15/07/2015 PLENO ORDINARIO 15 DE JULIO DE 2015
PUNTO DÉCIMO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA CONTRA LA LEY 472015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, don Antonio Torres Carnerero, procede a dar lectura a la moción presentada por el grupo municipal de izquierda Unida, contra la Ley 47/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
1 Seguidamente, expone que estoy convencido, que después del 1 de julio, España no tiene más seguridad. No estamos cambiando seguridad por menor libertad, sino todo lo contrario tenemos menos seguridad y bastante menos libertad todos los ciudadanos. Se debe contextualizar el nacimiento de esta Ley, que se produce tras una serie de años, de recortes sucesivos por parte del Gobierno del partido popular, y que ha supuesto una merma de derechos a los ciudadanos españoles, que incluso a afectado a su forma de vida. Muchas personas están pasando verdaderas penurias económicas. Ante esa situación, se ha producido una respuesta de muchos ciudadanos afectados por los recortes y el Gobierno ante esa situación, aprueba esta Ley, cuyo principal objetivo es cercenar la protestar y manifestar su malestar de la mayoría de la población que padece las consecuencias de esta Ley y los sucesivos recortes aplicados. Esta Ley deja al arbitrio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la apertura de expedientes sancionadores contra la ciudadanía, pues existe una desregularización de la seguridad ciudadana y de las condiciones para la reunión y manifestación de las personas que están en contra de las políticas de recortes que está practicando el partido popular. Es por tanto una involución de los derechos democráticos y de las libertades de esa mayoría social, que compone la ciudadanía de este país.
Es inadmisible y inasumible que haya un solo recorte de derechos y libertades, gobierne quien gobierne. No poder atribuirse más poder judicial ni policial al que ostenta el gobierno y al respecto ya supuso un error, con una Ley como la de seguridad ciudadana, donde ser recortaron libertades y derechos básicos democráticos. No podemos pasar esa línea roja de recortes democráticos, pues en caso contrario el que venga seguirá con dichas medidas.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal, La Rinconada, si se puede, Don Luis Silva García, expone que estamos en contra de la Ley Mordaza, y por lo tanto apoyaremos la moción.
Por el Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, don José Antonio Ruiz Dorado, recuerda que el Sr. Ministro del Interior, Sr. Corcuera, que apoyó aquella ley de Seguridad Ciudadana, dimitió de su cargo, asumiendo su propia responsabilidad, al tumbarle varios artículos de esa Ley por el Tribunal Constitucional. Por ello quiere poner en valor la responsabilidad de algunos políticos.
Nosotros, estamos en contra de esa Ley, pues es una regresión de los derechos de la ciudadanía, que ha sido aprobada en solitario por el Partido Popular, en las Cortes Generales. España es un país que está sufriendo los efectos de una grave crisis económica, donde la ciudadanía sigue sufriendo y viviendo la situación del desempleo, de la pérdida de derechos sociales, y con la consiguiente aumento de la brecha económica entre pobres y ricos, y ante esa situación injusta, las personas han decidido salir a la calle y manifestarse. El Gobierno en vez de escuchar a las personas e intentar buscar soluciones a los problemas sociales, lo que ha hecho es aprobar una Ley que le recuerda a los oscuros años del franquismo, en la que estaba vigente la Ley de Orden Público, y operaba sin reparos la brigada político social, al siniestro Tribunal de Orden Público y los grises.
En esta Sala, existen compañeros que han pasado por esta situación, y para nosotros es una Ley innecesaria, pues la sociedad española en estos momentos no demanda esa Ley, pues según el último barómetro del CIS, está la seguridad ciudadana, como el último de sus problemas,antes va la solución de los problemas de la inestabilidad económica, el desempleo o la corrupción. Para nosotros esta Ley es ilegítima, pues lo que pretende es infundir miedo a los políticos. Es una Ley represora, que acorta los derechos y libertades fundamentales. Y lo hacen usando tres mecanismos, uno a través de la imposición de multas desproporcionadas a la relevancia de las supuestas infracciones a la seguridad ciudadana, en relación a otras infracciones muchos más graves y que están recogidos en el Código Penal. Criminalizar la protesta social, pasando de ser considera infracción administrativa, lo que hasta ahora comprendía parte de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Se regula una impunidad policial, y que estos funcionarios pasan de estar al servicio de los ciudadanos a tener un poder casi absoluto. Ante todas esas medidas, que si bien es verdad que se pueden recurrir ante los juzgados, pero a su vez este Gobierno se ha encargado de imponer unas tasas que hacen imposible que estas personas que protestan, puedan acceder a la justicia. Es una Ley, que también ataca el principio de igualdad, porque criminaliza la pobreza, la protesta social y atenta contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El ciudadano que protesta lo convierte en sospechoso, y le afectara a su libertad individual como persona, a la circulación y permanencia en la vía pública, y estableceran zonas de seguridad. El Gobierno, en vez de salvaguardar el derecho de reunión y manifestación, expresión y asociación, a impuesto una legislación que sanciona a quienes organicen manifestaciones o participen de ellas, representandos a los movimientos sociales que protestan y defienden los derechos sociales, como una amenaza, contra la sociedad del partido popular.
En definitiva para nosotros esta Ley es más propia de gobierno dictatoriales que democráticos, porque cuando se empieza a recortar la libertad de expresión, se sabe donde se empieza pero no donde se termina.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, don Antonio Torres Carnerero, comparte la reflexión del Sr. Ruiz Dorado, cuando uno empieza con recortes a la libertad de expresión y otras libertades sabe dónde comienza pero no sabe donde puede terminar. No basta con dictar una Ley, que recorta libertades y derechos democrático, y me voy. No es de izquierdas aprobar una norma que recortas las libertades y los valores democráticos. Las políticas que atacan a las libertades y derechos fundamentales y democráticos, tiene un nombre.
Estamos de acuerdo que esta Ley supone una involución democrática y supone un recorte de los derechos y libertades democráticas y supone una amenaza veraz contra la ciudadanía. Le dicen a la ciudadanía, que aguanten los recortes sociales y económicos, y además cuidado con protestar, porque le vamos a sancionar sin estar regulado y establecido la sanción, dejando a la policía, la posibilidad de poner o no poner sanciones.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal, La Rinconada, si se puede, Don Luis Silva García, reitera que estamos en contra de la Ley.
Por el Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, don José Antonio Ruiz Dorado, expone que desde su punto de vista se han podido recortar derechos con la Ley Corcuera, pero a su vez le indica que quien ha auspiciado las mayores libertades y derechos ha sido el partido socialista, cuando ha gobernado. No recuerdo que el partido popular haya dictado una Ley que haya implantado ningún derecho hacia los ciudadanos. Quiero recalcar esta Ley con las leyes franquistas,
Vamos a votar a favor de esta moción, y que consideramos totalmente innecesaria esta Ley, y que el partido socialista, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, frente al Tribunal Constitucional, No tengan dudas, que cuando lleguemos al Gobierno de la nación, lo derogaremos.
Por el Sr. Alcalde, expone que al Sr. Torres, que se pueden presentar mociones por dos motivos, bien para dar cierta notoriedad a algún asunto importante, que considere relevante de la vida política nacional, autonómica o local, y puede haber propuestas, que a mayores de todo eso, quieren que prosperen en este plenario. Vamos a apoyar sus dos mociones, pero le recomienda que para que sean apoyadas, vengan por el segundo camino, intentando convencernos de su apoyo, pero nunca usando el mazo contra mi partido. Puede darse el caso, de mociones, en la que compartamos el fondo de lo planteado por Izquierda Unida, pero no en las formas que en la que la plantea o en la exposición de motivos de la propia moción. Intenten convencernos, pues ustedes necesitan de nuestro apoyo, para sacar adelante sus mociones, a menos que la presenten para obtener notoriedad y no importarle que se aprueben.
Tras el oportuno debate, seguidamente se somete a votación la citada propuesta:
- Votos a Favor: 18 (13 PSOE, 3 La Rinconada, si se puede, 2 IUCA)
Visto todo lo cual, se acuerda por unanimidad de los miembros asistentes que compone el Ayuntamiento Pleno, el siguiente acuerdo:
Único. Aprobar la moción del grupo municipal de izquierda Unida, contra la Ley 47/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. que a continuación se transcribe:
MOCIÓN CONTRA LA LEY 4/2015, de 30 de marzo, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Más de veinte años después de la aprobación de la polémica Ley de Seguridad ciudadana 1/92, también denominada “Ley Corcuera” el Gobierno del PP ha sancionado”, una nueva Ley, que viene a sustituir la ya criticable ley del 92.
Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal, también de marcado carácter restrictivo en derechos, y que viene a compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.
La discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar a los 600.000€ y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas, definen a esta Ley como la “Ley del miedo” o la “Ley Mordaza”. Se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental para impedir derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra carta magna como derechos fundamentales.
La norma tipifica nuevas figuras sancionables, considerando tales los escraches (a diferencia de la opinión del presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, que declaró que "no es posible decir a priori si un escrache es o no legal"), las concentraciones ante el Congreso y el Senado o la escalada en fachadas oficiales (como ocurrió con el Palacio de las Cortes). Sanciona el uso de capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos, y habilita a las fuerzas y cuerpos de seguridad a retirar de forma expeditiva vehículos que taponen una vía pública, en caso de que los concentrados desobedezcan la orden de los antidisturbios de despejar la zona. No se citan expresamente, pero todo indica que apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros.
Esta breve descripción de algunas conductas que serán reguladas por esta ley nos indica que esta “Ley Mordaza” vuelve a ubicar la seguridad ciudadana en la órbita del viejo concepto de orden público, muy alejado de la concepción democrática y constitucional de la seguridad.
Y no únicamente tiene esta opinión IU, sino que es el propio Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, quien ya calificó de "altamente problemática" la propuesta de ley. Su responsable de derechos humanos duda de que "estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática" y cree que se debería velar por la seguridad "sin interferir demasiado en la libertad de reunión" y de manifestación.
Otra ley más, por tanto, que supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticos, que son encorsetados en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político.
La democracia es expresión y la seguridad ciudadana protección de libertades públicas, no cercenamiento de las mismas. El delito se combarte de forma integral, con educación, con promover una vida digna, con eliminar las diferencias sociales, con buenas políticas de reinserción y con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el castigo.
Concluimos exponiendo que esta Ley, reiterativa en regular conductas que ya tipificaba el código penal, y creadora de un nuevo Estado policial, controlador y limitador de libertades públicas, es inadmisible en un entorno europeo democrático.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone a este plenario la adopción de los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Exigir al Gobierno de la Nación, la retirada inmediata de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Segundo.- Solicitar un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, con el objetivo de reformar con carácter integral todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad, que deberá conformar un amplio debate social, enfocando el análisis del delito y su contención como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter transversal.
Tercero.- Exigir la dimisión del Ministro del Interior, impulsor de la presente Ley, cuyos postulados preconstitucionales, son inconcebibles en una democracia, así como por su reiterada disposición a conculcar los derechos humanos, a tenor de la disposición de legalización de las “devoluciones en Caliente” en la frontera de Ceuta y Melilla, contrarias a la normativa internacional y que tratan de manera inmoral e inhumana a numerosos seres humanos en nuestras fronteras y que solo desean una vida mejor.
Cuarto.- Dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.
