15/10/2014 PLENO ORDINARIO DE 15 DE OCTUBRE DE 2014
PUNTO DÉCIMO TERCERO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA IMPLANTACIÓN ESTATAL DE UNA BONIFICACIÓN FISCAL EN EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DIRIGIDA A FAMILIAS SIN INGRESOS...
PUNTO DÉCIMO TERCERO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA LA IMPLANTACIÓN ESTATAL DE UNA BONIFICACIÓN FISCAL EN EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DIRIGIDA A FAMILIAS SIN INGRESOS Y CON TODOS SUS MIEMBROS .-
Por la Sra. Portavoz del grupo popular, doña Raquel Vega Coca, procede a la lectura de la siguiente moción presentada por su grupo, para la implantación estatal de una bonificación fiscal en el Impuesto de Bienes Inmuebles dirigida a familias sin ingresos y con todos sus miembros.
Por el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida Don Antonio Torres Carnerero, expone que a mí, me causa sonrojo como mínimo, Sra. Vega, pedirle a alguien que haga lo que no estoy dispuesto hacer en esta Casa. Le hemos propuesto una enmienda a su proyecto de ordenanzas fiscales de impuestos, tasas y precios públicos para 2015, una bonificación del 50 por ciento, para las personas que están en esta situación de urgencia que usted acaba de describir, y usted ha dicho que no. Y ahora le plantean al gobierno central, una medida que va en la misma línea que nuestra enmienda. Y esa bonificación que hemos pedido, no solo afecta al IBI; sino al Impuesto de Vehículos, y para las tasas y los precios públicos, y al respecto le pregunta si existe una sentencia que declare, que eso es ilegal. Ustedes ahora piden al gobierno central, lo que no quieren hacer aquí, y nosotros le vamos a apoyar. La pelota la ponen ustedes en el tejado del Gobierno Central, porque no la quieren sobre su tejado. La pelota, también es suya.
Usted tiene sus dudas sobre la legalidad de esa bonificación planteada por nuestro grupo, pues no han traído ningún informe de Tesorería, que dicha que nuestra enmienda es ilegal y acaso el año pasado había sentencia alguna sobre nuestro planteamiento, y pese a ello, negaron nuestra enmienda. Ignora que la misma situación de urgencia social que existe en el año 2014, la había, para muchos vecinos-as en el año anterior. Estoy seguro, que de no mediar esa supuesta Sentencia, pues ningún Tribunal ha valorado la propuesta de Izquierda Unida,. Después de aceptar nuestra enmienda, no tenemos problemas en ir de la mano, para reclamarle al Gobierno de la Nación, que modifique la Ley de Haciendas Local, y contemple esa bonificación. Compartimos sus argumentos en la moción, de que la situación social y económica de muchos vecinos, hace que sea de urgente necesidad esa reforma, tanto en el municipio como en el resto de España. Según su moción, se está produciendo un situación de grave injusticia social, algo que compartimos, pero no cuando ustedes mismo no lo aplican en el municipio.
Apoyaremos su moción, porque estamos de acuerdo con los puntos de acuerdos, pues en la exposición de motivos, existen brindis al sol. Cuando dice que la reforma constitucional que se debe hacer para blindar y garantizar los derechos sociales, tanto la cobertura del sistema sanitario público, como el sistema público de servicios sociales. Sin embargo la única reforma constitucional que se ha aprobado ha sido para blindar el cobro de los intereses de la deuda, y que hicieron cuando gobernaron con el apoyo del partido popular. Ahora en la oposición, toca reformar la constitucional para proteger otros derechos, distintos a los financieros que ustedes apoyaron.
Por la Sra. Portavoz del grupo popular, Doña Virginia Pérez Galindo, expone que nos parece acertados los puntos de acuerdos de su moción, y se consideramos apropiado a que se inste al Gobierno de la Nación, que se establezca esa bonificación fiscal, para los que menos tienen y lo peor lo están pasando, en esta crisis económica. Podíamos discutir, si esta bonificación fiscal, que sería potestativa por cada municipio, tiene que soportarla el Estado, pero no lo vamos a plantear, pues es importante que los Ayuntamientos tengan recursos económicos, pero lo que no vamos a suscribir son las palabras gruesas que contiene su exposición de motivos. Me refiero a las expresiones de que el impacto de la crisis y unida a las políticas antisociales del partido popular, han provocado el incremento de la pobreza en España. Y mucho menos, cuando hacen alusión a la pobreza infantil. No podemos suscribir la denuncia pública de los recortes delo Gobierno, en servicios sociales. Y hace alusión en su exposición de motivos, a la Administración autonómica, y pone en valor, las políticas de la Administración autonómica, y de la loca. Se debería poner en valor, las políticas sociales que propicia el Gobierno de la Nación.
El gobierno popular, no es responsable del incremento de la pobreza en España, pues en Andalucía solo ha gobernado en la democracia, un solo partido político. Mientras para la organización de Caritas, en España, existen cuatro millones de pobres, y de ellas, dos millones son andaluces. Algo pues tendrá de culpa el gobierno andaluz que ustedes gestionan. Y eso no se puede afirmar en una moción, cuando en Andalucía, tienen un 40 por ciento, de pobreza infantil. Y ustedes hacen responsable de esto, al gobierno popular del Estado, que lleva tres años en el poder. No todo vale en un papel, y hacen un flaco favor a las políticas que se están poniendo en marcha para combatir esta pobreza. No nos habla de un plan de inclusión social valorado en 136 mil millones de euros, que pone el gobierno de la Nación, con más de 250 medidas con dotaciones específicas para luchar contra la pobreza infantil. No puede hacer ciertas afirmaciones en su moción, y sacudirse de los problemas, como si no sucediera nada. Por lo tanto, no podemos asumir la exposición de motivos que ustedes traen, aunque podamos asumir los puntos de acuerdo de su moción, con algunos matices. Por todo ello, no vamos a suscribir su moción, a menos que ustedes se ciñan a los puntos de acuerdos, y que hagan una visión amplia incluyendo los datos que le he ofrecido.
Por la Sra. Portavoz del grupo municipal socialista, doña Raquel Vega Coca, expone que no cambio ninguna coma, en la denuncia de los recortes generalizados del Gobierno Central, para el desmantelamiento de lo púbico y del Estado del Bienestar Social. Los mayores recortes en democracia, en cuanto a derechos sociales y libertades de los ciudadanos de este país. Además usted habla solo en el ámbito de Andalucía, y no del resto del Estado, en donde existen comunidades autónomas como las mismas estadísticas que en nuestra comunidad, en cuanto a desempleo y pobreza. En España tenemos seis millones de desempleados, que es la tasa más alta desde la democracia, en donde se ha subido cincuenta impuestos y en la que la deuda publica, está rozando el cien por cien del Producto Interior Bruto. No fluye el crédito, a pesar del rescate financiero. No se alivia a las familias ni a las PYMES, Han caído los salarios. Han presentado una reforma local, que viene reflejado en la moción, donde 2.300 ayuntamientos de toda España que representan a 16 millones de ciudadanos, han interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional. Recortes del 70 por ciento en los planes concertados de servicios sociales, lo cual significa que los pueblo con menos recursos, tienen que atender a más personas, que acuden a la Administración más cercana a ellos, y no al Estado o a la comunidad autónoma. Los servicios sociales municipales, no dan a basto, ante las necesidades sociales que plantean sus vecinos-as, y que se agravan, con las políticas de recortes de su Gobierno.
Izquierda Unida, tiene un problema de escucha, pues no lo hace con los colectivo que acuden al consejo municipal de Participación Ciudadana, que no le apoyan en sus enmiendas, y que no sois capaces de cambiar vuestras propuestas, ni una sola coma. Pero tampoco, escucha que su propuesta no tendría cabida legalmente, tal como la plantean, que no es otra cosa que una propuesta de gastos, en unas ordenanzas fiscales, vía subvención, y que ha sido tumbado por el Tribunal Supremo, sala tercera, en la sala de lo contencioso administrativo, de 19 de Mayo de 2014. Compartimos el fondo de su propuesta, pero usted dice que postestativamente podemos modificar la ley de Haciendas Locales, y eso es imposible de hacer, por lo que engaña a los vecinos. Precisamente porque no tenemos esa potestad, y porque existe jurisprudencia y Ayuntamientos que está teniendo problemas, por plantear medidas parecidas, es por la que se trae esta moción a pleno, para hacer las cosas bien. Le explica, que existe un Ayuntamiento de la provincia, que ha querido hacer algo parecido, como es Alcalá de Guadaira, que no ha podido aprobar un reglamento municipal de subvenciones al IBI, y lo que han hecho, es plantearlo como un Reglamento General de ayudas a la vivienda. Y eso, se hace aquí, desde hacer varios años, para atender gastos generales del hogar, como el pago de suministros, o una medida pionera como el bono energético social Hemos subido las ayudas sociales entre un 40 a 50 por ciento, en la última liquidación presupuestaria, para afrontar gastos de viviendas, y que gestiona el área de Bienestar Social. Igualmente pusimos en practica programas sociales de generación de empleo, que es la medida social posible.
Planteamos que ningún municipio español, pierda ningún solo euro de capacidad financiera, y para ello pedimos que la medida de bonificar el IBI, a las familias con escasos recursos económicos, se pueda aplicar en toda España, y que consistiría en la modificación de la Ley de Haciendas Locales, pues nosotros no podemos actuar sino esa habilitación legal, como nos dice la Jurisprudencia. Nos basamos también en un precedente normativo, que se dio en la contribución de bienes rústicos, en el año 2012, donde ante una situación de catástrofe natural, se reguló por el Estado, una exención, para ese ejercicio y estuvimos de acuerdo todos. Y por último,es de justicia social, de quien tiene la potestad legal de modificar la Ley de Haciendas Locales, regulando otros supuestos de bonificación, acorde con la coyuntura económica, es la Administración General del Estado.
Por el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, don Antonio Torres Carnerero, expone que la utilización por la Sra. Vega, de la expresión “tumbar”, parece que usted está satisfecho con esa decisión judicial. Nosotros proponemos que los técnicos del Ayuntamiento, diese encaje legal, a esa propuesta de Izquierda Unida, esperando que los Tribunales no tumben, esa propuesta que beneficia a muchos vecinos del municipio, al igual que el Tribunal Constitucional, va a tumbar la modificación de la Ley del derecho social a la vivienda, promovida por la Consejería de Fomento y Vivienda.
Le recuerda, que de las asociaciones presente en la Comisión de Participación Ciudadana, tan solo tres votaron en contra de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, de las nueve asociaciones presentes, las cuales se abstuvieron. Precisamente las asociaciones que estuvieron en contra, votaron a favor de las propuestas del equipo de gobierno.
Se pregunta si se tiene autoridad en pedir al Gobierno Central, lo que ustedes no quieren hacer en el municipio donde gobiernan. Esa supuesta Sentencia, que va en la línea, de lo que propone Izquierda Unida, afecta exclusivamente al IBI, pero no afecta al resto de impuestos, tasas y precios públicos. Lo que pretendemos es que se bonifique a las familias que no tienen recursos económicos y además que se encuentren en una situación de desempleo. Entendemos que lo que existe es una falta de voluntad política de poner en práctica esta medida, y no un problema legal.
Tampoco, compartimos algunas reflexiones que se hacen en la exposición de motivos de la moción, y vamos obviar esas afirmaciones vanagloriosas que hacen en la misma, de la labor que hace el equipo de gobierno, ante las carencias económicas de las personas. Votaremos no obstante su moción.
Por la Sra. Portavoz del grupo popular, doña Virginia Pérez Galindo, expone que lamentamos no poder apoyar esa moción del grupo socialista, pues no podemos apoyar afirmaciones tan gruesas, como hacer responsables, al gobierno central, de la pobreza infantil, ya que ustedes no sois capaces de asumir la parte de responsabilidad que os toca, como gestores de la comunidad autónoma de Andalucía. Es una práctica que suelen utilizar, en otras cuestiones como la violencia de género. Por lo tanto, no vamos a suscribir su moción.
Por la Sra. Portavoz del grupo municipal socialista, doña Raquel Vega Coca, entiende la incomodidad del partido popular, ante la denuncia de las decisiones que esta adoptando el Gobierno de España, ante la crisis económica y los efectos antes la ciudadanía. Puede entender la coherencia del grupo popular, sobre una enmienda presentada en un debate de ordenanza anterior, y que visionó, que podía ir en contra de la Ley de Haciendas Locales, y eso se ha hecho y se tiene que decir.
Lo que no entiendo esa posición de Izquierda Unida, usando trilerismo en el debate del punto de las ordenanzas fiscales. Intentan confundirnos sobre la posición de voto de las asociaciones participantes en la Comisión de Participación Ciudadana, y en donde da entender que hubo una abstención en las asociaciones participantes, cuando solo dos colectivos se abstuvieron y el resto votaron a favor, y por lo tanto rechazaron su propuesta y por tanto no comparten sus argumentos. Y lo más grave de todo, es que nos presentan un fraude de enmiendas, porque no escuchan las recomendaciones que yo he dado, ni las recomendaciones técnicas. No había problemas en que los técnicos del área de economía pueda emitir un informe en el que diga que no se pude incluir esas enmiendas en el texto de las ordenanzas fiscales, porque no se ajustan a la Ley. Pretenden deformar un debate de ingresos con medidas de gastos, y fuera de ley, porque lo dice el Tribunal Supremo. Y no me alegro de ello, por eso hemos presentado una moción, para que desde lo local se pida al Gobierno Central, competente en esta materia, para que modifique la normativa vigente, y habilite esa clase de bonificaciones para familias con escasos recursos económicos, y que esos beneficios se extiendan a todos los españoles, precisamente porque los servicios sociales, quieren hacer más cosas de la que puede hacer, por una reforma de la Administración Local, que le recorta competencias, y ante iniciativas nacionales que minoran fondos para atender a esas familias.
En La Rinconada, hemos incrementado el 71 por ciento, los fondos destinados a programas de fomento de empleo, que es la mejor política social, y no 3 €, en el recibo del impuesto de Vehículos. Esa no es la manera de ayudar a una familia que pasa dificultades económicas. Nosotros sin embargo planteamos el aumento de fondos para políticas sociales y programas de empleo. Hemos tramitado miles de ayudas sociales, tramitadas por el área de Bienestar Social, aplicando programas pioneros, como el bono energético social, en la que se asigna una ayuda máxima de 100 €, para familias sin recursos económicos, y que no puede hacer frente a sus necesidades básicas, entre ellas el pago de las facturas de suministros eléctricos y de agua. Hemos subido todas las líneas de becas y ayudas sociales, en algunos casos en porcentajes del cuarenta por ciento.
Le importa Izquierda Unida, poco que el planteamiento que defienden sobre las bonificaciones, sea ilegal, y que no tengamos mayor capacidad de respuesta, porque nos recortan financiación de otras Administraciones. Sigue con esos planteamientos, y le avecino que le irá muy bien.
Por el Sr. Alcalde, expone que esperaba mayor éxito en la acogida de esta moción del grupo socialista, que lo único que pretende es que el Gobierno de la Nación, modifique la Ley, y haga lo mismo que se ha hecho con el IBI rústico, con el IBI urbana, pues cuando había inundaciones o sequías y la gente del campo, ha tenido problemas económicos, se ha procedido a ayudarles con una exención de ese impuesto. Posteriormente el Estado, nos ha reembolsado todo el dinero por ese concepto, dejado de percibir. Ahora estamos padeciendo una inundación o sequía tremenda y que afecta a la ciudadanía de este país, motivado por la crisis económica, pedimos que aquellas familias que tengan recursos económicos cero, el Gobierno haga lo mismo, con el IBI de urbana. Y a eso el grupo de Izquierda Unida, le pone todas las pegas del mundo, y se avienen a un debate que nada tiene que ver con esta moción. Ustedes cada vez que nos traen un papel, en vía presupuestaria o en ordenanzas fiscales, antes de analizarlos políticamente, se lo tenemos que llevar a los técnicos, para comprobar si son medidas legales. Su trayectoria es que en los últimos cuatro años, todo lo que propone es ilegal, desde las ordenanzas de telefonía móvil, de puertas giratorias para que el personal de las empresas que nos presta servicios, formen parte de un ficticio ente público de servicios y ahora nos traen una propuesta de bonificación de las ordenanzas, que verbalmente ha manifestado el Tesorero, que no se ajusta a la legalidad. Su propuesta técnicamente es inasumible, y no podemos valorarla políticamente. No podemos buscar formulas a sus propuestas que traspasan la legalidad.
Respecto a la intervención de la Sra. Pérez, no se puede molestar porque hablemos de pobreza infantil en este país. Existe una responsabilidad política, que nunca personal, pues cuando llegó el Sr. Rajoy a gobernar este país, había un nivel de pobreza infantil, y hoy se ha duplicado. Debe haber responsabilidad, pues no es responsabilidad del capitán del vertido del “Prestige”, de la contaminación del “ébola”, a la enfermera o del accidente del “Avia”, del maquinista. Deben tener responsabilidad por las decisiones que han adoptado ese gobierno, ha propiciado que se aumente la pobreza y en especial la que afecta a la infancia. No se pueden poner de perfil, ante el deterioro de la situación económica del país. Sacan pecho, cuando las cosas empiezan a remontar, y luego su Ministro de Economía, en Europa dice que la economía europea está estancada, y que puede ocasionar una tercer recesión económica, para el caso de que no se inyecte dinero a la economía, por el Sr. Dragi. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad por la situación que atraviesa muchas familias, afectada por la crisis económica, aunque lo que más gobiernan y controlan, tendrá mayor grado de responsabilidad.
Lo que pedimos, Sr. Torres, es que el Estado, teniendo en cuenta que los entes locales, están mal financiados, pues no se ha resuelto el problema de la financiación local, y es quien recauda los grandes impuestos en este país, destine una parte importante en ayudar a las familias, sin que se vean perjudicados, las ya alicaídas finanzas municipales. Y si eso se ejecuta, no generaría desequilibrio territorial entre territorios, porque algunos municipios, no pueden plantear medidas sociales, por no tener fondos necesarios. Queremos que un vecino con independencia de donde están empadronados, tenga derecho a que se le bonifique su impuesto sobre bienes inmuebles, siempre que no tengan recursos económicos, y para ello el Estado tiene que compensar a los municipios, por los ingresos que deja de percibir. Estamos ante una cuestión de voluntad política y legal. No pueden cargar a los ayuntamientos, de otra política social más, pues apenas podemos asumir nuestras obligaciones legales, con los fondos que recibimos. Los vecinos acuden a la autoridad más próxima para reclamarle lo que proceda, sin mirar si somos competente o no. No acuden al Sr Rajoy ni a la Sra. Díaz, para que le solucione sus problemas diarios.
Esperábamos la unanimidad de todos los grupos municipales a esta moción socialista, y tampoco esperábamos el debate tan vehemente del grupo grupo municipal de Izquierda Unida, y que da la sensación de que su enemigo político es el partido socialista. Ustedes tienen su espacio político, y le recomienda que miren a su izquierda, para tapar agujeros.
Seguidamente, se somete a votación, esta moción, con el siguiente resultado:
Votos a Favor: 16 (13 PSOE y 3 I.U)
Abstenciones: 3 (3 P.P)
Votos a Favor: 16 (13 PSOE y 3 I.U)
Abstenciones: 3 (3 P.P)
Visto todo lo cual, se acuerda por mayoría absoluta de los miembros asistentes que componen el Ayuntamiento Pleno, lo siguiente:
Único. Aprobar moción presentada por el grupo municipal socialista, para la implantación estatal de una bonificación fiscal en el Impuesto de Bienes Inmuebles dirigida a familias sin ingresos y con todos sus miembros, cuyo tenor literal es el siguiente:.
MOCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN ESTATAL DE UNA BONIFICACIÓN FISCAL EN EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DIRIGIDA A FAMILIAS SIN INGRESOS Y CON TODOS SUS MIEMBROS EN DESEMPLEO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Resulta indiscutible la situación de urgente necesidad que sufren las personas en desempleo con responsabilidades familiares como también que ante ello, el Gobierno de España debe adoptar más y nuevas medidas de forma inmediata y con carácter de urgencia. Precisamente ahora que el Ejecutivo central está anunciando el cambio de coyuntura económica, no es posible dejar a las principales víctimas de la crisis en desamparo, como si se tratara de una generación olvidada.
La protección de las personas desempleadas y de sus familiares se va agotando. Según la EPA del segundo trimestre de 2014, en situación de desempleo se encuentran 5.616.011 personas, de las que sólo 1.773.573 perciben algún tipo de prestación, lo que supone que casi 4 millones de personas carecen de todo tipo de protección.
A estas personas, además del derecho al trabajo (artículo 35.1 de la Constitución), también se les conculca el derecho a su protección en caso de desempleo (artículo 41 de la Carta Magna). Se está produciendo una situación, por tanto, de grave injusticia social, máxime cuando se sabe que muchas de ellas son personas en desempleo de larga duración y sin ningún tipo de ingreso económico. De hecho, la EPA del segundo trimestre de 2014 habla de en torno a 750.000 familias con todos sus miembros en paro y con carencia de ingresos.
El impacto de la crisis, unido a las políticas antisociales del PP ha provocado el incremento de la pobreza en España, que están padeciendo de modo directo los niños y niñas con sus padres en paro. UNICEF estima en más de 2.300.000 niños y niñas españoles en situación de pobreza. Sin embargo, el gasto en prestaciones ha disminuido, a fecha de junio, en 3.144 millones de euros, aproximadamente sobre el pasado y la cobertura por desempleo apenas alcanza el 58 % de las personas inscritas en las oficinas de empleo. Si se continúa la tendencia, al final de año el gasto en protección por desempleo será de 6.000 millones menos que en 2013.
Por estas razones, el PSOE defiende medidas como el aumento de los fondos del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social o la reforma constitucional para blindar y garantizar los derechos sociales, tanto la cobertura del sistema sanitario público como el sistema público de servicios sociales. Y asimismo, a través de una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, la extensión del subsidio de desempleo a las personas que lleven más de un año inscritas como paradas, que carezcan de ingresos y tengas cargas familiares.
Desde el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de La Rinconada reiteramos la denuncia pública de los recortes del Gobierno en servicios sociales, algo especialmente grave en un momento de profunda crisis económica, en el que ha aumentado de manera muy importante la demanda de atención por parte de la ciudadanía y de las familias.
Al progresivo desmantelamiento de la Dependencia o el recorte consolidado en estos años de un 70 % del Plan Concertado de Servicios Sociales se ha sumado la reforma local. Un hito negativo y recurrido por inconstitucional que pone en riesgo los servicios sociales locales y por tanto, la puerta de entrada al sistema que garantiza el acceso de proximidad a los posibles usuarios y usuarias, sin olvidar el Plan de Servicios Sociosanitarios, que constituye una amenaza de privatización de una parte importante de la asistencia de salud.
Ante estos hechos y la situación de muchos hogares que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, se deduce también la conveniencia de un marco estatal que cubra y se adecue a la situación de las familias con dificultades para atender sus obligaciones tributarias, tanto estatales como locales.
Tanto la Administración autonómica en Andalucía como el Ayuntamiento de La Rinconada están implantando nuevos programas de ayuda social para estos colectivos y por diverso importe. En nuestro municipio, se han reforzado línea de acción social tendentes a posibilitar el respaldo de la Administración local en gastos básicos. Se han consolidado programas de ayudas a la alimentación, alquileres, gastos de vivienda, suministros sin olvidar el incremento de las distintas convocatorias de becas municipales.
En un momento donde se han reducido las transferencias de fondos de otras Administraciones a los Ayuntamientos y donde muchos de ellos se encuentran inmersos en planes de saneamiento y de ajuste para atender los objetivos de deuda y pago a proveedores, debe destacarse el importante esfuerzo realizado desde la Administración local.
El Gobierno de España ha reconocido que para el ejercicio 2015 el gasto en prestaciones por desempleo se reduce en 4.100 millones aunque no indica que el mismo está ligado a la existencia de personas que han agotado el periodo de prestación o están próximos a hacerlo. En cualquier caso, debiera invertirse cualquier ahorro previsto en potenciar los programas de ayudas a familias o crear otros nuevos, escuchando y contando con la experiencia y cercanía que pueden aportar los Ayuntamientos.
Por todo lo expuesto, proponemos al Gobierno de España incluir una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado para introducir una bonificación fiscal a las familias con situación económica precaria en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a su vivienda habitual, con un ámbito temporal de aplicación correspondiente al ejercicio 2014 y 2015. Los y las contribuyentes que, teniendo derecho a esta bonificación, hubiesen satisfecho los recibos correspondientes al ejercicio 2014, podrían solicitar la devolución de las cantidades abonadas.
Esta bonificación, a solicitud del sujeto pasivo, se aplicaría sobre la totalidad de la cuota de la contribución de la vivienda habitual, recogiendo como requisito el que el valor catastral de la vivienda fuera igual o inferior al valor catastral medio del parque de vivienda del término municipal correspondiente; que todos los miembros de la unidad familiar se encontraran en paro; e igualmente, que los y las componentes de dicha familia no perciban ningún subsidio o prestación por desempleo.
Entendemos igualmente clave, que a mayores de la modificación del marco estatal que permita recoger esta nueva bonificación, se establezca la oportuna compensación a los Ayuntamientos por la minoración que ésta pueda suponer, a través de la oportuna dotación económica en los Presupuestos Generales del Estado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal PSOE de La Rinconada plantea al Pleno para su aprobación los siguientes acuerdos:
1. Instar al Gobierno de España a que estudie e implante con carácter urgente una nueva bonificación fiscal en el Impuesto de Bienes Inmuebles dirigida a dar cobertura a familias con todos sus miembros en paro y no perceptoras de ningún ingreso, en cuanto a las liquidaciones de viviendas con consideración de residencia habitual y valor catastral igual o inferior al valor catastral medio del parque de vivienda del término municipal correspondiente.
2. Solicitar que la medida tenga vigencia en 2014 y 2015, conforme a la realidad del impacto de la crisis y del crecimiento de la pobreza en España.
3. Instar al Gobierno de España a compensar económicamente a los Ayuntamientos por la implantación de esta bonificación con dotación expresa recogida en los Presupuestos Generales del Estado para así evitar un nuevo perjuicio a la capacidad de acción y respuesta social de los municipios ante el conocimiento de familias con dificultades socioeconómicas.
Dar cuenta de estos acuerdos al Gobierno de España y a todos las fuerzas políticas representadas por voluntad ciudadana en el Congreso y Senado, así como al Parlamento de Andalucía, la Diputación Provincial de Sevilla y el Defensor del Pueblo.
2. Solicitar que la medida tenga vigencia en 2014 y 2015, conforme a la realidad del impacto de la crisis y del crecimiento de la pobreza en España.
3. Instar al Gobierno de España a compensar económicamente a los Ayuntamientos por la implantación de esta bonificación con dotación expresa recogida en los Presupuestos Generales del Estado para así evitar un nuevo perjuicio a la capacidad de acción y respuesta social de los municipios ante el conocimiento de familias con dificultades socioeconómicas.
Dar cuenta de estos acuerdos al Gobierno de España y a todos las fuerzas políticas representadas por voluntad ciudadana en el Congreso y Senado, así como al Parlamento de Andalucía, la Diputación Provincial de Sevilla y el Defensor del Pueblo.