16/10/2023 PLENO ORDINARIO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DÉCIMO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA UN IMPULSO AL ACUERDO ENTRE LAS ADMINISTRACIONES IMPLICADAS EN EL PLAN ESPECIAL DE LA CORONA NORTE DE DOÑANA, EN LÍNEA CON EL MARCO DE ACTUACIONES PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL ESPACIO.
Por el Sr. Concejal delegado de Medio Ambiente, Don José Manuel Romero Campos procede a la lectura de la Moción Grupo Municipal Socialista para un impulso al acuerdo entre las Administraciones implicadas en el Plan Especial de la Corona Norte de Doñana, en línea con el marco de actuaciones para la restauración ecológica del espacio.
Por el Sr. Concejal del grupo mixto vox, don Amador Martínez, expone que su voto será la abstención, pues la segunda instancia proponen que tanto el gobierno de la Nación como el de la comunidad autónoma hablen de este asunto, es positivo y razonable. En cuanto a la primera instancia no la vemos razonable, pues no está entre nuestras competencias como municipio esta materia, y ni va a ser vinculante.
Por el Sr. Concejal del grupo con IU-Podemos, Don Ignacio Ruiz González, expone que ante la moción presentada por el grupo socialista, para el impulso al acuerdo entre las administraciones implicadas en el Plan Especial de la Corona Norte de Doñana, nuestro grupo municipal manifiesta que coincidimos en cuanto a las consecuencias irreversibles sobre la Ley aprobada por el Parlamento de Andalucía, sobre el entorno de Doñana, que con los acuíferos agotados y en plena sequía, amenaza en convertirse en un ecocidio similar al del Mar Menor.
Lo que pretende el partido popular, es un ataque directo al corazón de Doñana, amnistiando a los agricultores ilegales que roban el agua del Parque Natural, (según wwf/Adena, Asociación para la defensa de la naturaleza).
Lo que el partido popular pretende es regularizar el riego, hasta ahora ilegal, de una superficie equivalente a 1460 campos de fútbol en el entorno del Parque., o sea más del 85 por ciento de la actual superficie ilegal.
Y también coincidimos con las organizaciones ecologistas que definen como uno de los mayores atentados ecológicos perpetrados por una Administración en la historia de Doñana, lo que se pretende por parte de la derecha andaluza.
Además de ser una burla a toda la sociedad y a los grandes organismos internacionales, con los que se ha comprometido nuestro país, y que no podemos permitir, ni ahora ni nunca.
Ante tal escenario, es necesario señalar que la proposición de la derecha, incumple las exigencias de la UNESCO y también la reciente Sentencia del TJUE y por ello, la Comisión Europea ha transmitido una carta pública a España expresando su profunda preocupación, amenazando con multar al Estado Español, si finalmente se legaliza los regadíos ilegales en Doñana. Pero la cuantificación de los daños medioambientales no tiene precio , ya que una vez que entremos en procesos que puedan ser irreversibles, en los que se ha perdido parte de la riqueza natural, el dinero es ilusorio.
Dicho esto, hemos de recordar que coincidimos con el grupo municipal socialista en las consecuencias terribles que conlleva la propuesta del partido popular. Pero que los puntos de acuerdos recogidos en la moción no son acertados para una efectiva defensa y protección del Parque natural de Doñana y su entorno.
Y no lo son, porque las denuncias y toques de atención de la Comisión Europea, se vienen dando desde hace décadas, precisamente por la extracción abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana, con destino al cultivo intensivo de fresas y frutos rojos y ante la total inacción y los reiterados incumplimientos, durante años de las autoridades españolas, los ayuntamientos de la zona, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central.
Dando, esta situación, lugar a que esta Comisión Europea iniciase un proceso de investigación y diálogo con las autoridades españolas y que finalmente llevó a España ante el TJUE por el gran deterioro medioambiental y el incumplimiento de las leyes europeas de protección de la naturaleza en el Parque, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y hasta ahora, uno de los humedales más importantes del mundo.
Lo que pretende el partido popular, es solo otro capítulo más para seguir explotando un acuífero que una sentencia europea y la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya dicen que está sobreexplotado y que se lleva mucho tiempo premiando la ilegalidad y por tanto, no podemos decir que hasta hora se hayan articulado los mecanismos legales necesarios para la adecuada protección de Doñana.
Hago un pequeños resumen sobre esta situación. En 1998, el plan director territorial de coordinación, regularizaba regadíos que no permitía la Ley del Parque Nacional de Doñana de 1978. En 2004, el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana, hacía borrón y cuenta nueva, con el Plan Director de 1998. Y en 2014, sucedió lo mismo con el Plan Especial de la Corona Norte de Doñana, el que hace referencia la moción y puntos de acuerdos presentado por el grupo municipal socialista.
Estamos ante otro capítulo más para seguir explotando un acuífero que está sobreexplotado. Por lo que es necesario establecer un cauce legal que de verdad solucione el estado actual de Doñana y que considere que la protección medioambiental está por encima de razones socioeconómicas de cualquier tipo.
En tanto que este marco legal aún no se ha establecido y comprobando que las diferentes iniciativas emprendidas, no han dado la necesaria protección al Parque, no podemos votar a favor de esta moción, pero como si que coincidimos en algunos de sus aspectos expresados en ella, tampoco votaremos en contra.
Por la Sra. Concejal del grupo popular, Doña Joanna Moreno Morata expone que hemos leído cuidadosamente su moción y con gran interés hemos recibido su voluntad, manifestada por vez primera por el partido socialista, de impulso de acuerdo entre las administraciones implicadas en el Plan Especial de la Corona Norte de Doñana (de esta “esquinita”, en palabras de la Ministra Ribera, a la que nosotros llamamos nuestra tierra, AND), gesto que hubiéramos agradecido desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, desde hace bastante tiempo.
Venimos escuchando de manera recurrente, como un mantra, que el Gobierno de la Junta se estaba arrogando una serie de competencias propias del Estado, del Gobierno del Señor Sánchez, pero lo que está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía es atender a una llamada de auxilio de nuestros agricultores y de aquéllos que de manera firme y decidida estamos en la labor de proteger nuestro hábitat natural y velar por el motor económico del Condado de Huelva, que es la agricultura. Y este motor económico se ha visto perjudicado por una deficiente regulación normativa en la época de los gobiernos socialistas de la Junta y por supuesto por la inacción del gobierno central en el ejercicio de sus competencias. Para el partido popular, la inacción, esconder la cabeza, nunca es una solución. el problema nos lo hemos encontrado y estamos comprometidos a solucionarlo. La bases para nosotros, es el diálogo.
Hablemos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Además de ser una competencia del Estado, además, de la labor de vigilancia, control y sellado de captaciones irregulares de agua, las confederaciones hidrográficas tienen un potente mecanismo para poner freno al desastre cuando los niveles de los acuíferos bajan de forma continuada, demostrando con ello que el ciclo natural del agua, es decir, el resultado neto de las entradas de agua por las lluvias, filtraciones y drenajes desde masas contiguas menos las salidas por manantiales, ríos o hacia otras masas subterráneas, no logra compensar las extracciones de un acuífero. La ley dice que en ese momento hay que declarar la masa de agua subterránea como sobreexplotada. Esa declaración, que debe pasar por el BOE, activa toda una serie de mecanismos que incluyen formar una comunidad de usuarios de la masa de agua y establecer un régimen de extracciones que sea compatible con la recuperación de los acuíferos.
A pesar de las evidencias durante décadas sobre lo que estaba ocurriendo, la declaración de sobreexplotación del acuífero de Doñana no tuvo lugar hasta el 24 de agosto de 2020, cuando apareció en el BOE, y se aplicó a solo tres de las cinco masas de agua subterránea en que se divide actualmente el acuífero de Doñana: Almonte, Marismas y La Rocina. A día de hoy, todavía no se ha formado la comunidad de usuarios, a pesar de que algunos de los regantes lo solicitaron hace tiempo en vista de que ya ven que, si la situación de sequía continúa sin una ordenación de las extracciones, se quedarán sin agua para sus cultivos, como ya ha ocurrido en una parte de los mismos este año.
El Congreso de los Diputados aprobó a finales de 2018 mandar más agua de otras cuencas para sustituir por agua superficial las extracciones de los pueblos del Condado de Huelva que esquilmaban el acuífero Almonte-Marismas. Una transferencia de 19,99 hm3 desde la demarcación de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, que incluía los 4,99 hm3 aprobados en consejo de ministros en 2008.
Las obras para hacer llegar esa cantidad de agua se declararon de Interés General del Estado. Aún no se han realizado. Sin el concurso del Estado y de la CHG no será posible que el agua superficial llegue a estos pueblos. Y es “competencia y responsabilidad exclusiva del Estado posibilitar el cese de los sondeos, la eliminación de las captaciones y la llegada de agua superficial”.
Hablan en su escrito de un uso electoralista de Doñana. Fíjese, "lo que no se está contando" en España es que ya en 2009 se inició un procedimiento sancionador contra España "cuando gobernaba el PSOE"; que en 2014 se produjo una reconvención de la UE, "cuando gobernaba el PSOE" y que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea contra la Junta de Andalucía, es de 2019, "cuando gobernaba el PSOE y con el PSOE en el Gobierno de España".
España tiene en este momento 104 expedientes de infracción abiertos en la Unión Europea, de los que 24 de ellos son de temas medioambientales "tan importantes como el Parque de Doñana". Sin embargo, en período electoral, Pedro Sánchez, "no cogió el Falcon para ir a esos 24 sitios" sino exclusivamente al Parque Nacional de Doñana (por cierto, ausentándose del debate y votación de la modificación de la nefasta Ley del Solo sí es sí que tanto daño ha causado a las víctimas de agresiones sexuales en nuestro país) y vino a Doñana, espacio que justamente es objeto de reconocimiento de los abusos hechos en la época el PSOE, con Griñán y Susana Díaz a la cabeza y por el incumplimiento del gobierno de Pedro Sánchez de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea".
La Ministra Ribera, hasta el día de la fecha, solo nos ha llamado “esquinita” de España, ha tildado de “señorito”, de "quintaesencia del cinismo" o de “gamberro” al Presidente de la Junta de Andalucía y ha cuestionado la calidad de los productos andaluces en mercados internacionales, sí, una Ministra que debiera representarnos a todos los españoles. El PSOE solo ha dicho NO sin hacer una sola propuesta para consensuar una norma adecuada a la situación de emergencia en la que nos encontramos. Así, mientras recibíamos insultos del Gobierno central del PSOE, desde el Partido Popular hemos demandado incesantemente diálogo.
Se pregunta, ¿Qué ha hecho el Gobierno de Andalucía en Doñana desde 2019, que es cuando el partido popular obtuvo la Presidencia ?.
Andalucía ha invertido más de un millón de euros en la mejora de la conectividad ecológica en infraestructuras de transporte en el Espacio Natural Doñana. Andalucía ha invertido 17,5 millones de euros en restaurar las zonas afectadas por el incendio de 2017 que arrasó 10.000 hectáreas. Andalucía ha realizado cinco grandes actuaciones de reforestación que harán posible la plantación de más de dos millones de plantas y árboles de 25 especies autóctonas. Andalucía, tiene como seña de identidad la protección y defensa del lince ibérico, liderando la recuperación y preservación de esta especie animal. Andalucía ha invertido más de un millón de euros en el deslinde de los montes públicos, un paso fundamental a la hora de delimitar el suelo agrícola del monte público forestal. Andalucía ha invertido casi un millón de euros (850.000 euros) en la restauración ecológica de riberas fluviales en Arroyo Hondo, en Bonares. Andalucía ha invertido casi 1,3 millones de euros en limpiar y restaurar los entornos y parcelas degradadas en montes públicos por depósitos de residuos agrícolas en Moguer , Lucena del Puerto y Almonte.
El Gobierno de Andalucía está trabajando para conseguir que los espacios de la Red Natura 2000 situados fuera del Espacio Natural de Doñana sean declarados Zonas Especiales de Conservación (ZEC). En concreto, la Dehesa del Estero y Montes de Moguer. Su proceso de declaración mediante decreto está en trámite. Su aprobación se espera a finales de 2023.
El Presidente de Andalucía y el Gobierno andaluz llevan pidiendo diálogo para dar una solución al problema social de la Corona Norte de Doñana desde que Juanma Moreno llegó a la Presidencia de la Junta.
Juanma Moreno ha pedido diálogo a Sánchez en persona. Lo hizo el 17 de junio de 2021 y el 28 de julio de 2022 en sendas visitas a La Moncloa. Se ha pedido diálogo a la ministra Teresa Ribera por carta. Lo hizo el pasado 12 de abril. El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido diálogo al secretario de Estado de Medio Ambiente en dos ocasiones por carta. Lo hizo el 4 de noviembre de 2022 y el 23 de febrero de 2023 - La respuesta siempre ha sido el silencio.
Si el Sr. Espadas quiere abordar el problema de Doñana debe hacerlo en el Parlamento, que es donde se está tramitando la proposición de ley, y donde recordemos que en 2022 su partido se abstuvo y luego cambio de posición.
Este pasado 8 de septiembre, Juanma Moreno propuso a los grupos parlamentarios un pacto por la defensa de los intereses de Andalucía en diversas reuniones mantenidas con sus portavoces. Ahí el Sr. Espadas tuvo ocasión de plantear estas intenciones de diálogo, pero rehusó la ocasión para decir de nuevo que NO.
Ante esta nueva negativa, le indicamos que se nos deben 33 obras de emergencias, por el Estado, entre trasvases, depuradoras y desaladoras y al día de hoy no existe ningún compromiso de que se esté ejecutando nada en esta materia por el Estado.
Y debido a que se dice una cosa en el Parlamento, y luego nos piden diálogos, nosotros no podemos extender esa especie de esquizofrenia permanente, cuando somos nosotros los que llevamos pidiéndolo desde el inicio de este problema.
Por ello nos opinemos a esta moción, porque es totalmente contradictoria.
Por el Sr. Concejal delegado de Medio Ambiente, don José Manuel Romero Campos expone que esperaba que Izquierda Unida apoyara esta moción, pero por unos matices en la argumentación ofrecida en la moción, para abstenerse, pese a que coincide con la mayor parte de la moción. Por ello intentaré aclararles algunas cuestiones, para su consideración.
En cuanto a la intervención de la Sra. Moreno, esperaba que hubiera entrado más en el fondo de la Ley. Y lo que ha justificado, bajo las no reuniones, esa proposición de ley, que el partido popular, con el apoyo de Vox, quiere aprobar en el Parlamento andaluz. Le explicaré cual es la propuesta del partido socialista, que viene reflejada en la moción.
El problema que tenemos es la falta de agua y que es un bien finito. “El agua, se puede acumular en superficie, en lagos, embalses o en los propios ríos cuando fluyen, o en nuestros pies, es decir, en acuíferos, que son masas de agua subterráneas de las que se nutre la agricultura pero también la propia naturaleza”.
Nos encaminamos en un escenario, del que venimos de años atrás, en el que va a ver menos agua, y eso no es opinable, luego ¿qué sentido tiene aumentar la superficie de regadío, cuando teníamos que reducirla?”
Debajo de Doñana hay un acuífero del que vive el parque y también una potente industria agrícola. Este acuífero desde el año 2020 está declarado en situación de sobre explotación, entre otras cosas por las extracciones que hay para la agricultura”.
Los pozos son captaciones de agua que pinchan en el acuífero y extraen con bombas el agua y la conducen hacia balsas. En el entorno de Doñana hay pozos legales y pozos ilegales, es decir, agricultores que tienen permiso para extraer agua y otros que lo hacen ilegalmente, ya que han ido cambiando un cultivo de secano por un cultivo de regadío sin autorización alguna.
En 2014 se redactó el Plan especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana que intentaba poner orden en Doñana y permitir la coexistencia del ecosistema natural y el de la actividad productiva, alrededor de 1400 hectáreas se quedaron fuera de ordenamiento, eran hectáreas donde no se podía cultivar o cultivar cultivo de secano, de esas hectáreas son de las que estamos hablando ahora con esta nueva ley que pretende sacar adelante PP y Vox en el parlamento andaluz, y que quiere legalizar una cuestión ilegal que se ha ido produciendo a lo largo de muchos años.
En la actualidad estas hectáreas se están surtiendo de captaciones de agua que hacen de manera irregular. Con esto aumentamos la presión, ya que cuando estén regularizados irán a la administración y exigirán agua, ya que se convertirían en agricultores legales”.
Esta Proposición de ley para el aumento de las zonas de regadío, se va a tramitar por la vía de urgencia para evitar los procedimientos legales de Transparencia y participación publica. En este aspecto estamos de acuerdo que tipo que haber diálogo y coordinación entre Administraciones. A ustedes no le interesa Doñana, sino cumplir el compromiso que han tenido con una serie de agricultores, en periodo electoral. Existen cuestiones de Estado, como es la defensa del medio ambiente, que está por encima de esos compromisos.
Un ejemplo de ello, es que en el 2008, nos vino la crisis económico que trajo mucho desempleo y empresas en especial del sector de la construcción que se vieron avocadas. Nosotros en 2007, cuando nos presentamos a las elecciones, teníamos un compromiso electoral con el municipio, que era hacer el nuevo recinto ferial. Y tuvimos que aparcar esa promesa electoral, porque antepusimos otras prioridades, como era la potenciación de las políticas sociales y de empleo. Y se le explicó a toda la ciudadanía, sobre esas circunstancia y la gente lo entendió.
Y ese ejemplo, lo pueden hacer también con los agricultores, en especial los que han cambiado el cultivo de secano por cultivo de regadío.
Nos dice usted, que el problema de Europa, es un problema más, pero es que están haciendo caso omiso a los informes de la Estación de biología de Doñana, que es un centro de Investigación científica y le dicen que no pueden aumentar los regadíos. Pero tampoco le hacen caso a los informes y recomendaciones que nos hace la UNESCO, que dice que en 2022 el censo de aves de Doñana alcanzó su nivel más bajo de los últimos 22 años. 2 de los 5 habitas naturales del parque casi han desaparecido y hay que mencionar también la mayor laguna del parque, la de santa Olaya, que ha dejado de ser permanente y este verano se ha secado por tercera vez. El informe de la UNESCO también incide en el estado de sus acuíferos, que permanecen en riesgo, por lo que insisten que es urgente cerrar los pozos ilegales para el regadío en el entorno del parque y vuelve a expresar su mayor preocupación por los cambios legislativo en el parlamento de Andalucía para legalizar pozos ilegales.
Pero, además el Consejero que usted ha mencionado, se va Europa, a hablar con el comisario europeo, para contarle el plan de regadío y le contesta el comisario y ya advertido a España y al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que de prosperar esta iniciativa parlamentaria que estáis tramitando, se estará violando la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y amenaza con imponer un nuevo recurso judicial y con sanciones pecuniarias que deberemos pagar con los impuestos de todos los españoles.
¿De verdad que tampoco les vale lo que le están diciendo desde la UNESCO o la UE?.
Esta propuesta pretende cambiar el uso del suelo, de forestal a suelo de regadío, con lo que conlleva eso de un aumento considerable en la necesidad del consumo de agua. Y ustedes con esa decisión, estáis dejando las competencias, al gobierno de España. Ustedes con esa propuesta, estáis dando un titulo habilitante a los agricultores para que puedan pedir agua, cuando agua no hay. Y Habla de que estos suelos que se pretenden regularizar van a regar con aguas superficiales provenientes del trasvase de la cuenca Tinto-Odiel-Piedras. Pero no dicen algo que conocen perfectamente pero que obvian de manera intencionada, el trasvase de la cuenca Tinto-Odiel-Piedras es para recuperar el acuífero de Doñana y para que puedan regar los agricultores legales. ¿De dónde van a sacar el agua para estos terrenos que pretenden regularizar? ¿Pretenden sacarlo de los agricultores que llevan regando de forma legal más de 40 años?. Dígale la verdad a los agricultores.
Por el Sr. Concejal del grupo mixto Vox, don Amador Martínez García, expone que nada tiene que añadir a lo ya manifestado.
Por el Sr. Concejal del grupo municipal con IU-Podemos, Don Ignacio Ruiz González, expone que confía que el actual gobierno de España de coalición, va a adoptar decisiones sobre el Parque Nacional de Doñaña y esperamos que el actual gobierno se mantengan al menos dos legislatura más, por el bien de Doñana.
Me pongo en lugar del grupo popular, y lo difícil que se hace defender este tipo de cuestiones, cuando toda la comunidad científica, la Unesco y los Tribunales, están diciendo que esto es inadmisible. De alguna manera se le debe agradecer esa defensa.
Por la Sra. Concejal del grupo municipal popular, Doña Joanna Moreno Morata, le responde al Sr. Ruiz que no se preocupe por nosotros, pues van a tener que responder por situaciones más complicada que esta. Le queda un reto más difícil por adelante del que nos pueda quedar nosotros.
El problema básico en este asunto, es que parece negarse el problema de la sequía que está soportando Andalucía, y que perdurará por muchos siglos. En ocasiones tenemos más agua por algún periodo de lluvias pero el estado normal de nuestra tierra, son las pocas precipitaciones. Por eso la solución sería buscar un acuerdo con el Gobierno de España, para que se haga trasvase. Son compromisos, que se han ido, rompiendo a lo largo de la historia, y nos encontramos con la actual situación. Y eso es lo que demandamos al gobierno. Y ello es necesario porque esta comunidad autónoma depende de la agricultura. También nos hubiera encantado que en esa moción, hubiera un compromiso firme del partido socialista, de ejecutar de esas obras de emergencias, que son 33.
Por otro lado los pozos ilegales, vienen de la inacción histórica del gobierno socialista mientras han gobernado Andalucía.
En cuanto a su preocupación por Doñana, no pueden olvidarse de esos gaseoductos que se aprobaron en 2011, por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Por el Sr. Concejal delegado de Medio Ambiente, don José Manuel Romero Campos, expone que es cierto que llevamos diez años de sequía, y por ello el panorama ha cambiado, por este ciclo hidrológico que soportamos. Y es verdad que fue el partido socialista, que desde el 2014, quiso organizar aquello, para que el peso medioambiental de Doñana se fortaleciera y que los agricultores pudieran regar.
La proposición que el partido popular lanza, la consideramos irresponsable, que engaña a los agricultores, que distorsiona la paz social de la Comarca de Doñana, y que pone en peligro el espacio natural más valioso y protegido de Europa.
Ustedes hablan de inversiones, y cuando el Sr. Moreno Bonilla vaya de nuevo a Europa a pedir más recursos, le van a contestar que se gaste lo que se ha mandado y que no ejecuta. En 2023, el Ministerio de Transición ecológica se ha gastado 262 millones de euros, en gestión del agua en Andalucía. Nos hablan del desdoble del trasvase del túnel de San Silvestre, y que ya está en marcha. Inversiones se debe ejecutar, pero no solo el gobierno de Eapaña sino por parte de la Junta de Andalucía.
Les importa poco Doñana, y están poniendo entredicho la credibilidad de los agricultores legales, y del producto de los frutos rojos como la fresa que tiene proyección internacional y que el mercado internacional es la que se debe su economía. Podemos encontrarnos campañas publicitarias en contra del consumo de esos productos, porque se entienda que se está secando Doñana por esas explotaciones agrarias. Ustedes serían responsable de la caída de la economía del sector. Y están a tiempo, y pueden rectificar. Nos piden coordinación entre las administraciones, y si estamos de acuerdo, en especial en materia de inversiones, pero deben tener sentido del Estado, y no hacer propuestas electorialistas. Por ello, les pide que no aprueben esta ley, que se les va a venir en contra. Y lo peor, es que van a empeorar sustancialmente el espacio mayor natural que disponemos en Europa, y que se llama Doñana.
Tras el oportuno debate, seguidamente, se somete a votación la citada propuesta con el siguiente resultado:
Votos a favor: 16 (16 PSOE)
Abstención: 3 (2 Con IU-Podemos y 1 Mixto vox)
En contra: 2 (2 2 P.P)
Visto todo lo cual, se acuerda por mayoría absoluta aprobar Moción Grupo Municipal Socialista para un impulso al acuerdo entre las Administraciones implicadas en el Plan Especial de la Corona Norte de Doñana, en línea con el marco de actuaciones para la restauración ecológica del espacio, cuyo tenor literal es la siguiente:
MOCIÓN PARA UN IMPULSO AL ACUERDO ENTRE LAS ADMINISTRACIONES IMPLICADAS EN EL PLAN ESPECIAL DE LA CORONA NORTE DE DOÑANA, EN LÍNEA CON EL MARCO DE ACTUACIONES PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL ESPACIO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El entorno del espacio protegido de Doñana es un territorio de gran valor desde el punto de vista natural, social y productivo. La actual situación es el resultado de un proceso dinámico, fundamentalmente de carácter natural, si bien en las últimas décadas, se han acelerado los cambios que suman, a la dinámica biológica del territorio, otras acciones que vienen acompañadas por impactos y riesgos, pero que también han dinamizado la economía del ámbito.
El auge económico de dicho territorio se inicia hace unas décadas con la aparición de una nueva agricultura intensiva de regadío, que ha ido sustituyendo en buena parte a la actividad primaria tradicional, siendo esta actividad el principal motor económico de la zona.
Dicha actividad ha supuesto un antes y un después para la comarca, e indirectamente para el resto de la provincia de Huelva y de toda Andalucía, en la medida que ha generado un gran desarrollo socioeconómico y generación de empleo, convirtiendo a la provincia de Huelva en la gran despensa de Europa, por la variedad y valor de sus cultivos. Un sector económico estratégico para la provincia como es la agricultura, actividad que representa un 5,24% del PIB provincial de Huelva, por encima de la media andaluza (4,31%) y por encima de la media nacional (2,66%).
Con este desarrollo se han generado ciertos desequilibrios como consecuencia de las tensiones e intereses, a veces contrapuestos, entre la preservación de los valores de los espacios naturales y forestales y las actividades productivas que conviven en el mismo espacio, fundamentalmente la agricultura intensiva y el turismo.
Los riesgos que afectan a los ecosistemas de este ámbito también afectan al conjunto de las actividades productivas, ya que inciden directamente sobre el soporte fundamental para ambos: el agua.
Para conciliar ambos intereses y evitar o controlar los referidos desequilibrios, se formuló y posteriormente se aprobó, en diciembre de 2014, el Plan Especial de Ordenación de las Zonas de regadíos ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana.
Dicho Plan tenía por objeto compatibilizar el aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo de este territorio, con las limitaciones y condicionantes que la protección de los excepcionales valores naturales de Doñana y, en especial, del agua, imponen a las actividades a desarrollar en su entorno, especialmente a la agricultura y al turismo.
Esa compatibilidad es esencial y clave, no sólo para preservar los valores naturales de este espacio protegido, sino que también para garantizar la competitividad de los productos agrícolas en los mercados internacionales.
En este sentido, la regulación de los cultivos en regadío se convierte en una apuesta indispensable para establecer los límites de consumo del escaso recurso llamado agua. Para ello, el Plan establece la caracterización de "suelos agrícolas regables", como la superficie máxima de desarrollo de los cultivos en regadío en el ámbito.
Estos suelos identificados como "suelos agrícolas regables" son el resultado de aplicar los requisitos establecidos a los terrenos para pertenecer a esta categoría, y éstos serán los únicos terrenos agrícolas que podrán ser regados.
No obstante, tal como establece el artículo 23 de las Normas del Plan Especial, es preciso aclarar el significado de los denominados "suelos agrícolas regables”, dado que engloba de forma genérica dos tipos de situaciones de terrenos diferenciadas. Por una parte, están los terrenos agrícolas que tienen otorgados derechos de agua para regadío, y por otra, aquellos que potencialmente pueden ser regularizados en su condición de regadío, lo que supone que, cumpliendo los requisitos para formar parte de la categoría de regables, deberán además superar los procesos y la regulación que se establece en el apartado del recurso hídrico, y dependiendo de la disponibilidad de este recurso para riego.
Por tanto, el Plan Especial de la Corona estableció en el año 2014 las reglas y las bases para la necesaria compatibilidad y equilibrio de las oportunidades de desarrollo de este territorio, especialmente en materia agrícola, con la protección de los excepcionales valores naturales de Doñana y el uso racional del agua.
No obstante, tras más de siete años de vigencia del Plan Especial existe en una parte importante del conjunto de agricultores de la zona la demanda de que se ajusten y modifiquen ciertos aspectos, tanto del propio Plan Especial como de la legislación forestal, para salvaguardar derechos que entienden que las referidas normas no han garantizado a determinados agricultores; es decir, plantean resolver situaciones concretas que, a su juicio, no fueron tenidas en cuenta adecuadamente en el plan de 2014.
El Partido Popular presentó, el pasado año 2022, a las puertas de unas elecciones autonómicas, una Proposición de Ley para modificar, entre otros, el Decreto 178/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, así como la Ley y el Reglamento Forestal de Andalucía.
El Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía manifestó, con objeto del debate para su admisión a trámite en el Parlamento, que la referida Proposición de Ley se arrogaba todas las competencias que, para la elaboración de Planes Especiales, su evaluación ambiental y el establecimiento de los procesos de participación pública en la elaboración y modificación de los mismos, están actualmente en manos del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, lo que conculcaba, al menos y entre otras, el artículo 119 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, además de otras normas de rango europeo en relación con la participación pública en materia de medio ambiente o la evaluación ambiental de planes y programas.
Pero es que además de esa cuestión esencial competencial, que comportaría el fracaso de esta en caso de su aprobación, la referida Proposición de Ley ni siquiera solucionaba, dado que presentaba importantes deficiencias en su contenido, los problemas de parte del sector agrícola anunciados en su exposición de motivos, por lo que podría generar una importante frustración en el citado sector a causa de su erróneo planteamiento, amén de las consecuencias que podría conllevar para la competitividad de los productos agrícolas en los mercados internacionales, por lo que resultaba de vital importancia abordar esta cuestión desde la responsabilidad, rigor ausencia de motivaciones electoralistas.
El 31 de enero de 2022, la Comisión Europea se dirige a España mostrando su inquietud por el riesgo que tendría dicha propuesta para asegurar el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de justicia de la UE de 24 de junio de 2021 en el Asunto C-559/19. La Comisión consideraba que, de prosperar dicha Proposición, podría agravarse significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana.
Finalmente, esa Proposición de Ley, tal como se predijo por parte del Grupo Parlamentario Socialista, fue un instrumento meramente electoral y no un medio para abordar la problemática existente en el Condado de Huelva, y no se llegó a aprobar por parte del Parlamento, dado que se produjo la disolución de este con ocasión de la convocatoria electoral.
Tras las elecciones autonómicas, el gobierno de Andalucía mostró públicamente su predisposición para buscar soluciones de consenso a través del diálogo con el resto de las administraciones que no pusieran en riesgo el gran valor del entorno del espacio protegido de Doñana ni generasen un conflicto con las autoridades europeas o con la imagen de los productos de la zona en los mercados internacionales.
No obstante, con la cercanía de las elecciones municipales en el mes de mayo del presente año, y con una clara motivación electoral de nuevo, el Partido Popular con el apoyo de VOX ha vuelto al mismo procedimiento que hace un año, y ha registrado una Proposición de Ley que vuelve a plantear una modificación del Plan Especial, arrogándose o condicionando competencias de otras administraciones, obviando a la propia Comisión de Seguimiento y ejecución del Plan de la Corona Norte y al Consejo de Participación del Doñana, así como hurtando la participación pública en ambiente o la evaluación ambiental de planes y programas.
Esta iniciativa ha vuelto a generar la reacción del Gobierno de España, con competencias en materia de aguas en el territorio del Condado de Huelva, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la del Presidente del Consejo de Participación de Doñana que ha convocado pleno de este órgano el próximo día 10 de abril y, de nuevo, la de la Comisión Europea que, con fecha 17 de marzo de 2023, se dirige de nuevo por carta al Embajador de España ante la UE para pedir explicaciones por esta nueva Proposición de Ley. En la citada carta se expresa textualmente que "de prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia”, al tiempo que añade que "la Comisión tomaría en consideración la adopción de todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias”.
El PSOE de Andalucía, siempre ha manifestado su compromiso de respaldar al sector agrícola, como motor fundamental y esencial de la economía de la provincia y de Andalucía, por lo que está dispuesto a analizar desde el rigor y la seriedad todas las demandas que provengan desde el sector, incluido las posibles modificaciones o ajustes que resulten necesarios en los textos normativos vigentes.
Así, el Partido Socialista entiende que los instrumentos de planificación y ordenación no son documentos inalterables, sino que son susceptibles de mejora o actualización siempre que respeten los objetivos y finalidades que estuvieron en el origen de su formulación y posterior aprobación, así como el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2021, antes citada.
En este sentido, el artículo 7 de la norma del propio Plan Especial de la Corona, en su apartado 2, indica que la vigencia del Plan es indefinida; ello sin perjuicio de las innovaciones que para mejorar su contenido se puedan introducir, lo que se llevará a efecto mediante su revisión, integral o parcial, o mediante su modificación.
Por su parte, el artículo 8 de la norma del referido Plan Especial, en su apartado 2, establece que se creará una Comisión de seguimiento para la coordinación, gestión y seguimiento del Plan. La Comisión elaborará un informe bianual al objeto de coordinar e impulsar las acciones contenidas en el Plan entre los diferentes organismos responsables, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos previstos, e impulsar en su caso las modificaciones necesarias del Plan. El informe será comunicado al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana para su valoración.
Por tanto, el propio Plan Especial prevé la posibilidad de que el citado instrumento de ordenación sea modificado para su mejora y manda a los responsables públicos a seguir un procedimiento específico para ello, en el que el impulso de las referidas modificaciones le compete a la Comisión de Seguimiento constituida ad hoc, y la valoración previa a su tramitación le corresponde al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana.
La necesidad de que los procesos que tengan lugar en el entorno del espacio protegido de Doñana se realicen con seguridad jurídica, con el mayor consenso y participación a través de distintos instrumentos de participación y decisión con los que se ha dotado, requiere que cualquier modificación que afecte directamente o indirectamente a Doñana conlleve el informe favorable de estos órganos, sin perjuicio, de la necesaria evaluación ambiental estratégica y demás trámites establecidos en la legislación ambiental y urbanística.
El Partido Socialista de Andalucía es consciente de la preocupación suscitada tanto en el ámbito nacional como en el europeo por la tramitación de las referidas Proposiciones de Ley impulsadas por el Partido Popular y Vox al entenderse que las referidas iniciativas podrían contribuir al deterioro de los hábitats protegidos en las zonas protegidas de Doñana, máxime cuando antecede la condena del Tribunal Europeo de fecha 24 de junio de 2021 contra el Reino de España por haber incumplido distintas obligaciones derivadas de la Directiva Europea 200/60 y de la Directiva 92/43.
En este sentido, la incorporación de cambios en la superficie considerada regable dentro del Plan Especial no puede suponer, en ningún caso, una mayor presión sobre el acuífero de Doñana y sus ecosistemas asociados. Sin embargo, es llamativo cómo la nueva Proposición de Ley presentada por el PP, con el apoyo de VOX, intenta disociar en su texto el cambio de calificación de los suelos que quedaron fuera del Plan Especial, considerándolo una mera cuestión de ordenación territorial, para darles derechos de riego, al margen de lo previsto en la planificación hidrológica de la Cuenca de Guadalquivir y en la propia Ley 10/2018 del Trasvase de 19,99 hm3, que sólo autorizaba el uso de agua superficial de la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras para sustituir agua subterránea de comunidades de regantes con derechos ya acreditados en el entorno de Doñana dentro de la demarcación del Guadalquivir.
El propio Presidente de la Junta de Andalucía, en la contestación dada a la portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía en pregunta oral efectuada el día 23 de marzo en el Parlamento, reconoció públicamente, que la Proposición de Ley de su grupo planteaba el reconocimiento de la calificación de suelos regables a aquellos que se quedaron fuera de esa calificación en el Plan del Condado, para que pudieran recibir aguas superficiales cuando se acometieran las infraestructuras que está llevando a cabo el Gobierno de España, conforme a la Ley del Trasvase. En esta afirmación se fundamenta el engaño que el gobierno del Sr. Moreno Bonilla está llevando a cabo con los agricultores de la Comarca del Condado y con la opinión pública, por cuanto el caudal aprobado en esa Ley ya se encuentra distribuido a zonas regables con concesión en la actualidad.
El plan hidrológico vigente, aprobado por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, asigna para los regadíos de Huelva en la zona del entorno de Doñana 3,10 hm3/año de aguas superficiales relacionadas con las aguas trasvasadas de la demarcación vecina del Tinto, Odiel y Piedras y hasta 27,24 hm3/año adicionales de aguas subterráneas, teniendo en cuenta que el conjunto las extracciones de la zona se debe ajustar a lo establecido en los estudios hidrológicos e hidrogeológicos realizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el IGME, de acuerdo con el Convenio vigente entre ambos organismos o con futuros desarrollos de dicho Convenio. Dichas asignaciones de recursos hídricos siempre están limitadas a regadíos con derechos ya acreditados. Además, el plan hidrológico vigente contempla la reserva de hasta 17 hm3/año de aguas superficiales, a recibir mediante trasvase, para la sustitución de dichas extracciones de aguas subterráneas en el entorno de Doñana.
Es importante recordar además que la Ley 10/2018, de 5 de diciembre, sobre la transferencia de recursos de 19,99 hm* desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, se planteó como herramienta para la recuperación del acuífero mediante de la sustitución de aguas subterráneas que "ningún caso podrán destinarse a la creación de nuevos regadíos fuera del ámbito del suelo agrícola regable, ni a al ampliación o a modificaciones de características de los existentes que impliquen un incremento de la superficie en regadío en sistemas de explotación de recursos deficitarios, como es el caso de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir".
Por tanto, ni el Plan Hidrológico del Guadalquivir, ni la ley del trasvase hacen posible aumentar los bombeos del acuífero ni tampoco asignar recursos superficiales a nuevas superficies, ya que esto último sería siempre a costa de otras ya existentes.
No es posible, por tanto, concesiones de agua para estas nuevas las modificaciones a las que hace alusión la Proposición de Ley, hectáreas tras por tanto, las palabras del Sr. Moreno Bonilla sólo pueden justificarse desde el desconocimiento o desde la mala fe, del que quiere engañar a otros.
Es relevante indicar que en el proceso de consulta pública del borrador de plan hidrológico del Guadalquivir, entre el 23 de junio y el 2 de diciembre de 2021, no se recibió ninguna alegación al mismo por parte de los grupos políticos que promueven esta iniciativa, ni tampoco de las administraciones por ellos sustentadas, en el sentido de proponer las cuestiones que ahora plantea la cita Proposición de Ley.
Es conveniente tener en cuenta, además y por último, el recientemente presentado "Marco de Actuaciones para Doñana", el pasado 30 de noviembre de 2022, por la Vicepresidenta Tercera del Gobierno de España y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ante el Consejo de Ministros, en el que se aprueba una inversión de 356 millones de euros para mejorar la restauración ecológica de este espacio, en línea con los compromisos alcanzados con la UE por la Administración española.
En el citado documento se refuerza el compromiso del Gobierno de España con este territorio con medidas acorto y medio plazo para la mejora de la gestión de los recursos hídricos y la recuperación socioambiental del mismo, entre otras.
Disminuir las extracciones de aguas subterráneas y la presión al acuífero, sustituirlas por aguas superficiales y dotar económicamente el plan de recursos para estudiar la posibilidad de forma voluntaria de adquirir fincas o derechos de agua que incidan desfavorablemente sobre el acuífero son cuestiones que deben analizarse con detenimiento, con la puesta en marcha de una Oficina sobre el terreno, también prevista en el Marco de Actuaciones, y que deberá estudiar caso por caso la situación o la problemática de cada una de las explotaciones agrícolas, en particular, aquellas que demandan haber quedado fuera de las zonas regables en el Plan Especial de la Corona norte de Doñana.
En este sentido, resulta de vital importancia para abordar ese proceso que las administraciones competentes en la ordenación del territorio, protección del espacio protegido y en materia de concesión de aguas, constituyan un órgano formal de carácter bilateral que permita a ambas administraciones analizar de manera conjunta los distintos asuntos relacionados con el Parque Nacional de Doñana, incluidos los relacionados con la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes y planificadas para mejorar la situación hídrica de la zona, así como aquellos Planes de Inversiones extraordinarios e integrales que contribuyan al dinamismo y reactivación económica del territorio.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente
MOCIÓN
1.- El Ayuntamiento de La Rinconada insta al Consejo de Gobierno de Andalucía a que cumplan las previsiones del Plan Especial de la Corona Norte de Doñana, si se plantea modificar o actualizar cualquier cuestión de este, previo informe de la Comisión de Seguimiento del Plan y el dictamen del Consejo de Participación de Doñana, tras la experiencia de sus años de vigencia y para adaptarlo al recientemente aprobado "Marco de Actuaciones para Doñana". De ello se dará cuenta a las autoridades europeas en cumplimiento de las obligaciones contraídas en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 24 de junio de 2021 y para asegurar su coherencia con los objetivos allí marcados.
2.-Instar al Consejo de Gobierno de Andalucía y al Gobierno de España a que constituyan una Comisión Bilateral que permita ambas administraciones analizar de manera conjunta los distintos asuntos que afecten al Parque Nacional de Doñana, incluidos los relacionados con la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes y planificadas para mejorar la situación hídrica de la zona, así como aquellos Planes de Inversiones extraordinarios e integrales que contribuyan al dinamismo y reactivación económica de la zona.
