Por el Sr. Concejal delegado de Seguridad Ciudadana, don José Antonio Ruiz Dorado,  se procede a la lectura de moción presentada por el grupo municipal socialista, contra la asignación de los Registros Civiles a los Registradores de la Propiedad.

 

 Por la Sra. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, doña Flora Rendón del Río, expone que su voto va a ser favorable a esta moción porque compartimos lo que se indica en la propia exposición de motivos que justifica esta moción. Estas medidas propuestas por el gobierno suponen un desmantelamiento con una posible privatización o mercantilización de un servicio que siempre ha sido gestionado desde lo público, y no solo en el ámbito de la justicia, pues el partido popular, ha privatizado cuestiones relacionadas con la sanidad, la educación, etc. Nosotros esperamos, que esta propuesta de privatización de este servicio, no se lleve a cabo, pues nuestro planteamiento ideológico está en contra de esos procesos de privatización de servicios públicos. Se argumenta en la moción, cuestiones importantes para negarse a este proceso, como la pérdida de empleo público, o garantizar la confidencialidad de los temas vinculados al Registro Civil, o la pérdida de la cercanía del servicio para los ciudadanos, que con la eliminación de los Juzgados de Paz, supondría desplazarse a la sede del Registro de la Propiedad, lo cual puede suponer un coste económico para el usuario.   Por todo ello, nos vamos a oponer a esa medida, y por tanto apoyamos esta moción presentada por el grupo socialista.

 

 Por la Sra. Portavoz del grupo popular, doña Virginia Pérez Galindo, expone que esta moción, que ha sido presentado al momento de la convocatoria de este pleno, no tiene sentido presentarla en estos momentos, y si hace varios meses, cuando el gobierno de la Nación, tenía unos informes sobre los Registros Civiles, y se entablaron negociaciones con los representantes de los Registros de la Propiedad, con los notarios, secretarios judiciales y los juzgados. Se trató la posibilidad, dentro de un estudio de viabilidad, de extraer de los Juzgados, todo lo relativo al Registro Civil. Y eso no se va a materializar, pues desde hace dos meses, existe un anuncio por parte del Ministerio de Justicia, en la que se descarta esta posibilidad, pues no se ha alcanzado acuerdos con los Registradores. No hay acuerdo, tanto en la gratuidad del servicio, pues los registradores reclamaban unos aranceles para prestar esos servicios del Registro Civil, como en lo relativo a los empleados y a la función pública, del funcionamiento de los Registros. Estas negociaciones pues se han roto. No haber un nuevo coste por la prestación de un servicio público, que se presta de forma gratuito, y por tanto no habrá aranceles. No existe, tampoco una privatización del servicio del Registro Civil, pues los Registros de la Propiedad, no son privados, sino registros públicos. Partiendo de esa base, apoyamos que los registros civiles sean públicos, y lo lleven los funcionarios públicos, así como la gratuidad del servicio.  Las negociaciones se han roto, lo cual no es óbice de que se están estudiando otras alternativas, con notarios, registradores, jueces y secretarios judiciales, para llegar a un acuerdo.

 

  Por todo lo expuesto, no tiene sentido tratar esta moción, pues no se dan a fecha de hoy las circunstancias que se describen en la misma. De todas maneras existen cuestiones en la que si coincidimos con lo expuesto en la moción, y por tanto nos vamos abstener.

 

 Por el Sr. Concejal delegado de seguridad ciudadana, don José Antonio Ruiz Dorado, expone que lo que existe ahora mismo, sobre la mesa, es que el proyecto de ley no ha sido retirado, pues  sigue ahí, al igual que ocurre con el proyecto de Ley sobre el aborto, que no se ha presentado, pero que la Sra. Ministra de Sanidad, nos dice que se pondrá en marcha otra vez, cuando concluyan las elecciones al Parlamento Europeo. Por lo tanto esas excusas no tienen validez para mí. Lo curioso, es que esas medidas no se han llevado a cabo antes, porque los propios Registradores de la Propiedad, querían cobrar por el servicio. 

 

 Los registradores de la propiedad, realizan una función pública, pero  no son empleados públicos, pues los ingresos que ellos cobran, por sus servicios, van directamente a su bolsillo. Se pregunta porque una Ley que se apoyo en mayo de 2011, con el voto favorable del partido popular, siendo oposición, y que salió consensuada por todos los grupos parlamentarios, hoy la quieren cambiar. Me cuesta entender que con la inversión efectuada, que alcanza los 128 millones de euros, se quiera transferir a las manos de los Registradores de la Propiedad.

 

 En la Ley, se contempla otra cuestión, que deja a la ciudadanía totalmente desprotegida, para el caso de que un Registrador se niegue a inscribir en el Registro Civil, cualquier petición que realice el ciudadano o la ciudadana no tendrá más remedio que  acudir a los Tribunales de Justicia, pues la Ley elimina los recursos administrativos. El irse al Tribunal, supone asumir costes, como el pago de tasas judiciales, los gastos del procurador y los honorarios de los abogados.  Pero además esa medida, supondría la practica desaparición de los Juzgados de Paz, de las poblaciones más pequeñas, con lo cual iría mucha gente al desempleo.

 

 Una vez más, el partido popular, no cree en lo público, tal como ha pasado, con la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, o con el proyecto de reforma del Poder Judicial y la Justicia. Quieren adelgazar el sector público, y con ese proyecto de ley, se quiere beneficiar a los Registradores de la Propiedad, y no al ciudadano, o quien le dé el gobierno, esa potestad, de asumir los Registros Civiles. Existen negociaciones abiertas, y seguramente alguien ajeno a la Administración, va a gestionar los Registros Civiles. El partido popular, debe pensar más en los ciudadanos, y le pide a la Sra, Pérez, que le diga una ley aprobado por su partido, que haya pensado más en los ciudadanos, que en un colectivo más pequeño.

 

 Por la Sra. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, doña Flora Rendón del Río, expone que nuestro grupo no tiene que justificar la oportunidad de esta moción, la tiene que realizar el grupo proponente, pero desde nuestro punto de vista, aunque la Sra. Pérez haya manifestado que las negociaciones están paradas, sigue en pie sus propuestas, pues el partido popular practica las políticas que conocemos de privatización de servicios públicos, mermando lo público. El objetivo de lo privado, es el beneficio económico, frente al objetivo de lo público. El partido popular, ha dejado claro, en todas sus actuaciones, cual es su objetivo primordial. Existe ese proyecto de Ley.

 

 En el punto séptimo de la moción, se indica que si se modifica la Ley aprobado en mayo de 2011, por lo menos que se consensúe este documento, con la misma amplitud parlamentaria de las las fuerzas políticas, tal como se hizo con la Ley anterior. Pero la modificación de la Constitución, se hizo con amplitud parlamentaria, y sin embargo es una cuestión totalmente negativa, que está teniendo consecuencia para los ciudadanos. Nosotros queremos que la modificación de esta Ley, siempre que se cumpla con los requisitos de los puntos anteriores, se realice con el mayor acuerdo posibles de las fuerzas políticas.

 

 Apoyamos esta moción, pues estamos en contra de cualquier tipo de privatización o mercantilización de un servicio público, con las consecuencias negativas que supone para el empleo público y para los servicios que se prestan a la ciudadanía.

 

 Por la Sra. Portavoz del grupo popular, doña Virginia Pérez Galindo, expone que el objetivo de esta reforma legislativa no es otro que agilizar el funcionamiento de los Registros Civiles. Nos habla el Sr. Ruiz Dorado, de destrucción de empleo público, algo falso, pues los funcionarios públicos, con independencia de que se pierda la competencia de los registros civiles, dentro del ámbito de los Juzgados, no se van a ir a ningún sitio, ejerciendo otras tareas asignadas pero siempre en el ámbito de la justicia. Pretendemos agilizar el funcionamiento de la Justicia, tal como reclama no solo el partido popular, sino la ciudadanía.  Nos habla del problema de la eliminación de los recursos administrativos, y de la necesidad de tener que acudir a los tribunales para defender sus derechos los ciudadanos, en caso de denegación de una inscripción en el Registro Civil, con los costos económico que supone, ignorando que tenemos en este país el beneficio de la justicia gratuita, a la que pueden acogerse las personas con escasos recursos económicos.

 

 Los registradores de la propiedad, quieren cobrar los aranceles, y el Gobierno dice que no, y a partir de ahí, esta todo en fase de estudio. No se va a establecer ni un servicio que no sea gratuito, ni va a afectar esta reforma al funcionamiento ni a los empleados que llevan actualmente el Registro Civil.  Entendemos que exista incertidumbre, pero lo afirmado aquí, es falso, pues no se destruye empleo público ni desmantelamiento de ningún servicio público.

 

 Por el Sr. Concejal delegado de Seguridad Ciudadana, don José Antonio Ruiz Dorado, expone que nosotros traemos la moción cuando lo consideramos oportunos, y máxime cuando damos respuesta a la petición de las centrales sindicales, en el ámbito de la justicia, que quieren saber qué opinamos al respecto, sobre esta cuestión.

 

 Izquierda Unida, también votó a favor de la ley de mayo de 2011, sobre el Registro Civil, y le indica a la Sra. Rendón que no se le olvide.

 

 Nos dice la Sra. Pérez, que no va a haber merma de empleo público, y al respecto le indica que los funcionarios que están destinados en un Juzgado de Paz, tendrán que trasladarse, además de irse al paro, el resto del personal que trabaje en esas funciones. Podemos hablar de 4.000 puestos de trabajo que pueden perderse en España.  Nos dice que la justicia es gratuita, ya se encargarán ustedes, de que ello, no se así.

 

 Muchas de sus leyes, no han beneficiado sino al contrario perjudicado a la ciudadanía, como la subida del IRPF, el IVA, la congelación y bajada de las pensiones, o la reforma laboral. Sus leyes si benefician a los bancos, a los dueños de las autopistas, a la Iglesia, a los defraudadores de Hacienda, a las empresas que se han beneficiado de las privatizaciones de hospitales, y ahora a los Registradores de la Propiedad. Se pregunta, si ello, es por el Sr. Presidente del Gobierno, es Registrador, o dos de sus hermanos, o el cuñado y la nuera del Ministro de Justicia, también lo sean, e incluso el propio Director General de los Registros y del Notariado, que es proponente de esta Ley, es también registrador.

 

 Tras el oportuno, debate se procede a la votación con el siguiente resultado:

 

 Votos a Favor: 17 (14 PSOE y 3 I.U).
 Abstenciones: 4 (4 P.P)

 

 Visto todo lo cual, se acuerda por mayoría absoluta legal de los miembros que la compone. aprobar la moción presentada por el grupo municipal socialista, contra la asignación de los Registros Civiles a los Registradores de la Propiedad, cuyo tenor  literal es el siguiente:

 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA CONTRA LA ASIGNACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES A LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

El Ministerio de Justicia lleva tiempo planteando una reforma integral de los Registros Civiles. El proyecto que conocemos otorga la gestión de los Registros Civiles a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles lo que supondría el desmantelamiento de un servicio público, gratuito y de cercanía al ciudadano/a atendido desde hace casi 150 años y hasta ahora por personal de la Administración de Justicia o los ayuntamientos en las localidades con menos de 7000 habitantes.
La materialización de este proyecto de reforma integral de los Registros Civiles mediante la entrega de su gestión a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles supondrá la privatización de este servicio público ya que, aunque los titulares de los Registros de  la Propiedad y Mercantil tienen la condición de funcionarios públicos no ocurre lo mismo con el personal que éstos tienen contratado.  Esta cuestión no es baladí, pues este personal maneja datos personales, particularmente sensibles algunos de ellos, de millones de ciudadanos y ciudadanas, incluidos sus convecinos y convecinas, especialmente protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (estado civil, incapacidades, adopciones, cambio de sexo, separaciones, divorcios, etc…), y no estarán sujetos al deber de confidencialidad que si tiene y cumple de manera escrupulosa el personal que presta servicios en las Administraciones Públicas.
Otra particularidad, se cabe más grave, que presenta el actual proyecto es el alejamiento de un servicio público de la ciudadanía pues este proyecto conllevaría la desaparición de los Juzgados de Paz y Agrupación de Juzgados de Paz que, sobre todo en los núcleos de población más pequeños, prestan  un servicio esencial para la ciudadanía.
La consecuencia de la entrega de la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, se traduciría por tanto, en el traslado de dichos registros a capitales de provincia o localidades de tamaño superior, donde tengan oficina los Registros de la Propiedad y Mercantiles, obligando por ello a la población  de las localidades más pequeñas, a cubrir decenas de kilómetros para ejercer su derecho y su obligación o acudir, pagando los honorarios correspondientes, a gestorías o despachos profesionales, además de suponer un deterioro en la dinámica social y económica de los pequeños núcleos de población. No está garantizado, incluso, que los vecinos y vecinas de un pueblo, puedas seguir inscribiendo a sus hijos e hijas como nacidos/as en esa localidad cuando nacen en los hospitales comarcales o provinciales, provocando, a medio plazo, la inexistencia de personas nacidas en su municipio con las consecuencias inherentes.
El Registro Civil es un servicio público profundamente arraigado en los ayuntamientos y juzgados de paz, donde la población ha venido realizando los trámites obligatorios de forma gratuita y directa y donde los vecinos y vecinas han podido consultar sus antecedentes y los de sus familiares, ascendientes y descendientes lo que ahora, con su desaparición y privatización no podrán seguir haciendo, además de la pérdida histórico-patrimonial de su Ayuntamiento que supondrá el traslado material de los fondos y libros del registro civil.
 Por todo lo anterior, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Rinconada  propone los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Rechazar la asignación de los Registros Civiles a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, por ser una privatización encubierta de un servicio público esencial como es el Registro Civil, pues dichos Registradores funcionan en régimen de negocio privado, haciendo propio los beneficios derivados de su función pública en vez de repercutir dichos beneficios en toda la ciudadanía.
Segundo.-   Rechazar la posible mercantilización de los datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro municipio.
Tercero.-   Se exige el mantenimiento de la oficina del Registro Civil en esta localidad como en todas las del Estado. Es un servicio público  profundamente arraigado en todas la poblaciones que ha ofrecido desde su implantación, hace casi 150 años, un servicio cercano, de calidad, gratuito y próximo a la ciudadanía y con las máximas cotas de eficiencia, lo que ha convertido en un bien público que, especialmente en las pequeñas poblaciones, ha de ser protegido y mejorado.
Cuarto.-  Debe garantizarse la continuidad de la normativa actual que permite a nuestros convecinos/as inscribir el nacimiento  de sus hijos e hijas en el municipio de su domicilio, independientemente de su ubicación física del hospital en que se haya producido el nacimiento. De no ser así, en pocos años asistiremos a la inexistencia de personas nacidas en nuestra localidad.
Quinto.-   Exigir que  igualmente que todos los responsables y empleados y empleadas  de los registros civiles, como registro público de titularidad estatal, sean funcionarios públicos, que accedan a sus puestos de trabajo conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad establecidos en la Constitución Española. Exigimos que el registro y la publicidad de los datos personales de las ciudadanas y ciudadanos que son competencia del registro civil sean gestionados exclusivamente por empleados públicos por merecer la más especial protección.
Sexto.-   Exigir que cualquier reforma del Registro Civil mantenga la gratuidad de todos los trámites y certificaciones, tal y como ocurre en la actualidad.
Séptimo.-   Exigir que  cualquier modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, cuya entrada en vigor está prevista para julio de 2014, cuente con al menos la misma mayoría parlamentaria que tuvo dicha Ley, y sea consultada y consensuada con el conjunto de las administraciones y de la ciudadanía, teniéndose en cuenta las aportaciones que, en concreto, puedan llegar desde los Ayuntamientos.
Octavo.-   Se acuerda la remisión de esta moción a los Sres. Presidentes del Gobierno de España y Ministro de Justicia