7/4985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

 

 Las características fundamentales del mencionado Proyecto de Ley son la recentralización:

 

Se refuerza el control y la incidencia del Estado en los Ayuntamientos y entes de naturaleza municipal.
Eliminación de la rentabilidad social de los servicios públicos municipales fomentando la privatización de los mismos.
La concentración de los centros de decisión al margen de los Ayuntamientos y de los habitantes de los municipios, el deterioro de la calidad de la democracia en el ámbito local como consecuencia de la pérdida de proximidad, representatividad y dación de cuentas del poder político o decisorio.
Pérdida de competencias para las Corporaciones Locales en cuestiones tan relevantes como los servicios sociales, educación, sanidad, igualdad, empleo, nuevas tecnologías, juventud.
El desmantelamiento del sector público local y la privatización de los servicios, con la siguiente pérdida de puestos de trabajo y la eliminación de las Entidades Locales de Andalucía (ELA).

 

  Los Ayuntamientos, sus alcaldes y alcaldesas, van a ser simples ejecutores de los dictados del Gobierno del estado, cuando son parte de él y con igual legitimidad que es la del “voto de los ciudadanos y ciudadanas”. El desarrollo económico de los pueblos y ciudades quedará, más que nunca, a expensas de las decisiones que se tomen en los centros de poder cada vez más lejanos y ajenos, a la realidad social y económica de los territorios.

 

 Nada dice esta reforma de los nuevos mecanismos de participación y control ciudadano sobre la gestión municipal. Es un paso para que la ciudadanía se quede sin interlocutores públicos para la resolución de sus problemas inmediatos y diarios, ni apunta la necesidad de establecer medidas a favor de gobiernos más abiertos y transparentes.

 

 Estamos, por tanto, ante un vaciado del poder local, en una merma de la capacidad de resolución de problemas por una parte de los representantes democráticamente elegidos, de una pérdida de representatividad (si las competencias pasan a ser gestionadas por las diputaciones, elegidas de manera indirecta). En definitiva, estamos ante un problema de calidad democrática en general.

 

 La futura Ley de la Reforma Local del Gobierno de España saca a concurso, en la práctica, la gestión de todos los ayuntamientos de España. El Proyecto de Ley aniquila el concepto de rentabilidad pública o social, llevando a estándares de mercado la prestación de servicios públicos municipales.

 

 Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de La Rinconada propone para su aprobación los siguientes

 

ACUERDOS

 

 1.Instar al Equipo de gobierno de la Diputación de Sevilla y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a adoptar cuantas acciones sean necesarias para defender la Autonomía Local de los Ayuntamientos andaluces y la “propia” Autonomía de Andalucía ante la agresión que representa la posible aprobación del Proyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

 

 2.Instar al Gobierno de España a:

 

a) Retirar el Proyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la  Administración Local.       
 b)  Iniciar una Reforma Local que se plantee desde el consenso y diálogo con las  Comunidades Autónomas, la Federación de Municipios y Provincias, el conjunto de  los grupos políticos que conforman el Congreso de los Diputados y los principales  agentes sociales y económicos de nuestro país.  
 c) Que la nueva reforma local respete en todo momento las competencias reguladas  por el Estatuto de Andalucía y las leyes locales andaluzas sobre corporaciones  locales, y dé respuesta a las principales demandas de la ciudadanía: atención a las  necesidades de financiación de las entidades locales, clarificación de sus  competencias, adaptación de los Ayuntamientos a las nuevas necesidades de la  sociedad (participación ciudadana, transparencia y buen gobierno), y conversión de  estos potentes instrumentos de dinamización económica para la creación de empleo  y nuevas oportunidades en el territorio.
         
 3. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, al Parlamento de Andalucía, a la FEMP y a la FAMP.