Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal Socialista, doña Trinidad Argota Castro,  se  procede a la lectura de la Moción presentada por su Grupo, relativa  al Decreto Andaluz de las Competencias Locales.

 

Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, don Vicente Amador Vizuerte, expone que ya hemos debatido en este pleno, hasta cuatro veces, los problemas que está provocando la Ley de Reforma de la Administración Local, y hoy debatimos una moción socialista, relativa al Decreto Andaluz, sobre competencias locales, que es el Decreto Ley por el que se establecen medidas urgentes, para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.  Se trata de un Decreto que buscar impulsar medidas para defender las competencias de los ayuntamientos andaluces, en función de lo dispuesto, en el Estatuto de Autonomía, frente a la reforma de la Administración Local, aprobada por el Gobierno Central.  La Junta de Andalucía, emprende este Decreto, en base a lo dispuesto en el Estatuto. La reforma del régimen local aprobada en su momento, en su más estricta soledad, por el gobierno central, ha tenido como logro más importante, plantear dudas y falta de claridad, y el desorden más absoluto e inoperancia en su aplicación en los 762 ayuntamientos andaluces.

 

Este Decreto, está muy justificado para amparar y proteger nuestro Estatuto de Autonomía, y su competencia exclusiva en régimen local, así como lo referido al artículo 149 de la Constitución Española. En este Decreto, se intenta proteger y establecer medidas, que permitan a los ayuntamientos seguir prestando servicios municipales, servicios sociales, o los servicios relacionados con salud, consumo y educación, y así como proteger a casi cuarenta mil empleo públicos, que están en riesgo por la reforma local.

 

Es de enorme importancia, valorar los pronunciamientos del Consejo de Estado, que han emitido un dictamen negativo, en relación a la Ley de Reforma Local, del Gobierno Central, argumentando fundamentos jurídicos suficientes para que los municipios, planteen conflictos en defensa de su autonomía local.  Todas esa argumentación, confluye con las tesis del gobierno andaluz junto a los ayuntamientos, que defiende que esa Ley estatal constituye una ingerencia total hacia los municipios y hacia su principio de autonomía que le garantiza la Constitución Española.

 

Con este Decreto Ley, y la admisión ante el Tribunal Constitucional, de los recursos planteados por diferentes gobiernos autonómicos, lo más lógico y aplicando el sentido común, es que el Gobierno Central, adoptara la decisión de la paralización de la reforma de la Administración Local, poniendo fin a la peligrosa consecuencias que tiene esa norma que ha llenado de dudas e inseguridades en el conjunto de los municipios andaluces.

 

  Por la Sra. Portavoz del grupo popular, doña Virginia Pérez Galindo, expone que se  ha debatido en muchas ocasiones, la reforma de la ley de bases de régimen local. Lo que hace el gobierno andaluz con este Decreto, al que muestra su apoyo el partido socialista, en la misma moción que se presentó en Diputación Provincial, tiene un objetivo primero, de aclarar, clarificar o disipar las dudas que pudieran plantearse con la nueva normativa estatal que ha reformado el régimen jurídico de las Administraciones Locales. Y al respecto este Decreto no aclara nada sobre las competencias municipales, lo que hace, según ha manifestado el Sr. Valderas, es ampliar las competencias locales, y decide hacer una interpretación que no es la que se deduce de la ley estatal. Se interpreta que la Ley de reforma de la Administración Local, lo que recoge es un mínimo de competencias, y que el máximo de competencias locales que pueden ser atribuidas a los municipios, vienen detalladas en las normas autonómicas de régimen local, tanto en el Estatuto de Autonomía andaluz como la LAULA. Son 29 competencias, que el texto del Decreto Ley quiere  blindar.

 

Por lo tanto, ese Decreto, no aporta seguridad jurídica, sino al contrario, y que pretende regular algo que ya se ha regulado en el marco normativo del Estado. Nos hablan de otras normativas autonómicas similares, en otros territorios, y efectivamente como en Castilla-León, Galicia, País Vasco o Cataluña, que pretenden ampliar esa base de las competencias locales. Todavía no existe la interposición de ningún recurso de inconstitucionalidad, pero de lo que sabemos, se interpondrán los pertinentes recursos ante el Tribunal Constitucional, con lo cual, seguiremos en una inseguridad jurídica en cuanto a la determinación de las competencias, y entendemos que ese Decreto no tiene facultad  para blindar las competencias locales, aunque fuese deseable que alguna de esas competencias se quedase en el ámbito local.  Por todo lo expuesto, votaremos en contra de la moción.

 

Por la Sra. Concejal del grupo socialista, doña Trinidad Argota Castro, expone que desconozco si este Decreto Ley andaluz, va a crear mayor inseguridad, que el que ha creado la propia Ley en los Ayuntamientos. El partido socialista, se ha opuesto a esta reforma local, de forma enérgica y desde un principio. Esta reforma, ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal, recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino, de la desaparición de los servicios sociales, y la privatización de los servicios básicos, que presta los ayuntamientos.

 

De lo único que hablaba los ayuntamientos, y que era su única demanda, que era la financiación local, en esta ley elaborada por el partido popular, no se dice nada de este aspecto. El principal objetivo de esta Ley que pone en marcha el Sr. Rajoy, es el ahorro de 8.000 millones de euros, y que serán productos de recortes en los servicios públicos que se prestan desde los propios ayuntamientos, que es la administración más cercana a los ciudadanos-as.  La reforma local, emprendida por el partido popular, pone en riesgo, alrededor de 200.000 puestos de trabajo, y 40.000 en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como de la privatización de los servicios,

 

Los ámbitos de gestión más amenazados, son los relativos a la educación, la sanidad, los servicios sociales, transporte, salud, consumo etc. Solo en servicios sociales, que aglutina servicios como guarderías, ayuda a domicilio, o residencias de mayores, entre otros, la cifra de puestos de trabajo en peligro, superan los 32.000 puestos de trabajo.

 

La responsabilidad obliga a que Andalucía, no se quede con los brazos cruzados. El Partido popular, podrá exprimir su dogma político o religioso mientras pueda, y el partido socialista cuando pueda, hará lo propio, para que esta fe ciega del partido popular, que va en contra de los derechos de la ciudadanía, afecte lo menos posible, a la ciudadanía. Nuestro partido, no se va quedar quieto, ante una decisión unilateral del Gobierno de la Nación, que como tónica de su forma de gobernar, ha aplicado su rodillo parlamentario, ignorando el rechazo de la Sociedad, a nivel general, antes sus Leyes, y reformas, y en este caso particular, ignorando a todos los alcaldes-a de este país, incluido los de su partido. En esta reforma como en otras, no dejan títeres sin cabeza, y se echan encima de 2.300 ayuntamientos españoles que por primera vez presenta un recurso de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional, en defensa de su autonomía local, y para protegerse de la agresión que supone esta Ley.

 

Le leo una cita que dice que “es necesario aclarar este Decreto Ley de reforma de la Administración Local, para clarificar las competencias, y ayudar a los ayuntamientos, a cumplir su cometido en la prestación de servicios, que con la normativa básica del Estado no es suficiente”. Eso lo dice el Sr. Don Santiago Juárez López, que ocupa la Consejería de Presidencia de Castilla León, y que ha sido la primera comunidad autónoma que ha desarrollado una normativa parecida a la andaluza.

 

El único objetivo del Decreto Ley andaluz es el blindaje del municipalismo, y que pretende aclarar y resolver las dudas jurídicas, que está generando la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, evitando que haya disfunciones en la prestación de servicios públicos, en la ciudadanía, y evitar vacíos  competenciales, en cuestiones tan importante, como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Se quiere defender a la comunidad andaluza  y el marco jurídico que lo ampara, especialmente Estatuto de Autonomía, y la Ley de Autonomía Local de Andalucía. En definitiva, proteger al municipalismo de las graves amenazas a lo que somete esa ley estatal de reforma de la Administración Local.  Se quiere blindar 24 epígrafes que recoge 72 competencias, y que se detalla en el Estatuto de Autonomía, y que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, y en el Congreso de los Diputados.

 

La necesidad real de los ayuntamientos es la financiación local, y de ella en su Ley, no se dice absolutamente nada.

 

Por el Sr. Concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, don Vicente Amador Vizuerte, expone que entendemos que el Decreto Ley es fundamental, para que las competencias en régimen local, sea reforzadas y pueda funcionar perfectamente, evitando la inseguridad que provoca la ley estatal de reforma del régimen local, El trabajo que se ejecuta desde las Administraciones Locales, es muy importante, para los ciudadanos y sus derechos e intereses.

 

La Junta de Portavoces, se ha tratado la incorporación de dos puntos a los acuerdos de la moción, presentada por nuestro grupo municipal, para su incorporación.

 

Por la Sra. Portavoz del grupo popular, doña Virginia Pérez Galindo, reitera que el Decreto Ley andaluz, tal como se refleja, no viene a esclarecer las competencias locales, sino todo lo contrario, generando más incertidumbre. Dentro del consejo andaluz de Concertacíón Local, que preside el Sr. Valderas, los mismos Vice-consejeros de varias Consejería tenía sus dudas más que razonable, sobre la propuesta que traía el Sr. Vicepresidente andaluz, tanto de su legalidad, como de su aplicación y vigencia.

 

Por la Sra. Concejal del grupo socialista, doña Trinidad Argota Castro, explica que en Junta de Portavoces, hemos quedado en introducir a los acuerdos resolutorios de la moción, un tercer punto, referido al dictamen emitido por el Consejo de Estado, el pasado 26 de mayo, y que para que el Gobierno Central, a la vista de ese informe desfavorable, suspenda la aplicación de esta reforma de la Administración Local, y hasta que el Tribunal Constitucional dicte Sentencia e igualmente se añade un cuarto punto, dando traslado de la moción, a la Junta de Andalucía, a la FEMP y a la FAMP y al Gobierno de  España.

 

Entiendo que es muy difícil la postura del partido popular, en este asunto, cuando la Sra. Pérez, conoce que el seno de su propio partido, tanto alcaldes, alcaldesas y gobiernos autónomos, está poniendo en solfa esta Ley, pues la misma lo que ha traído al ámbito local, ha sido incertidumbre, caos y paralización, y tan es así, que a los pocos días de salir esa Ley publicada, el Departamento del  Ministerio que gestiona el Sr. Montoro tuvo que aclarar mediante un documento de 84 páginas, para intentar aclarar esa incertidumbre.

 

Son 2.300 Ayuntamientos, Gobierno y Parlamento de Andalucía, de Asturias, Canarias, Cataluña, Extremadura y Navarra, han interpuestos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitución por la aplicación de esta Ley de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, y lo mejor que se puede hacer es retirar esa Ley, que no beneficia absolutamente a nadie, Le pregunta, qué le han hecho al partido popular, los municipios menores de 20.000 habitantes y conozco la respuesta al igual que ustedes. Dejen las cosas, que no crean problemas, y dedíquense a gobernar y a solucionar los problemas de la ciudadanía.

 

 Tras el oportuno debate , seguidamente se procede a la votación con el siguiente resultado:

 

 Votos a Favor:   15 (12 PSOE, y 3 I.U).
 Votos en Contra:             3 (3 P.P)
 
 Visto todo lo cual, se acuerda por mayoria absoluta  de los miembros asistentes que componen  el Ayuntamiento Pleno, aprobar la Moción presentada por el Grupo Socialista  relativa  al Decreto Andaluz de las Competencias Locales.

 

"MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A EL DECRETO ANDALUZ DE COMPETENCIAS LOCALES

 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA PARA SU DEBATE  Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO PLENO DE ESTA CORPORACIÓN

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

El pasado martes 20 de mayo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba un decreto bajo la denominación “Decreto ley por el que se establecen Medidas Urgentes para la aplicación de la ley 28/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, supone para los ayuntamientos andaluces un marco de posibilidad legítimo para seguir desarrollando algunas competencias que suponen dar servicio directo al ciudadano/a y que con la norma estatal dejarían de ser prestadas municipalmente.

 

Con esta decreto, y mientras el Tribunal Constitucional no dirima sobre el recurso de inconstitucionalidad que la Junta de Andalucía ha incoado sobre la ley estatal, se pretende blindar unas 29 competencias, como las relativas a la ordenación, gestión y disciplina urbanística; planificación y gestión de viviendas de protección oficial; gestión de servicios sociales comunitarios; la promoción y defensa de la salud pública; la seguridad en las actividades en espacios públicos; defensa y protección de usuarios/as y consumidores/as; promoción del turismo, o de las políticas de integración del inmigrantes.

 

 Se trata por tanto de buscar e impulsar medidas para defender las competencias de los ayuntamientos andaluces, en función de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, frente a la reforma de la administración local emprendida por el Ejecutivo nacional. La junta de Andalucía emprende por ello esta acción con este decreto y en base al Estatuto, a la ley de autonomía Local y a la Práctica.

 

Este decreto es de idéntico objetivo a una Ley de Gobierno de Castilla León, del País Vasco o Galicia han aprobado y sin que le Ejecutivo nacional haya recurrido.

 

Por tanto el Grupo socialista del Ayuntamiento de La Rinconada, propone al pleno la adopción de las siguientes

 

ACUERDOS

 

1.- Apoyo de la Diputación de Sevilla a este Decreto Ley andaluz para que todos los ayuntamientos de la provincia de Sevilla sigan prestando los mismos servicios que prestan en estos momentos.

 

2.- Instar al Gobierno Central para que no recurra este decreto que es fundamental para todos los ayuntamientos, además de coherente, y fundamentado con las leyes que rigen las competencias de nuestra Comunidad y entidades locales.

 

                                
3º Teniendo en cuenta el dictamen emitido con fecha 26 de mayo por el Consejo de Estado, el Ayuntamiento de La Rinconada, insta al Gobierno Central a la suspensión de la Ley 2//2013, de 27 de diciembre en tanto dicta Sentencia el Tribunal Constitucional.

 

 4º. Dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Andalucía, a la FAMP, a la FEMP y al Gobierno de España".