17/03/2025 PLENO ORDINARIO 17 DE FEBRERO DE 2025
SEXTO.- EXPEDIENTE 2677/2025. MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO, DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y CONTRA LA IMPUNIDAD.
Por la Sra. concejal del grupo popular, Doña Joanna Moreno Morata, expone que la “Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas” impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, ha suscitado un amplio rechazo en el ámbito jurídico, político y social, debido a su grave impacto sobre los principios fundamentales que rigen el Estado de Derecho en España.
Esta proposición de Ley, impulsada por el Grupo Socialista en el Congreso, busca restringir la acción popular, limitar el acceso a la justicia y debilitar los controles sobre el poder. En definitiva, es un intento de proteger a determinadas personas cercanas al Gobierno, vinculadas al poder, de investigaciones judiciales legítimas.
Esta ley no es un hecho aislado. Se enmarca en una estrategia que, paso a paso, pretende controlar los órganos jurisdiccionales y eliminar las herramientas que garantizan la rendición de cuentas por quienes cuentan con cuotas de poder que les hacen creerse impunes. Su objetivo no es mejorar el sistema judicial, sino reducir su independencia para que ciertas causas no prosperen.
La propuesta elimina la posibilidad de que asociaciones de víctimas, organizaciones de consumidores o Ayuntamientos puedan ejercer la acción popular, arrebatándoles un derecho constitucional reconocido en el art. 125 CE. También impide que las investigaciones periodísticas sirvan de base para querellas, una restricción que solo favorece a quienes buscan eludir la justicia. Nos quieren callados y sin rechistar: mudos y ciegos.
Pero lo más grave es que esta ley se aplicará de forma retroactiva, lo que permitirá frenar causas ya abiertas que afectan a personas del entorno del presidente del Gobierno. Además, establece que ninguna causa podrá continuar solo con la acusación popular si la Fiscalía no presenta cargos, algo preocupante cuando el propio Fiscal General del Estado está imputado. Esta Ley pretende una suerte de indulto o amnistía previa para el entorno del Presidente del Gobierno. Si no va a existir responsabilidad alguna en todas estas causas porque todo ha sido limpio e impecable, ¿por qué tanta prisa en arrollar el Estado de Derecho?
El Partido Socialista ha utilizado la acción popular en el pasado para perseguir casos de corrupción cuando le convenía. ¿Por qué ahora quieren eliminarla? La respuesta es evidente: porque hoy los investigados son otros. Porque hoy los investigados son suyos.
Por todo ello, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de La Rinconada, eleva al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDOS
PRIMERO.- Instar al Gobierno y, en concreto, a su Presidente en su condición de Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, a dar las instrucciones necesarias para que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso retire la “Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”, por constituir una grave amenaza al Estado de derecho y a la independencia judicial, así como por su incompatibilidad con el marco constitucional español y las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país, al favorecer la impunidad y debilitar las herramientas existentes en la lucha contra la corrupción.
SEGUNDO. - Reivindicar la acción popular como un pilar esencial del Estado de derecho, reconocida en el artículo 125 de la Constitución Española-, por ser un mecanismo clave para la defensa de la legalidad y para la persecución de la corrupción, especialmente cuando otros controles se debilitan.
TERCERO. - Defender que cualquier reforma procesal respete los principios de transparencia, participación ciudadana y pluralidad, y cuente siempre con el aval de los órganos consultivos del Estado, para preservar la independencia judicial, garantizar la rendición de cuentas de los servidores públicos y prevenir cualquier retroceso en la lucha contra la impunidad.
CUARTO. - Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado y a la Junta de Gobierno de la F.E.M.P ejercer como acusación popular, hurtándoles así un derecho constitucional y limitando el acceso a la justicia.
Por el Sr. concejal del grupo mixto Vox don Amador Martínez García, expone que la posición de este grupo municipal, es aprobar esta moción. Todavía no se puede retirar el proyecto de ley, porque aún no se ha presentado en el Congreso de los Diputados, pues entiendo que dependerá que el partido "progresista", "Junts", vote favorablemente. Por todo lo cual estos acuerdos están vinculados a que se presente esta propuesta.
En el artículo 125 de la Constitución, está previsto que los ciudadanos, tengan la posibilidad de formular acusaciones, distintas al Ministerio Fiscal. Por lo que parece que se pretende quitar un derecho que ostenta la ciudadanía. Y por otro lado, mediante la tramitación de una Ley Orgánica se pretende eludir a los poderes del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y el Consejo del Estado. Por otro lado, el carácter retroactivo de cualquier Ley nos suena extraño. Por último, resulta un privilegio excepcional de los partidos, cuando tienen un régimen de aforamiento legal. Por eso no es entendible esta medida. Y ese privilegio nos afectaría a nuestra organización política como cualquier otro partido. En definitiva nos parece razonable la propuesta del grupo popular y por tanto la apoyamos.
Por el Sr. Concejal del grupo municipal con IU-Podemos, Don Francisco Luis Gordillo Scholl, expone
Desde el grupo municipal del PP se nos trae una moción en la que se clama contra la Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas que quiere aprobar el partido socialista.
Resulta cuando menos curioso que sea el PP quien se erija ahora en defensor de la independencia judicial y de que los jueces hagan su trabajo sin interferencias políticas. Sí, señoras y señores, el mismo partido que se jactaba de controlar la sala segunda de la Audiencia Nacional “por detrás”, se convierte de pronto en el máximo defensor del poder judicial.
El partido que también intentó cargarse las acusaciones populares cuando gobernaba pide ahora que se deje trabajar a los jueces tranquilamente y que el gobierno no meta sus manos en las decisiones judiciales. Hace unos meses, el expresidente José María Aznar tocó a rebato para que, y cito textualmente “El que pueda hacer, que haga”. Desde entonces, todos los suyos, por tierra, mar y aire han tratado de ilegitimar al gobierno de coalición, al presidente Sánchez y a sus socios. Desde la izquierda ya estamos acostumbrados a estos ataques y sabemos que no pararán hasta conseguir su propósito. Por ello, ahora toca defender la democracia y unirnos frente a aquellos que quieren conseguir judicialmente lo que no han ganado en las urnas.
Es cierto que algunas cosas de la Proposición de Ley del PSOE no nos gustan, como la limitación de las acusaciones populares. Pero también entendemos que esta figura jurídica se ha convertido en los últimos tiempos en un arma de acoso injustificado donde asociaciones ultras como Manos Limpias, Abogados Cristianos o Hazte Oír tienen el respaldo legal para realizar sus fechorías. Bien financiadas por el capital, lo único que tienen que hacer es encontrar un juez afín que admita a trámite cualquier acusación por descabellada que sea. El eco mediático lo desempeñan fielmente cientos de medios ultras tanto digitales como en papel que dan visos de veracidad a esas acusaciones. Al final, los pocos medios “medio decentes” que quedan, tienen que dar la noticia por el ruido generado y ya tenemos el escándalo montado.
Todo esto se ha dado en llamar en los últimos tiempos con el anglicismo “lawfare” (guerra judicial) y por los resultados obtenidos (Lula en Brasil, Costa en Portugal u Oltra en la Comunidad Valenciana, por poner solo algunos ejemplos) parece ser que da buenos resultados. Por esto mismo, se envalentonan y ya piden la cabeza del mismísimo presidente Sánchez, dando a entender que ha enriquecido a todo su entorno.
A pesar del uso del anglicismo, esto se ha llamado “lucha de clases” de toda la vida. En la izquierda lo sabemos bien. El Partido Comunista, Izquierda Unida, Podemos, nacionalistas vascos o catalanes, suelen ser las víctimas favoritas del aparato del estado cuando las cosas se desmandan. Ahora le ha tocado al PSOE, no por ser muy de izquierdas, sino porque está en el gobierno del estado y ya lleva demasiado tiempo manejando unos presupuestos que no les gustan del todo a los dueños del cortijo.
Celebramos la caída del guindo del PSOE y que se hayan puesto manos a la obra para intentar parar a la “fachosfera” en sus formas antidemocráticas. Ha tenido que tocarles a ellos para que legislen por fin sobre este asunto y que intenten pararlos de una vez. Esperemos que, en el futuro tengan memoria y recuerden quien les apoyó cuando el viento venía en contra porque a las fuerzas políticas que llevamos sufriendo estas andanadas durante décadas nos han dejado muchas veces solas.
Evidentemente, y después de las razones aducidas, votaremos en contra de la moción del PP.
Por la Sra. Concejal del grupo popular, Doña Joanna Moreno Morata, expone que desde el grupo popular proponemos un ejercicio de memoria, sin caer en la hipérbole del insulto, de la "Fachoesfera" o de "la internacional derechista", que recibimos a diario. No nos hace falta porque tenemos la razón del Derecho en nuestra mano. No nos hace falta remontarnos mucho en el tiempo, para ver como el partido socialista e i incluso su grupo que denunció en primer lugar, el partido "podemos", al hermano del Presidente del Gobierno, a ahora les parece bien. Pues hace un tiempo que se defendía con uñas y dientes esa acción popular, y que por tanto la ciudadanía tenga la posibilidad de defender el cumplimiento de las normas jurídicas, utilizándolo como un arma contra la corrupción y exigir responsabilidades políticas, a quien debe tenerla y a quien debe cumplirlas. Pero hoy cuando estas investigaciones están señalando al entorno del Presidente del gobierno, resulta que la acción popular, es un problema y que por tanto se debe restringir.
Pregunta a los que hoy se están oponiendo a esta moción, ¿si no fue el partido socialista las que se persona en la causa de la "Gurtel", en la trama "Púnica”, en la trama “Lezo”, ¿para perseguir la corrupción del partido popular? ¿No utilizaron la acción popular, para sentar en el banquillo y condenar en algunos casos, a diferentes dirigentes del partido popular?, ¿No fue la acusación popular, la que permitió avanzar en los casos, como el "Gal”, “Filesa” o el caso “Nos”, ¿sin implicar el signo político de los implicados? ¿Manos Limpias, también era ultra, cuando se personó en el caso "Nos"?.
Es llamativo que IU-Podemos hable de lucha de clases y sin embargo se posiciona al lado del político corrupto investigado- Estos giros de guion, junto al apoyo fraternal de "Vox" al partido socialista, parece que estoy en un estado de ensoñación, que espero despertar cuanto antes. Lo mismo hace un pacto "Vox" , "Juns" y el partido socialista, como partidos progresistas del Estado español.
Por eso nos preguntamos porque era válido y justo entonces, y ahora es un obstáculo para la democracia. La respuesta es muy sencilla, y no es otra que ahora está cercado el entorno del Sr. Presidente del Gobierno y porque ahora los investigados, llevan las siglas del "PSOE". Y en lugar de respetar las instituciones y someterse a la justicia, los que quieren es cambiar las reglas del juego. Lo más grave, es que se quiere aplicar, con carácter retroactivo, y quieren rasgar y fiscalizar el ejercicio de los jueces, quieren romper la separación de poderes en nuestro país. Tenemos garantizada constitucionalmente, la separación de poderes, y no podemos permitir que esto se rompa. Y no se puede permitir que cualquier político, de ningún signo meta sus zarpas en la separación de poderes ni que meta sus zarpas en la independencia judicial. No me van a encontrar en ese debate.
Por eso pedimos, que el Estado de Derecho, no puede depender de un partido, y la justicia, no puede servir de instrumento al servicio del poder político. Por eso estamos aquí, para denunciar esta maniobra y recordarle que la Ley debe ser igual para todos y para evitar que con esta reforma se blinde la impunidad de quien infrinja la ley, de quien quebrante la confianza de los ciudadanos, de quien ostenta cuotas de poder y de quien se sienta en libertad de ir contra nuestras leyes, siendo amparado por las siglas de un partido, del que sea, del mío y el de todos.
Por la Sra. Concejal delegada de Igualdad, Doña Noelia Ramírez García, indica a la Sra. Moreno estamos total y rotundamente en contra de los argumentarios presentados en su moción. El partido popular, es el único partido político, que ha sido declarado en sentencia firme como corrupto.
Primero y más importante porque es una falta de respeto hacia cualquier persona y más hacia una persona que aún goza con la presunción de inocencia nombra una Ley Orgánica con su nombre, y más Sra. Moreno, que hoy que hemos aprobado una moción con ocasión del día internacional de la mujer, y que estamos reivindicando el "8 de marzo", hoy vamos a señalar a una mujer, que es presuntamente inocente. No, está bien. Estamos haciendo oído al patriarcado más absolutista, que pretende llevarnos como siempre, a las cavernas.
Esta Proposición de Ley Orgánica tiene unos objetivos claros, y deje se lo explique, por si no la ha comprendido: Proteger los derechos; garantizar las libertades ciudadanas y prestigiar más nuestro sistema judicial.
Lo que pretende es impedir el acoso que se sufre cuando hay quien utiliza las acciones judiciales de forma abusiva, con el único fin de atacar a quienes no comulgan con sus planteamientos.
Precisamente, todo lo contrario. El caso de Begoña Gómez, se presentó el 16 de abril, diciendo que esa denuncia se basa en informaciones publicadas por medios digitales, que podrían ser ciertas o no, según admitió el propio sindicato, " Manos Limpia". Y en base a eso, un Juez abre diligencias judiciales. Tienen que ser certeras y no en bases a una suposición de medios digitales, que publican lo que quieren.
Para impedir la persecución y el acoso de sectores ultras. No solo en España, sino también en muchos otros países, estamos asistiendo a la persecución y difamación sistemática de artistas, creadores, científicos, periodistas, y adversarios políticos, por parte de sectores extremistas, sectores de la ultraderecha que, pervirtiendo las herramientas del Estado de Derecho, utilizan las acciones judiciales como vehículo de sus objetivos. Es una estrategia que cada vez va a más.
La última víctima de esta persecución ha sido la presentadora de televisión Lala Chus; o el propio Gran Wyoming en los últimos meses, la lista de personas perseguidas y acosadas no ha hecho más que aumentar.
Lo que hacen estos ultras, es vulnerar nuestros derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión; el derecho a la creación; el derecho al honor; el derecho a la intimidad o el derecho a la tutela judicial efectiva.
Y ante la gravedad de estos hechos, es necesario actuar con una Ley para impedir los mecanismos del acoso.
Para ello esta Proposición de Ley cuenta con 4 ejes básicos:
1. Reforma de la acusación popular.
Se quiere adoptar una medida que acabe con las filtraciones interesadas y constantes.
Lo que buscamos con esta medida es acabar con las filtraciones interesadas y constantes de las diligencias por parte de esas acusaciones que tienen objetivos políticos; y acabamos también con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación, con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial. No obstante, la acusación popular sí podrá recurrir el auto de sobreseimiento si no está conforme con la decisión.
Además, se exigirá que, para personarse como acusación popular, exista un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente. Y el juez deberá comprobar si ese vínculo existe, y denegará la personación si no es así.
Por último, se prohibirá ejercer la acusación popular a partidos políticos y a asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos.
2. Inadmisión de las querellas basadas, exclusivamente, en recortes de prensa.
Lo que hacemos es incluir en la ley, de manera expresa, la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades.
Es decir, cogemos lo que ya ha dicho el Tribunal Supremo y lo llevamos a la Ley. Nada más.
3. Supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.
Queremos suprimir el artículo 525 del Código Penal, el conocido como el de las ofensas a los sentimientos religiosos. No despenalizamos el ataque o acoso por motivos religiosos. Si se ataca o se acosa por su fe la reputación de una persona, está el delito de injurias. Si se alienta la violencia o la discriminación por motivos religiosos, están los delitos de odio. Y si se trata de impedir con violencia la libertad religiosa o de culto, está el artículo 522 del Código Penal.
4. Abstención, por voluntad propia, o por la recusación de jueces, por sus declaraciones de contenido político.
Todos estos mecanismos de acoso tienen un denominador común: la judicialización de la política.
Y la judicialización de la política corre el riesgo de desembocar en una politización de la Justicia, porque hay sectores que animan a muchos jueces y magistrados a significarse políticamente, para así poder iniciar procesos donde partan con ventaja.
Por ello se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir una nueva causa de abstención o recusación: cuando un juez o magistrado haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas, no podrá participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones formen parte.
En definitiva, lo que se pretende es una Ley para acabar con el acoso derivado de acciones judiciales abusivas, para proteger de ahora en adelante los derechos fundamentales ante la perversión evidente de una figura constitucional como la acusación popular.
Y claro, ustedes están preocupados, si esto, tendrá repercusión en los casos actuales. Esta ley, entrará en vigor, seguramente, con posterioridad a los casos particulares.
Por el Sr. concejal del grupo mixto vox, don Amador Martínez García, expone que va a votar a favor de esta moción, pues los argumentos bien fundamentados por la Sra. Ramírez, no nos convence y pensamos que se debe preservar el derecho a la acusación particular y vemos peligro en esta ley.
Por el Sr. concejal del grupo municipal con IU-Podemos, don Francisco Luis Gordillo Scholl, expone que cuanto se habla de la lucha de las clases, proviene de un término de la teoría marchista, y que se refiere a la clase social, desde el punto de visto económico y nada tiene que ver con el apoyo puntual a un partido u a otro. Con la lucha de clase, nos referimos a que ahora te judicializan, te acusan en base a mentiras, hasta que las personas desisten. Hace cien años, se era más salvajes. Pues ante las reivindicaciones de clase obrera, te encarcelaban o te asesinaban. Ahora están más refinados, pero el concepto es el mismo, el que levante la cabeza, se la cortan. Y el PSOE, para los dueños de este país, lleva gobernando mucho tiempo y tiene que tumbarlo sea como sea. El toque de arrebato lo empezó Aznar, hace tiempo y se está actuando. Por eso, no se pueden hacer los ofendidos, cuando el gobierno, en su uso legítimo de defensa, intenta modificar la ley, al hacer una perversión de las acusaciones populares. Un instrumento judicial que podía ser muy beneficioso, pero que en las manos sucias de este tipo de asociaciones se lo han cargado. Es la llamada "Layfer", y eso requiere una reforma legal, para combatir estos comportamientos antidemocráticos.
Por la Sra. Concejal del grupo popular, Doña Joanna Moreno Morata, expone que el "GAL", terrorismo de Estado. El partido popular fue condenado como responsable civil subsidiario. No por repetir los principios de Goebbels, permanentemente de la propaganda nazi, deben calar en la sociedad si están basados en mentiras. Al día de hoy, a partido corrupto, al PSOE de los ERES, no ha llegado nadie. Y por mucho que ustedes, con la ayuda de Conde Pumpido, que preside un órgano no jurisdiccional ni revisor, quieran borrar lo que hicieron en Andalucía. Para mí, no es orgullo cualquiera de las dos cosas, ni lo que ha hecho algunos dirigentes del partido popular ni lo que ha hecho el partido socialista.
Nos habla de feminismo, y justamente por ello, se trata de una ofensa para todas las mujeres, que nos hemos encargado de labrarnos nuestro futuro, y para que nadie nunca nos ponga una traba, y sin necesidad de que nuestros maridos levanten el teléfono y quien nos diga, según quien, nos tienen ayudar para obtener una cátedra para las que no tendríamos que ser alumna, porque no tenemos ni la formación ni la capacidad. Eso es feminismo. Defender lo que hacemos las mujeres, para ganarnos nuestro futuro, sin que nadie se ponga por encima, porque tiene otros méritos que las demás. No queremos tener ni lo tenemos.
Presunción de Inocencia, en su grupo saben muy bien lo que yo opino sobre ella. La he defendido muchas veces en mi profesión de abogado.
El vínculo con la causa es la acusación particular y ya está inventado. Que hay que diferenciarlo de la acusación popular. Cuando tengo un vínculo directo, voy como acusación particular, y ya está inventado y previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No quiere reinventar la rueda, porque ya lo han hecho los legisladores anteriormente. Lo que pido, es la elevación del nivel y pedir que asesores que preparan las mociones, estudien un poco de derecho para no hacer el ridículo cuando se defiende una moción así.
En cuanto a los jueces, si usted es alguna vez juez o magistrado, y se le ha ocurrido dar su opinión sobre la materia, ya está restringido para juzgar a quien sea. Y eso, es porque lo defiende el partido socialista.
Los ciudadanos están hartos del “y tú más”. No me va a encontrar defendiendo a delincuentes o presuntos delincuentes porque de ello no depende mi sustento personal. Supongo que esto último tiene mucho que ver, tiene todo que ver. Yo no he venido aquí para eso.
Llegamos al final de este debate con una cuestión clave sobre la mesa: ¿estamos dispuestos a defender la igualdad ante la ley, la transparencia y la independencia judicial, o permitiremos que desde el poder se impongan reformas que solo buscan proteger a unos pocos a costa de debilitar nuestras instituciones?
La moción que presentamos hoy no es una cuestión partidista, sino una defensa del Estado de Derecho. Está por encima de cualquier Partido Político y de cualquier sigla. Solo hace falta honestidad. Su finalidad es clara: rechazar una reforma que supone una grave amenaza para la democracia, que pretende restringir el acceso a la justicia, eliminar herramientas de control y favorecer la impunidad de quienes ostentan el poder de forma torticera.
La acción popular ha sido fundamental en nuestra historia reciente para destapar casos de corrupción sin importar quién estuviera en el Gobierno. Ha sido un mecanismo que ha permitido que ciudadanos, asociaciones y colectivos defiendan el interés general cuando otras instancias han fallado. Limitar esta herramienta es un retroceso inaceptable, una maniobra que solo beneficia a quienes temen el escrutinio público. Solo beneficia a quienes saben que no han obrado en conciencia y necesitan del poder tanto para delinquir, como para salir limpios de polvo y paja. Para salir como si nada, como si nunca.
Por todo ello, les pedimos que apoyen esta moción desde la responsabilidad democrática y el compromiso con nuestras instituciones. Porque lo que está en juego no es un debate ideológico ni una batalla política: lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en el sistema. Y esa confianza solo se mantiene con reglas claras, con transparencia y con la firme convicción de que la justicia debe ser independiente, accesible para todos e igual para todos los ciudadanos.
Por la Sra. Concejal delegada de Igualdad, Doña Noelia Ramírez García, expone que feminismo, para el partido popular, ¿qué significa? Que la mujer de Moreno Bonilla, es Gerente de Biofarma. Preservar la diferencia del poder judicial y el poder político, es lo que quiere el partido socialista. Elevar el poder judicial, garantizando sus funciones, desde la total imparcialidad. Queremos proteger y dignificar y garantizar los derechos ante el sistema judicial.
La sentencia está corroboradas y firmes. Están redactadas por jueces y no por lo que el partido popular disponga. Y existe sentencia condenando a su partido, como corrupto.
Queremos que nuestros derechos fundamentales no se vulneren. Que nuestra libertad de expresión no se coarte y que siga siendo libre. Queremos un derecho al honor, a la intimidad y a la tutela judicial efectiva.
Seguidamente, se somete a votación la moción del grupo popular, con el siguiente resultado:
Votos a favor: 3 (2 P.P. y 2 mixto Vox)
En contra: 17 (15 PSOE y 2 con IU-Podemos)
Visto todo lo cual, se acuerda rechazar la moción presentada por el grupo popular, en defensa del estado de derecho, de la independencia del poder judicial y contra la impunidad.
